Por GatoEncerrado

En la vista pública del pasado 31 de julio, la Fiscalía presentó como testigos a Sandra Luz y Abel Antonio Alvarenga, hijos de María Inés, así como a un testigo criteriado bajo régimen de protección con clave “Soriano”. Según argumentaron dos jueces del tribunal, las declaraciones resultaron contradictorias y generaron dudas sobre el asesinato y la privación de libertad de la víctima.

Sandra y Abel relataron que su madre fue sacada de la casa la noche del 22 de agosto de 1989, mientras descansaba con sus cuatro hijos. Según su relato, Víctor Rodríguez (ya fallecido), Arturo Serrano y Miguel Gámez Pichinte se la llevaron para golpearla y amarrarla a un árbol de ceiba.

“Soriano”, un exguerrillero de la Resistencia Nacional —brazo armado del FMLN en Cabañas—, declaró que la víctima fue llevada a la hacienda El Guayabal, en Santa Marta, donde la vio sentada en una piedra. Durante 15 días, aseguró, fue golpeada e interrogada, acusada de colaborar con el “enemigo” en el contexto de la guerra civil.

Ese testigo criteriado sostuvo que María Alvarenga fue asesinada en septiembre de 1989, sin especificar el día. Narró que fue trasladada junto a otros tres acusados de “colaborar con el enemigo” y que un hombre identificado como “Joelito” ejecutó a las víctimas; sin embargo, admitió que no presenció el asesinato ni los cuerpos, solo escuchó los disparos de fusil. Posteriormente, dijo haber oído un informe radial sobre la muerte de Alvarenga.

Desde la noche en que María fue sacada de su casa, sus hijos no volvieron a saber de ella hasta dos semanas después, cuando Sandra escuchó en un mitin de la guerrilla, realizado en la plaza de Santa Marta, que a su madre le “habían quebrado las patas”, aunque no se indicó dónde había sido enterrada. Ambos aseguraron reconocer a los presuntos responsables del crimen. En ese momento, Sandra tenía 9 años y Abel 13.

El testimonio de “Soriano” contradijo la acusación fiscal, que sostiene que el asesinato ocurrió el 22 de agosto de 1989, y una certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, la cual establece que María Inés Alvarenga murió ese mismo día en el cantón Santa Marta.

“¿Cómo pudo Soriano observar el hecho desde que la condujese desde la ceiba, a cien metros de la casa de la víctima, hacia la Hacienda El Guayabal, y después de 15 días siendo torturada se escucharan disparos, cuando ella ya se encontraba fallecida?”, cuestionó uno de los jueces de San Vicente.

Además, el juez agregó que un informe del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes —antes FROPOLY— registra la muerte de la víctima el 22 de agosto de 1987; es decir, dos años antes de la supuesta privación de libertad que relataron los dos hijos de María Alvarenga. 

“Esto no concuerda, y entonces esto genera duda; esa duda, para estos juzgadores, es insuperable y por ello se va a emitir una sentencia de absolución en ese sentido”, declaró el juez.

El tribunal también cuestionó la declaración de Soriano sobre los asesinatos de cien personas en la Hacienda El Guayabal; sin embargo, en ocho excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar no se encontró el cuerpo de María Alvarenga ni de las demás víctimas. La Fiscalía, por lo tanto, no logró presentar evidencias físicas ni pruebas documentales que respaldaran su acusación.

Uno de los jueces emitió un voto razonado en el que aseguró que la Fiscalía sí logró sostener su hipótesis con pruebas testimoniales y documentales. Según su valoración, algunos de los acusados habrían participado como autores o cómplices en la privación y asesinato de la víctima.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó levantar las órdenes de captura contra los acusados, devolver las cauciones y bienes incautados, y brindar atención psicológica a familiares de la víctima como medida de justicia restaurativa.

Los abogados de los activistas se mostraron satisfechos con la resolución y esperan que la Fiscalía no vuelva a apelar. “Hoy ha triunfado la justicia y la legalidad, y hemos ganado por segunda vez este juicio. Queda claro que los imputados son inocentes”, dijo Pedro Cruz.

El caso de los defensores de Santa Marta y ADES estuvo bajo observación internacional. Delegaciones de Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos participaron en las audiencias de la vista pública para dar seguimiento al proceso judicial.