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“Seguiré acompañando a comunidades que sufren injusticias por el despojo de agua y la tierra”: Alejandro Henríquez, tras ser liberado junto al pastor José Ángel Pérez

El abogado ambientalista y el pastor estuvieron en prisión por siete meses. Fueron liberados en un proceso abreviado en el que tuvieron que confesar delitos que no cometieron. Sus defensores señalan que el caso dejó en “terrible precedente” en el sistema judicial salvadoreño, en el que cualquier persona inocente puede estar injustamente en prisión y sin garantías legales, por “órdenes de arriba”. Ambos fueron detenidos mientras acompañaban una manifestación pacífica de una comunidad que pedía auxilio a Nayib Bukele para evitar el desalojo de 300 familias. 

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Por GatoEncerrado*

Editado por Ezequiel Barrera | Diciembre 18, 2025

El abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, recuperaron su libertad tras permanecer en prisión preventiva durante siete meses por delitos que no cometieron. Su liberación no fue una absolución ni un acto de justicia de parte del sistema judicial, sino un “profundo y claro sinsabor”, según señalaron sus abogados. Para salir de la cárcel tuvieron que aceptar, de forma estratégica, un proceso abreviado, sin juicio y sin las garantías mínimas del debido proceso. Tuvieron que enfrentar una Fiscalía General de la República que actuó —según reconoció la misma institución— por “órdenes de arriba”, y a una jueza sin rostro, que es una figura aprobada por la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele para ocultar la identidad de quienes administran justicia a conveniencia del oficialismo y no apegada a derecho. Asimismo, mientras estuvieron detenidos, solo fueron atendidos por un médico hasta que los defensores presionaron.

Ambos fueron liberados, la tarde de este miércoles 17 de diciembre, luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla admitiera un procedimiento abreviado con medidas excepcionales, pactado entre la defensa y la Fiscalía. Es decir, solo después de que el abogado y el pastor confesaron haber participado en los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto. Estos hechos, sin embargo, nunca ocurrieron ni los cometieron.

Las transmisiones en vivo de la noche del 12 de mayo, que aún están disponibles en YouTube,  muestran que ambos acompañaron a la comunidad representada por la Cooperativa El Bosque durante una manifestación pacífica, realizada en las cercanías de la residencia de Nayib Bukele, donde solicitaban su intervención para evitar el desalojo de 300 familias. En esos mismos videos se observa, además, que el pastor José Ángel nunca mostró resistencia agresiva al arresto. Y al día siguiente, cuando policías vestidos de civil y a bordo de vehículo particular emboscaron a Alejandro en la entrada de las oficinas del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador), testigos relataron a GatoEncerrado que tampoco hubo resistencia alguna al arresto. 

Cuando Alejandro finalmente salió del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en libertad y todavía vestido con las ropas blancas de la prisión, reafirmó que continuará con su labor de defensa de derechos humanos, principalmente de las poblaciones afectadas por los desalojos de tierra y el agua. 

“Yo, sin duda, seguiré en lo que siempre he hecho, en la defensa de derechos humanos y en el acompañamiento a comunidades que han sufrido la injusticia y el despojo del agua y de la tierra. Nos tocará acatar las medidas del proceso abreviado, pero eso no implica que mis ideales y mi convicción hayan cambiado”, afirmó Alejandro Henríquez, tras ser recibido entre abrazos, aplausos y consignas de activistas ambientales que llegaron hasta el centro judicial para mostrarle su respaldo.

Por su parte, el pastor José Ángel Peréz —de Misión Cristiana Elim y presidente de la Cooperativa El Bosque— fue recibido por familiares y miembros de su congregación, afuera de los tribunales. Agradeció el apoyo que le brindaron durante todo el proceso, principalmente de la feligresía que pastorea en la Cooperativa El Bosque, y aseguró que retomará su labor en la comunidad.

“Quiera Dios que las cosas continúen bien para mi vida y sea él quien me pueda permitir seguir trabajando dentro de su obra. Es mi deseo y anhelo. Siempre he tenido eso en mi corazón desde que me llamó”, dijo el pastor, durante un culto de acción de gracias por su liberación, horas después de la audiencia. En el mismo encuentro religioso, explicó brevemente que dentro de la prisión tuvo la oportunidad de predicar el evangelio en una cancha del centro penal.

