Entrevista
“Lo que depara a miles de salvadoreños, probablemente, es la deportación expedita”:
Salvador Sanabria,
director de El Rescate
Por Cristian Meléndez
Agosto 8, 2025
Estados Unidos es el principal destino de la mayoría de migrantes latinoamericanos que salen de sus países en busca de mejores oportunidades para su futuro. Es el hogar de 1.4 millones de salvadoreños, según datos de una encuesta publicado en 2022, en conjunto por la extinta USAID, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) y el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). Algunas fuentes más actuales señalan que, en realidad, hay cerca de 3 millones de salvadoreños en ese país norteamericano. Algunos llegaron huyendo del conflicto armado en la década de los ochenta, otros lo hicieron más adelante para escapar de las amenazas y la violencia de las pandillas, y en los últimos años —bajo la administración de Nayib Bukele— por el alto costo de vida.
Con el pasar del tiempo, los salvadoreños que residen en Estados Unidos han atravesado diversas crisis relacionadas con su estatus migratorio. Actualmente, la situación es mucho peor con la “cacería” que inició el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, desde el pasado 20 de enero de 2025. La deportación masiva de inmigrantes fue una de las banderas de su campaña. Una vez en el poder, no titubeó en implementar una serie de políticas que, seis meses después, han dejado como resultado aproximadamente 150 mil deportaciones, según declaró Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No es que este trato hacia los migrantes sea novedoso, pero sí es percibido actualmente como más agresivo.
Para entender este panorama desolador, GatoEncerrado platicó con Salvador Sanabria, quien es el director ejecutivo de la organización El Rescate, una entidad que surgió en 1981 y que tiene como misión velar por los derechos de los indocumentados latinos, especialmente de los salvadoreños. Esta organización brinda asesoría migratoria, ayuda en trámites jurídicos y otorga representación a personas que solicitan asilo en Estados Unidos, basándose en persecuciones pasadas o en un temor fundado de persecución futura.
Entre los migrantes que El Rescate, y otras organizaciones, han acompañado están casos de personas capturadas para ser deportadas únicamente por su color de piel, ojos, cabello o por su acento; una acción que viola los derechos que la Constitución de Estados Unidos establece para todas las personas que viven en ese territorio, sin importar su estatus migratorio. Uno de esos derechos es el respeto al debido proceso, actualmente pisoteado por algunas autoridades estadounidenses.
Según Sanabria, el escenario y la situación es ahora más crítica para los migrantes salvadoreños radicados en los Estados Unidos, y en esta entrevista reiteró al Gobierno de El Salvador que Trump no tiene amigos. Añadió que la gran prueba de fuego para la administración de Bukele será si se renueva el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el cual vence el 9 de septiembre de 2026. Esta medida permite que alrededor de 120 mil salvadoreños residan de forma legal con permisos de trabajo. El TPS fue implementado por primera vez el 9 de marzo del 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año que causaron destrucción y muerte en El Salvador.
Sanabria también explica que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es “una aventura autoritaria con esteroides” en contra de los migrantes y agrega que organizaciones como El Rescate pueden ser víctimas de represalias por la defensa de los derechos de los inmigrantes latinos, entre ellos de los salvadoreños.
¿Cómo define el trato de la administración Trump hacia los migrantes durante su segundo mandato?
Para alguien que ha estado vinculado a este tema en los últimos 45 años —46, para ser exacto, si tomo en cuenta el año cuando emigré de El Salvador a Estados Unidos— la historia se vuelve a repetir, solo que en esta ocasión, con esteroides. En los ochenta me tocó vivir la política migratoria de la administración Ronald Reagan y hoy estamos viviendo, por segunda vez, la política migratoria de la administración Trump, que tiene control de ambas Cámaras del Congreso y control de la mayoría, ideológicamente hablando, de la Corte Suprema.
