De hecho, el “Pacto Mafioso” colocó a los magistrados del Tribunal Constitucional, impuso a un fiscal de la Nación cercano a ellos, controla la Junta Nacional de Justicia —encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales— y nombró al defensor del Pueblo.
Es más, el “Pacto Mafioso” sostuvo a la presidenta Dina Boluarte durante sus casi tres años de mandato pese a llegar a tener 2% de aprobación y a ser la responsable política de la muerte de 40 ciudadanos que salieron a protestar contra su régimen. También puso a José Jerí como relevo de Boluarte y, en febrero último, nombró a José María Balcazar como nuevo inquilino de Palacio de Gobierno.
El politólogo Alberto Vergara ha definido al “Pacto Mafioso” como una “alianza para el progreso criminal”. Vergara dice que el fenómeno se debe a que la desconexión de la ciudadanía con la política ha llevado que esta haya quedado en manos de actores acusados de defender las economías ilegales.
Estas son principalmente en el Perú la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Según estimados de la Unidad de Inteligencia Financiera, el 14% del PBI peruano es dinero sucio. La cifra equivale a más de 33,000 millones de dólares.
¿Por qué pese a la oposición ciudadana al “Pacto Mafioso”, no surgió una candidatura presidencial contraria? Varios analistas señalan que el fujimorismo y sus aliados armaron un sistema electoral que les permite mantener su cuota de poder.
Uno de sus pilares fue cambiar el requisito para inscribir un partido político, que pasó de obtener 700,000 firmas por el de contar con 25,000 afiliados. Otro fue eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con lo cual, en medio de la lluvia de partidos políticos, los más conocidos parten con cierta ventaja.
Por eso, hasta una semana antes del día de la elección, el porcentaje de indecisos rondó el 30%, una cifra nunca vista. Y al revisar los números al detalle, los 8 primeros puestos no sumaban en las encuestas ni el 50% de intención de voto.
A lo largo de la campaña electoral muchos analistas políticos y periodistas anunciaron la aparición de un outsider. Hubo varios intentos, pero el candidato disruptor nunca llegó. Y los que amenazaron con serlo ni siquiera alcanzaron el 10% y la efervescencia de su candidatura no pasó de los 10 días.
Ese fue el caso del periodista Carlos Espá, el general retirado de la Fuerza Aérea Wolfgang Grozo, el cómico Carlos Álvarez, el exrector de la UNI Alfonso López Chau, el exministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos y el empresario televisivo Ricardo Belmont.
Todo ello conduce a una conclusión preocupante. Para Alberto Vergara, estas elecciones están marcadas por la brecha entre los problemas más graves en décadas, con la peor oferta política también en décadas. “No hay candidatos que produzcan entusiasmo, tampoco plataformas programáticamente sólidas. El ánimo oscila entre la apatía y la resignación”, dice. Un terreno perfecto para el avance del autoritarismo, como ya han visto varios países de la región.