Como resultado del procedimiento abreviado, la jueza los condenó a dos años de prisión por el delito de resistencia agresiva y uno más por desórdenes públicos. Esa condena, sin embargo, fue suspendida y en su lugar fueron impuestas reglas de conducta que serán supervisadas por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, así lo detalló la abogada Emperatriz Flores en un space organizado por MalaYerba en su cuenta de X. 

Entre las restricciones impuestas están no salir del país, informar al juzgado de vigilancia si cambian de domicilio y se les prohibió realizar actividades por las cuales fueron condenados. Sobre esto último, la abogada Flores dijo que es “ambiguo” y que no queda claro en qué consiste esa medida. 

El abogado Oswaldo Feusier agregó, en una entrevista para el programa de la Radio Restauración 100.5 FM, que esa medida es, además, laxa porque es inconstitucional negar el derecho a la libertad de expresión. Si la medida, por otro lado, se refiere a desórdenes públicos y resistencia al arresto, pues eso nunca sucedió, aunque tuvieron que confesarlo de forma estratégica como la única salida que quedaba ante un proceso sin garantías legales y “con los dados cargados”. 

De cualquier manera, el abogado Feusier ya había dicho, al terminar la audiencia, que la resolución de la jueza era un “sinsabor”, porque se tuvo que recurrir a este proceso abreviado como única salida: “Lo que hemos hecho en la audiencia y los beneficios que nosotros como abogados hemos recomendado, es que se optó por la consideración en términos generales: nos encontramos en un contexto que no ofrece garantías y cumplimiento en el estado de derecho”.

 

“El terrible precedente”

El abogado Feusier fue más allá y dijo que lo preocupante en el caso no es lo que ocurrió en la audiencia donde tuvieron que confesar delitos que no cometieron para recuperar su libertad, sino por todo lo que ha implicado este caso y el precedente que deja.

“Lo principal se logró, que dos personas inocentes estén fuera de ese sistema tan viciado, tan inhumano. Solo con el hecho de que dos personas inocentes hayan estado tanto tiempo en prisión, solo por manifestarse pacíficamente ya es un terrible precedente. El problema es la que situación jurídica del país ha naturalizado que una persona con tanta evidencia (de su inocencia) y con tantos elementos puede pasar siete meses detenido y tener que llegar a esta situación (de confesar delitos que no cometió) para que se obtenga la libertad, yo creo es un terrible precedente”, lamentó Feusier, en la Radio Restauración.

Parte de esa naturalización y precedente que deja el caso es que la Fiscalía también actúa según los intereses del Gobierno de Nayib Bukele y siguiendo “órdenes de arriba” que demuestran que no hay independencia y que su labor está politizada y no apegada a derecho. 

“Nos enfrentamos a un proceso donde la misma Fiscalía nos dijo: ‘Mire, esto es algo que no depende de mi dominio ni de ustedes, incluso ni de la señora juez, son órdenes de arriba’. No explicó en qué consistían las órdenes de arriba o quiénes son esas personas de arriba”, dijo la abogada Emperatriz Flores, en el space de MalaYerba.

Desde que inició el proceso judicial, los defensores presentaron diversos recursos, entre ellos: la apelación contra la orden de detención provisional dictada por el Juzgado Primero de Paz, a inicios de junio. Asimismo, una solicitud de medidas sustitutivas a la detención sustentadas en pruebas de arraigo, el 29 de octubre. Pero todas fueron rechazadas por los jueces, como si se tratara de un caso de alto perfil y de criminales que pretendían huir de la justicia. 

El Movimiento Político Rebelión Verde El Salvador (REVERDES) y el Foro del Agua, presentaron, en junio, un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde pedían que se decretara un auto de exhibición personal por haberse vulnerado los derechos de los defensores, así como medidas cautelares a la detención provisional. 

El caso, por su evidente carga política y falta de garantías legales, adquirió relevancia internacional. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció por la detención de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, y solicitó su liberación inmediata. Asimismo, Amnistía Internacional los reconoció como presos de conciencia, junto a la abogada de Cristosal Ruth Eleonora López. 

El caso contra Alejandro Henriquez y el pastor José Ángel Peréz fue el pretexto que usó Nayib Bukele para justificar la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), una normativa de control, castigo financiero y persecución contra organizaciones de la sociedad civil y voces que le resultan incómodas al gobierno. 

*El periodista que realizó este reportaje no firmó con su nombre y apellido para evitar represalias en el contexto autoritario que vive El Salvador. 

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