Entonces, te puedes imaginar que es con esteroides porque hoy, a diferencia de Ronald Reagan, este señor está en una aventura autoritaria, negando los derechos que concede la Constitución de los Estados Unidos a todos aquellos que residen en esta nación, sin importar su estatus migratorio. Pero vamos más allá, con esteroides porque también le niega esos derechos constitucionales a ciudadanos nacidos en este país y a personas que han adquirido la ciudadanía por medio del proceso de naturalización.
Estamos en una encrucijada de, prácticamente, el desmontaje del experimento democrático de los Estados Unidos, y esa es la batalla que hay en este momento. La batalla en las cortes federales, en los centros y tanques de pensamiento, las universidades, los templos religiosos, la batalla en las plantaciones agrícolas de Estados Unidos y las fábricas donde trabajan los migrantes, la batalla en las calles. Eso es lo que estamos viviendo.
DATO
IRCA
El 6 de noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés). Esta reforma fue promovida internamente como una medida represiva que reforzaría los controles de seguridad en la frontera con México y establecería sanciones a los empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados, al mismo tiempo que se permitía la “legalización” de unos 3 millones de indocumentados.
¿Qué garantías brinda la Constitución de Estados Unidos para quienes residen en dicho país a pesar de su estatus migratorio?
Primero, la garantía de que se cumpla el debido proceso cuando se da un arresto por razones migratorias. Eso quiere decir que, en teoría, las autoridades migratorias que conducen el reforzamiento de esas leyes deberían de tener una orden emitida por un juez de inmigración con el nombre de la persona, su dirección, su fecha de nacimiento, y que se ordene la captura de esa persona. Pero aquí se ha dado una violación del debido proceso, porque han salido bandas enmascaradas sin identificarse —como escuadrones de la muerte— a las calles, y solo por el mero perfil racial, o sea, si la tez de uno es de tal color, de tal color el pelo, de tal color los ojos o el acento con el que hable el inglés, y reúne esas condiciones de alguna lista de prechequeo, activan el arresto sumario sin ninguna orden. Entonces esa es una violación.
(A los migrantes) los protege el derecho a guardar silencio y a no firmar ningún documento sin presencia de un abogado que los represente. Los protege el derecho de tener un día en la Corte ante un juez de inmigración, para poder apelar lo que podría representar un proceso de remoción y los protege el derecho a habeas corpus. Pero aquí se han dado casos de personas que han sido detenidas por días y semanas, o incluso deportadas a terceras naciones —que no son sus naciones de origen— sin dar ninguna explicación. Y, en algunos casos, desobedeciendo las órdenes de jueces federales que ordenaron a esos aviones no despegar y que, si aún estaban en espacio aéreo norteamericano, regresar a los aeropuertos donde se habían alzado para que esas personas que transportaban, violando la Constitución y las órdenes de jueces federales, retornaran a tener un día en la Corte para ventilar sus casos.
¿Qué le espera a los migrantes, y especialmente a los salvadoreños, bajo este contexto durante lo que resta de la administración de Donald Trump?
Faltan tres años y medio para que concluya esta segunda administración y ya estamos viendo las cifras. Las estadísticas dicen que ha aumentado el número de deportados, y solo va a aumentar más, porque con la aprobación del presupuesto para el año 2025-2026, que da más de 150 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Interna, se espera que las fuerzas de ICE, como se le conoce a la sección policial de las autoridades migratorias, aumenten las deportaciones.
Por lo tanto, eso va a implicar: primero, que el número de deportaciones por el perfil racial, irrespetando los derechos constitucionales y el debido proceso, van a continuar; segundo, el cierre total de la frontera; y tercero, la reapertura de todos aquellos casos que litigaron peticiones de asilo y los jueces decidieron cerrarlos administrativamente sin deportación. La gente ya ha comenzado a recibir notificaciones para la reapertura de sus casos.
