Por Leonel Herrera

Probablemente, el hecho más anecdótico de esta semana sea el lanzamiento público de un grupo de propagandistas del gobierno, bajo el nombre pomposo y con ínfulas de seriedad: “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”.

Entre los que aparecieron en la conferencia de prensa y otros que se mencionó que participan en la referida iniciativa están: un abogado defensor del ex diputado y ex alcalde arenero Norman Quijano, un ex diputado de GANA, un ex dirigente de Cambio Democrático y un par de ex intelectuales de izquierda.

Algunos ya son caras conocidas, pues hace rato que andan en los espacios de opinión presentándose como “analistas”. Al menos uno de ellos recibe salario en Casa Presidencial, según información filtrada hace meses por el grupo de hackers “Ciberinteligencia S.V.”.

Según dijeron, su propósito es defender lo que llaman “transformaciones del país” y desmontar las narrativas que se oponen a estos “cambios históricos” que impulsa el presidente Nayib Bukele. Lógicamente se refieren a relatos disidentes y críticos del discurso gubernamental que provienen del periodismo independiente, organizaciones sociales, la academia progresista, la ciudadanía crítica, instancias de la comunidad internacional y medios de la prensa extranjera.

Entre los relatos a combatir por este colectivo seguramente están las que denuncian violaciones de derechos humanos de personas inocentes, corrupción gubernamental y enriquecimiento de la familia presidencial, persecución judicial contra activistas sociales y defensores de derechos, desmantelamiento institucional, consolidación autoritaria y la falta de soluciones reales a los problemas del país más allá de la seguridad pública.

Llama la atención que el gobierno necesite lanzar al debate público a estos personajes para que lo defiendan, a pesar de contar con un gigantesco aparato propagandístico que cuesta decenas o cientos de millones de dólares y que incluye medios de comunicación (televisión, radios, diario impreso y periódicos digitales), “granjas de trolls”, “cuartos de guerra digital”, miles de cuentas en redes sociales y redes de youtubers, tuiteros, tiktokeros, etc.

Para periodistas y analistas críticos, esto es porque el gobierno “está perdiendo la batalla comunicacional” y, por tanto, empieza a debilitarse políticamente. Esta mirada se basa en datos de encuestas como la última del IUDOP, donde la gente expresa posturas críticas en diversos temas de país, especialmente en el ámbito económico: empleo, salarios, costo de la vida, pensiones y pobreza. El 74.6% de la población se queja de éstos y otros problemas económicos.

La población encuestada por la UCA también critica el cierre de escuelas públicas y de unidades de salud, la falta de acceso a vivienda, el encarcelamiento de migrantes extranjeros en el CECOT, la falta de independencia judicial y el clima de control, vigilancia y miedo generado por el gobierno, principalmente a través del régimen de excepción. El 57.9% advierte que criticar al gobierno puede tener consecuencias negativas, sobre todo la detención y el encarcelamiento.

Además, la población, aun cuando todavía evalúa bien a Bukele con nota de 8.15, califica mal a sus diputados y diputadas (nota de 6.02), a sus alcaldes (nota de 5.1) y a su partido Nuevas Ideas (29.7% de simpatía, frente al 65% que no es afín a ningún partido).

Estos y otros datos confirman que el gobierno está perdiendo el control de la narrativa en varios temas. Uno que muestra al gobierno en clara desventaja es la reactivación de la minería metálica, donde el rechazo ciudadano no baja del 60% en todas las encuestas y la consigna de “No Minería” pega, incluso, en gran parte de la propia base oficialista (si la base social anti Bukele es 20% y hay un 10% de “antibukeles blandos” que suman 30%, significa que -al menos- la mitad de los opositores a la minería son seguidores del gobierno.)

El rechazo a la minería, incluso, mostró los límites de la credibilidad presidencial. Cuando la gente no aceptó los argumentos falsos de que las minas son la solución económica para el país y que pueden realizarse sin contaminar el medioambiente, Bukele pidió confiar en él. Sin embargo, este llamado no redujo la oposición social a los proyectos mineros.

Por cierto, algunos miembros del equipo de defensa de los “cambios” se han pronunciado también sobre la industria minera. Uno, en tono “pedagógico”, defendió la contaminación de la minería diciendo que el humo del tabaco y el estiércol del ganado también contaminan. 

Otro fue “más fino en el análisis” y, manipulando datos de una encuesta, dijo que la batalla no estaba perdida y que dando suficiente información a la gente la mayoría cambiaría de opinión a favor de la minería. Días después, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, declaró “confidenciales” los estudios sobre proyectos mineros, rechazando la propuesta de su propio propagandista.

Este mismo intelectual ubicó los impactos de la minería en el plano psicológico planteándolos como una cuestión actitudinal. Según él, si imaginamos un desastre, tendremos un desastre; pero si lo vemos como una oportunidad de desarrollo, desarrollo tendremos.

Así que la pérdida de hegemonía comunicacional como motivo para tirar al ruedo de la discusión pública al flamante “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI” tiene asidero con la realidad.  Lo curioso no deja de ser el hecho de que la tarea de defender al gobierno y contrarrestar las narrativas críticas sea encomendada a personas con poca credibilidad, ¿acaso la dictadura ya no tiene quien la defienda?