Justiciómetro
Cristosal documenta 245 casos de persecución política bajo el Gobierno de Bukele
El informe más reciente de Cristosal evidencia que 245 personas defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y opositores han enfrentado persecución política bajo la administración de Nayib Bukele. El informe señala que el gobierno ha instrumentalizado el sistema de justicia penal y el régimen de excepción para perseguir, castigar y neutralizar cualquier forma de disidencia en el país.
Por Beatriz Benítez
Marzo 06, 2026
Disentir en El Salvador es un riesgo bajo el Gobierno de Nayib Bukele. Cuestionar la narrativa oficialista puede llevar a la cárcel, el exilio o, incluso, a la muerte. Así lo demuestra el informe más reciente de Cristosal, titulado “El precio de disentir”, que documenta 245 casos de personas que sufrieron diversas formas de persecución política ocurridos entre 2019 y 2025. La cifra real, según reconoce la misma organización, podría ser mayor.
Entre los casos emblemáticos, el informe destaca el de Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal. Desde esa organización investigó y denunció actos de corrupción del gobierno, lo que la convirtió en una voz incómoda para el poder. El 18 de mayo de 2025 fue arrestada. En un primer momento, la Fiscalía General de la República la acusó del delito de peculado y luego cambió a enriquecimiento ilícito.
“Ruth reúne muchas de las características de las personas que están aquí reflejadas”, señaló René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, durante la presentación del informe este 5 de marzo en la ciudad de Guatemala, país donde la organización ha trasladado su sede debido al contexto autoritario de El Salvador.
Las víctimas de la persecución política que ha desatado el Gobierno de Bukele son personas con distintos perfiles. Entre ellos están personas opositoras o exfuncionarios, voces críticas, defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, sindicalistas y familiares, quienes han enfrentado persecución extrajudicial (acoso, vigilancia y amenazas), persecución judicial no penal (desgaste mediante procesos civiles o administrativos) y, la más predominante, la criminalización a través del sistema de justicia penal con detenciones, avisos en Fiscalía e inicio de investigaciones.
“La herramienta favorita del régimen es el proceso penal. El sistema ha criminalizado a más de 180 personas (73,4 %). Ha iniciado procesos penales en contra de estas personas, careciendo completamente de fundamentos y en dinámicas que constituyen persecución política”, indicó Valiente, añadiendo que otras 40 personas enfrentan persecución extrajudicial y 25 persecución no penal.
Un 60,4 % (148 personas) se identifica en el grupo de “personas con protección internacional especial”, que incluye a defensores de derechos humanos, ambientalistas, líderes sindicales, periodistas y operadores de justicia.
Las personas consideradas opositoras políticas representan el 20,4 % (50 casos), mientras que las voces críticas de la sociedad civil conforman el 15,5 % (38 casos). Además, el informe destaca una alarmante táctica de “persecución vicaria”, documentando 9 casos (3,6 %) en los que el aparato estatal ha dirigido sus hostilidades hacia familiares de los disidentes con el único fin de coaccionarlos e intimidarlos emocionalmente.
“Este informe es una afirmación contundente de que en El Salvador hay persecución política, hay personas presas por motivos políticos, hay personas que han sido obligadas al exilio para protegerse, y familias que están hoy fragmentadas por la huida”, sostuvo el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, durante la presentación del informe.
Según Bullock, los casos evidencian un claro patrón de persecución política. Entre esos los de personas que ahora son presas políticas, con el objetivo de silenciar las voces críticas, infundir miedo e imponer un modelo de poder más autoritario. Aunque esta cifra es solo una parte del fenómeno debido a la opacidad institucional, el miedo de las víctimas y las dificultades de documentación, Cristosal considera que estos 245 casos son una base sólida para identificar patrones de persecución política, la cual se suma a otras formas de violencia estatal como capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia del Estado.
“El informe demuestra claramente que en El Salvador estamos ante una regresión a las viejas formas de violencia estatal ejercidas por tiranos y regímenes autocráticos para concentrar el poder y preservar sus privilegios”, sostuvo Bullock.
El director de Cristosal añadió que en El Salvador, bajo el régimen de Bukele, la violencia de las pandillas ha sido sustituida por la violencia del Estado autocrático.
“La existencia de presos políticos y el abuso de poder para perseguir las voces críticas en la sociedad salvadoreña choca con las imágenes del discurso que circula a nivel mundial, gracias a la inmensa maquinaria propagandística de los Bukele. En el fondo, de tan afamado modelo Bukele, hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue”, advirtió.
Evolución de la persecución política
El informe identifica un patrón de endurecimiento de la represión entre 2019 y 2025, vinculado a la cooptación de las instituciones. A partir de 2021, tras el descabezamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General, se dio un giro hacia la instrumentalización de estas instituciones para la criminalización de los disidentes.
“Estamos frente a un ecosistema de injusticia en el que todas las instituciones han abandonado su función esencial de protección de derechos y de defensa de la población y se han reconfigurado: ahora sirven como instrumento de castigo, de miedo. Formalmente, algunas de estas instituciones todavía existen (tribunales, Fiscalía, defensores públicos, entidades autónomas, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), pero la mayoría, tristemente, se ha transformado en cascarones vacíos, que han abandonado sus funciones constitucionales, que han abandonado la defensa de los derechos de la población, y muchas otras se han convertido en verdaderas herramientas de terror del Estado, que son utilizadas para perseguir, para criminalizar el disenso. Eso lo vemos claramente en el Órgano Judicial, ha jugado un rol cómplice en estos procesos ”, expuso Valiente.
El exilio, tortura y muerte
El informe detalla que 14 personas han sido forzadas a enfrentar sus procesos penales desde el exilio. Es decir, fueron procesadas en ausencia e incluso cuando tuvieron que salir del país para buscar refugio y protección.
Entre lo más grave que Cristosal pudo documentar está la muerte de al menos tres personas bajo custodia del Estado mientras se encontraban detenidas provisionalmente. Entre estos destaca el caso del exasesor de seguridad nacional del gobierno, Alejandro Muyshondt, quien falleció en opacidad institucional y cuyos peritajes independientes encontraron indicios compatibles con tortura y negligencia médica.
Aunque la mayoría de las víctimas documentadas son hombres (76 %), las mujeres (24 %) enfrentan dinámicas represivas diferenciadas. El informe indica que las mujeres disidentes sufren de un mayor hostigamiento extrajudicial caracterizado por campañas de desprestigio, discursos misóginos y ataques dirigidos a su vida privada, lo que evidencia violencia de género para deslegitimar y neutralizar a las defensoras y voces críticas en el espacio público.
Cristosal concluye que estas alarmantes cifras no reflejan hechos aislados, sino un sistema represivo institucionalizado en El Salvador y dirigido por Nayib Bukele.