Muchos de ellos son salvadoreños y centroamericanos que tomaron ventaja de la opción del CBP One, que era la aplicación para poder entrar autorizadamente a los Estados Unidos al presentarse en la frontera entre México y Estados Unidos, o entre Canadá y Estados Unidos, para iniciar un proceso de petición de asilo por múltiples razones, principalmente porque tenían temor de regresar a sus naciones de origen, por motivos particulares. Todos esos casos que fueron cerrados administrativamente se van a reabrir y creemos que se van a reabrir para expeditar el proceso de remoción de estas personas. Entonces, lo que le depara a miles, posiblemente cientos de miles de salvadoreños y centroamericanos, es enfrentar procesos de deportación expeditos.
Como organización El Rescate, ¿tienen una cifra de cuántos salvadoreños han sido deportados en lo que va de la administración Trump?
No. Me imagino que debe haber un control por parte del gobierno, pero no lo conocemos. Yo sé que medios de comunicación en El Salvador publicaron que de enero a marzo, o hasta abril, había alrededor de dos mil deportados. Muchos de ellos eran niños, al parecer menores de edad que habían sido deportados. Pero no, no tenemos una cifra concreta porque esta administración se ha caracterizado por resguardar esa información, porque ellos se han encontrado en problemas.
Ellos querían siete mil arrestos al día y no lo lograron, lo que demuestra la falta de capacidad de su fuerza policial migratoria. Aunque también subcontratan a cazarrecompensas para esa labor, y a ellos se unieron la Guardia Nacional, en el caso de California; y los marines, en el caso del Sur de California, concretamente de Los Ángeles. Ni así pudieron llegar a la meta de siete mil arrestos diarios. Esa era la aritmética que ellos tenían para llegar a esa gran cifra de un millón de deportados en el primer aniversario de esta segunda administración de Trump.
Pero eso no quiere decir que, con el mega refuerzo presupuestario que van a tener, no van a llegar a esa cifra. Tal vez en el segundo o tercer año de la deportación.
El presidente Bukele se jacta de tener buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos. ¿Cree usted que ha hecho lo suficiente para evitar deportaciones de salvadoreños o está en deuda? ¿Tiene que hacer algo más o puede hacer algo más?
Trump no tiene amigos, Trump tiene intereses. Primero Donald Trump, segundo Donald Trump y tercero, tal vez, miembros de su círculo familiar; y cuarto, los Estados Unidos, pero Trump no tiene amigos.
Yo creo que la prueba de fuego para El Salvador, en sus relaciones bilaterales con la administración de Trump, es si va a extender o no el TPS para los salvadoreños. Después de ver la cancelación de múltiples Estatus de Protección Temporal para varios países, concretamente los últimos para Venezuela, decisión que fue desafiada en las Cortes Federales y, por lo tanto, él le puso alto; y Nicaragua y Honduras, que ya lo enfrentaron; y en este momento hay una litigación en el Noveno Circuito, acá en la Costa Oeste, concretamente en la ciudad de Pasadena, que va a decidir si procede o no la cancelación del Estatus de Protección Temporal para ellos.
Entonces, esa es la prueba de fuego de esa relación bilateral, que es supuestamente buena. Pero de nuevo, yo aclaro que Trump no tiene amigos, tiene intereses. Creo que la última estadística son de 119 mil salvadoreños que están amparados bajo ese estatus, lo que representa la estabilidad de todas esas familias acá, y de las familias que en El Salvador dependen de las remesas que esos salvadoreños y salvadoreñas producen con el permiso de trabajo que les otorga ese Estatus de Protección Temporal.
El TPS para los salvadoreños fue renovado en septiembre de 2023 y finaliza en septiembre de 2026, pero un dato que llama la atención es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración solo ha aprobado 715 solicitudes de reinscripción en el segundo trimestre de 2025. Esa cifra bajísima en comparación al mismo período de 2023, cuando ya se habían avalado 8,115. ¿A qué le atribuye este fenómeno?
A la prueba me remito: Trump no tiene amigos; Trump tiene intereses. Por lo tanto, son esos intereses los que dirigen la brújula de las decisiones políticas de su secretario de Estado, Marco Rubio, y de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, quienes son los dos funcionarios encargados de darle las recomendaciones al presidente para cancelar o extender un Estatus de Protección Temporal.
