Por GatoEncerrado

La detención provisional, por seis meses, que la jueza Primera de Paz de Santa Tecla impuso al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor evangélico José Ángel Pérez fue una decisión política apegada a los intereses de la dictadura de Nayib Bukele y no apegada a derecho. 

Esa decisión, cuando ya se cumplen seis años del Gobierno de Bukele, no sorprende. Al contrario, confirma una vez más que en El Salvador escasean los jueces, pero abundan los títeres dispuestos a juzgar las vidas de los pobres que son considerados un estorbo para el oficialismo y encerrarlos en la cárcel por períodos exagerados de tiempo bajo un régimen en el que no existen las garantías legales ni el debido proceso.

El caso en contra del abogado Alejandro Henríquez —habitual columnista de GatoEncerrado— y del pastor José Ángel Pérez es insostenible en los tribunales de cualquier país que conserve un Estado de derecho y en el que aún exista la división de poderes. Cualquier juez desestimaría el caso enseguida, pero un títere de dictadura es capaz de aceptar el caso y decretar la detención provisional a la ligera como si estuviera procesando a peligrosos criminales transnacionales que están buscando fugarse. Alejandro y José Ángel no son delincuentes. No han cometido delitos y, por lo tanto, la acusación en su contra no tiene ninguna explicación relacionada con la justicia. 

La noche del pasado 12 de mayo, ambos estaban acompañando a un centenar de habitantes de la Cooperativa El Bosque en una manifestación pacífica para pedir ayuda ante una orden judicial que los obligaba a desalojar las viviendas y tierras de cultivo de 300 familias. En respuesta, miembros de la Policía Militar y agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) reprimieron a la multitud alejándola de la zona en la que estaban. 

Hay videos, que son de dominio público y que fueron grabados esa misma noche, en los que se observa claramente y sin margen a ningún tipo de interpretación que no portaban armas, que no estaban obstruyendo el tráfico ni limitando la circulación de los peatones en la carretera que baja al Puerto de La Libertad. Su vigilia fue interrumpida por los agentes que llegaron y acorralaron a los manifestantes, entre quienes se cuenta a niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad. 

Los videos también muestran que en el momento de la captura del pastor José Ángel Pérez, fueron los policías quienes utilizaron la violencia. A la mañana siguiente, el 13 de mayo, cuando el abogado Alejandro Henríquez estaba por entrar a las oficinas en las que trabaja para el Foro del Agua y Reverdes, un grupo de policías ya lo estaba esperando para capturarlo y acusarlo junto al pastor. Los delitos que enfrentan son desórdenes públicos y resistencia agresiva. Ambos delitos, como se puede corroborar en los videos, no existen. Esto se puede corroborar en los videos. Según la opinión de los abogados que ejercen su defensa, Alejandro y José Ángel nunca protagonizaron desórdenes públicos ni se resistieron de forma agresiva a sus capturas arbitrarias.

Siendo así, solo queda una explicación: la jueza ha actuado según los intereses del Gobierno de Bukele, que es alérgico a la crítica y que en 2025 ha acelerado su cruzada represiva en contra de defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquiera que se atreva a cuestionar sus decisiones. 

Llegar hasta este momento, en el que escasean los jueces y sus lugares son usurpados por títeres de dictadura, ha sido un proceso que inició el 1 de mayo de 2021, cuando Bukele comenzó a mostrar sus aspiraciones dictatoriales. Ese día, sus genuflexos diputados decapitaron al poder judicial e impusieron a un fiscal general que actúa como otro soldado más a las órdenes del comandante general y que estuvo dispuesto a enterrar toda investigación que llevara ante la justicia a los corruptos y protegidos de la administración Bukele. Luego, sus diputados hicieron una serie de reformas para expulsar de los tribunales a los jueces e instalar en su lugar a títeres sin rostro que ahora juzgan a los pobres que estorban los negocios y planes del oficialismo. 

En El Salvador ya no existe un poder judicial, tampoco garantías legales o debido proceso ni Estado de derecho. Existe una institución que sigue llamándose “Corte Suprema de Justicia”, pero que está supeditada a los caprichos de Bukele y en la que abundan títeres dispuestos a hacerle la guerra a los pobres.