Entonces, ¿qué brújula va a dirigir esa decisión política? Me imagino que son los intereses de Trump, no las amistades que tiene, pues ya lo vimos. El mejor ejemplo fue su relación con el africano Elon Musk, que eran grandes “cheradas”, y de millones de dólares, de cientos de millones de dólares, pero al final pesaron los intereses de Trump.
¿Hay temor entre los salvadoreños de que, al intentar reinscribirse en el TPS, eso les lleve a ser deportados?
En la última reinscripción vimos que la gente se inscribió para mantener su permiso de trabajo, porque los empleadores lo exigen.
¿Pero eso fue en la administración Biden?
Sí, eso digo. Fue Biden quien nos dio la última extensión. Hoy cabe la gran interrogante sobre si los intereses de la administración Trump van a proveer una extensión o no del Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños. Si me baso en el antecedente de cómo ha tratado a otros nacionales de otros países que tenían esa protección, todo parece indicar que los intereses políticos del señor Trump no son muy amistosos con la extensión de TPS. Pero pues, de nuevo, Trump no tiene amistades; Trump tiene intereses.
Bajo ese análisis, ¿es mayor el riesgo de que no se apruebe una extensión del TPS en el 2026 para los salvadoreños?
Claro, pues sí. Ya sucedió en la primera administración, pero no nos acordamos: cuando nos llamó que éramos el orificio del mundo, así nos llamó a los centroamericanos. El esfínter dijo que éramos.
De nuevo me remito a las pruebas y me remito a los antecedentes. Esa posibilidad cabe. La verdad es que hay un temor, no solo entre aquellos que tienen TPS, no solo de aquellos que están ventilando sus casos de asilo, o aquellos a quienes les cerraron los casos administrativamente y que no enfrentaron deportación. Hay un temor de enfrentar procesos de deportación de Estados Unidos de manera expedita, porque el hombre (Trump) quiere concluir su primer año, que es enero del 2026, con la cifra grandiosa de haber deportado a un millón de personas.
Hagamos los números: ¿a cuántos tiene que deportar en los próximos seis meses? Va a deportar a quien se le ponga enfrente y a quien sea el más débil, el más vulnerable, el que tenga menos posibilidades de litigar, apelar o defenderse contra esa posición de los criminales violentos que dijo que iba a deportar.
La fuerza laboral de los salvadoreños en Estados Unidos tiene una importancia considerable. Ante eso, ¿qué daño le causa también a la economía estadounidense estas deportaciones?
Definitivamente, la mano de obra de los latinos, entre ellos los salvadoreños, es importante y tiene efecto en áreas clave de la economía. Primero, la agricultura; segundo, la agroindustria; tercero, la construcción; cuarto, la manufactura; y la quinta, la industria de servicios. Son cinco áreas de la economía donde la mano de obra de los migrantes es clave para Estados Unidos. Claro que se va a ver afectada, y lo vamos a ver en las cifras económicas y en cómo va a impactar la situación económica interna.
Lo otro son los pequeños negocios. Los pequeños negocios, propiedad de migrantes, no solo son una fuerza económica clave a nivel local, sino que también generan empleos. También se verán afectados por la reducción del consumo por parte de los inmigrantes. Primero, porque temen gastar el dinero; segundo, porque temen salir a las calles por ocio, como ir a un restaurante, ir a un evento, a un concierto, a lo que sea. Eso va a impactar a la economía y lo vamos a ver en las cifras de análisis económico en los próximos meses.
¡Y por favor! El argumento que dijo la secretaria de Agricultura: “No vamos a permitir que sigan trabajando en la agricultura, y aquellos que han estado amparados en el Medicare tienen que regresar al trabajo”. ¿Dónde se ha visto que van a ir los rubios a levantar las cosechas de cebolla, fresas, frambuesas, coles, limones, cítricos en este país? No, es un área de la economía totalmente dependiente de la mano de obra migrante.
¿Qué opinión le merece la respuesta que ha habido de latinos, o de mucha gente que apoya a los latinos, a los migrantes, que han salido a las calles a manifestarse a pesar de la represión que hay?
Que va a continuar la resistencia. Es un movimiento de resistencia a nivel nacional, no solo de latinos, afroamericanos y blancos. ¿Por qué? Porque al igual que en la Alemania nazi, primero se fueron contra los judíos, pero después fueron contra las personas con discapacidad, contra la comunidad homosexual, contra los que tenían discapacidades de otras naturalezas, contra religiosos.
Así son estos regímenes autoritarios. Primero buscan un chivo expiatorio, pero de ahí todo el mundo se vuelve enemigo de estos regímenes. Entonces, lo único que queda como opción, ante la realidad política que estamos viviendo, es incrementar y fortalecer el movimiento de resistencia en las calles, en los templos, en las fábricas, en los sembradíos, en las universidades y en las cortes. Eso es lo que queda. Y en las elecciones de medio término, en noviembre del próximo año, incidir con el poder del voto que todavía tenemos.
Ustedes, como organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, ¿han sentido temor? ¿Se sienten amenazados con la administración Trump? ¿Han sido víctimas de algún tipo de represalias?
Nosotros directamente no, pero otras organizaciones hermanas sí han recibido cartas por parte de senadores del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos diciendo que tienen que resguardar todos los datos financieros y contables, en especial aquellos que han sido destinados a financiar actividades de resistencia o protesta en contra de las políticas migratorias. Esa es una táctica para intimidar y amedrentar la labor de oposición y de resistencia, que está garantizada por la Constitución Política de Estados Unidos, que es el derecho a protestar y a tener una opinión política diferente a tu gobernante, ya sea local, estatal o federal. Entonces, sí, podemos ser blancos en cualquier momento de esta aventura autoritaria por parte de la administración Trump y sus ministros.
Las elecciones de medio término en noviembre de 2026, ¿qué relevancia adquiere bajo este contexto? ¿Lograrán revertir esta situación?
Es la batalla estratégica principal. Recuperar una de las Cámaras para ponerle paro a esta aventura autoritaria por parte de Trump. Esa es la esperanza.
¿Todo indica que es incierto el panorama para los salvadoreños?
Para los salvadoreños, especialmente aquellos más vulnerables que no tienen un estatus legal y que están en medio de pelear y de litigar sus peticiones de asilo, es más incierto. También para aquellos que se les cerraron los casos administrativamente, sin deportación, y ahora se van a reabrir. Y para los más de cien mil que tienen el amparo del TPS. Es una comunidad vulnerable que debe estar sumamente preocupada por su estatus de permanecer en este país y de enfrentar, posiblemente, un proceso de remoción expedito.
¿Qué consejo le da a los salvadoreños que aún están en los Estados Unidos y que prácticamente deben esconderse ante la posibilidad de enfrentar un proceso de deportación expedito?
Lo recomendable sería que se acerquen a organizaciones como la nuestra en la ciudad donde viven. Segundo, que de no tener acceso a una organización como la nuestra, donde pueden obtener una consulta legal gratis para conocer qué es lo que deben hacer, buscar un abogado privado que los aconseje. Y tercero, que resistan. Ojalá que esta situación cambie. Ojalá que no enfrenten el proceso de remoción y que guarden y ahorren su dinero. También, que tengan un mecanismo de emergencia en el caso de enfrentar un arresto por parte de la autoridad migratoria, para poder acceder a sus fondos y bienes en caso de ser deportados.
Acá en El Salvador también hay incertidumbre, porque muchos de los que vienen no encuentran una alternativa y vienen a enfrentar también la realidad de la administración Bukele. Entonces es un doble riesgo al que se están enfrentando…
Sí, pues ese es el desafío de nuestros migrantes, de todo el mundo, en especial de América Latina y, concretamente, de Centroamérica y México. Son las condiciones adversas que los obligaron a dejar su terruño querido y hoy, posiblemente, vuelvan a él y enfrenten iguales o peores condiciones. Ese es el desafío de nuestra comunidad migrante.
