El alcalde de La Libertad, Miguel Jiménez, es acusado en los tribunales y procesado por atacar verbalmente a las mujeres que administraban sistemas de agua comunales, expulsarlas e imponer una nueva administración. Mientras todo eso ocurría, las mujeres también fueron víctimas de allanamientos irregulares que cometieron presuntamente agentes del exGRP. En esta historia también hay una fiscal que dijo que no podía recibir denuncias porque era su hora de almuerzo.
Por Ezequiel Barrera
El alcalde de La Libertad, Miguel Jiménez, irrumpió en la comunidad El Coplanar, mientras las mujeres de la junta directiva de agua estaban reunidas a un costado del tanque. Eran las 3:00 de la tarde del 4 de febrero de 2016 y el alcalde, según recuerdan las mujeres y varias personas de la Asamblea General, iba rodeado de al menos 25 miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), diez guardaespaldas y ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
—En esta junta directiva solo mujeres hay… ¡Las mujeres no deben estar aquí, sino pariendo a sus hijos y cuidándolos!—gritó el alcalde en medio de la reunión.
—Señor alcalde… —dijo tímidamente María Margoth Echeverría, una de las vocales de la directiva, cuando fue interrumpida por el edil.
—¡No!—dijo el alcalde, mientras llevaba su dedo índice a la boca, en señal de exigir silencio a María y con su otra mano se aferraba al micrófono—¡Ustedes parecen vacas gordas porque se roban las cuotas que la gente paga por el agua!
—Pero señor alcalde, deme la palabra… —dijo Dina Lissette Hernández, tesorera de la directiva.
—¡Usted cállese vieja puta gorda, chiches de vaca!—se impuso el alcalde. Inmediatamente dos de sus guardaespaldas impidieron que Dina se acercara al frente para tomar el micrófono
Cuando las demás mujeres, y otros socios que estaban en esa reunión, vieron la obstaculización que los guardaespaldas le hicieron a Dina, comenzaron a exigir: “Por favor respete a las mujeres”.
—Pareceré vaca, pero no soy vaca de su hacienda para que me maltrate, respéteme—respondió Dina.
Alcalde Miguel Jiménez. 4 de febrero 2016, en el Coplanar. Foto cortesía.
De acuerdo con las mujeres, según consta en las actas de denuncias y entrevistas con la Fiscalía General de la República (FGR) a las que GatoEncerrado tuvo acceso, el alcalde quería imponer una nueva junta directiva de agua en El Coplanar, del cantón El Cimarrón. Eso implicaba tener el control de las juntas de agua que abastecían a las comunidades Pasaje La Posada, Altos de Brisas, Brisas I, Brisas II, Palmares y El Triunfo (que juntas se abreviaba ASCOBAPCOS).
El alcalde les dijo, según las denuncias, que el terreno donde estaban las oficinas de la junta de agua y el tanque eran propiedad de la alcaldía. Bajo ese argumento, el funcionario les exigió el dinero de las cuotas, la documentación legal y contable de la junta y el terreno.
Las mujeres respondieron que el exalcalde Carlos Molina les entregó el terreno en comodato por 10 años. Es decir, que durante esa década la junta de agua podía disponer del terreno para actividades relacionadas con el sistema de agua, sin tener que depender de la alcaldía.
Como las mujeres y algunos socios se opusieron a lo que exigía el alcalde, decidió nombrar a una nueva junta directiva. Esa nueva administración, que se autodenominó “Fuente de Vida”, comenzó a operar en paralelo con la junta de El Coplanar. El caos llegó cuando ambas juntas pidieron la cuota por el uso del agua.
Algunos habitantes de la zona, confundidos, dieron su cuota a la junta de agua de El Coplanar y otros a “Fuente de Vida”. Eso provocó déficit en las finanzas y mantenimiento del sistema.
El alcalde decidió ir hasta el tanque y a las oficinas de la junta. Con una herramienta ordenó la destrucción de los candados y entregó las instalaciones a “Fuente de Vida”, además se hizo acompañar de dos agentes de la PNC.
Las mujeres de la junta El Coplanar fueron a la oficina de acceso a la información de la alcaldía para solicitar los documentos legales de la nueva junta “Fuente de Vida” y el acta del concejo municipal que avalaba el nombramiento. La oficina respondió que esos documentos no estaban en sus registros. Las mujeres interpretaron esa respuesta como la evidencia de que “Fuente de Vida” carece de marco legal para operar.
Allanamientos irregulares
El hostigamiento de parte del alcalde en contra de las mujeres no acabó ahí, según el expediente. Dina Lissette Hernández denunció que el sábado 27 de febrero, a las 9:00 de la noche, fue víctima de un allanamiento irregular en su vivienda. Los policías, según lo que explicó, buscaban los documentos contables de la junta de agua. Los tenía ella porque era la tesorera de El Coplanar.
Dina, según le contó a esta revista la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), falleció meses después del allanamiento y luego del estrés que sufrió por los incidentes con el alcalde. Pero antes de morir escribió una carta “A quien corresponda”, en la que detalló lo que ocurrió en el allanamiento. Este es un extracto de su testimonio en la carta:
Para escuchar presione “listen in browser”, Voz Krissia Girón
Al pensar que era mi padre, abrí la puerta de la casa y en seguida se hicieron presentes al menos 10 personas con uniformes similares a los que utiliza el Grupo de Reacción Policial (GRP). Uno de ellos me apuntó con un arma y me dijo ‘¿señora quién está en su casa?’. Y le respondí que mi familia.
En ese momento mi cuñada tenía su bebita en los brazos, mi hermano estaba durmiendo a su hija en una hamaca y mis hijas estaban viendo televisión. El agente que me estaba apuntando con el arma me dijo que si le daba permiso de entrar. Y cuatro entraron. Una de mis hijas con capacidad especial, al ver eso, se puso muy mal y empezó a llorar. Un agente se dirigió a mi hermano y le dijo que se quitara la camisa y le pidió el DUI. Otro agente abrazó a mi hija y le dijo: “tranquila hija, nosotros somos la Policía, somos buenos y estamos para cuidarte”, y le dio un beso en la frente, la niña le tomó confianza y se pudo calmar.
Simultáneamente, un agente se fue a revisar el cuarto que comparto con mi esposo y al salir me preguntó que si una caja grande transparente es donde tengo los papeles del tanque de agua. Yo al pensar que me los podían quitar o quemar no respondí nada. Y ese agente dijo ‘a pues si ya nos vamos’.
Al día siguiente (domngo 28 de febrero de 2016) recibí una llamada de mi comadre Yessenia Beatriz Rosales para comentarme que anoche también llegaron otros policías similares a los que llegaron a mi casa. Y que de forma violenta abrieron una puerta de su casa donde estaba una persona de tercera edad, quien fue sacado de su cuarto. Y además a su esposo lo lanzaron al suelo usando la fuerza, lo golpearon con un palo de escoba hasta quebrárselo en la espalda y lo sacaron de la casa para arrojarlo al patio bien golpeado. Y mi comadre les pedía que no golpearan a su esposo. Los policías respondieron: ‘Esto no es nada mamita, nosotros sabemos quién entra y sale de la comunidad’, y luego se retiraron“
Además de los allanamientos, Dina denunció que tres investigadores de la Policía la interceptaron, el 3 de marzo de 2016, y le pidieron que les explicara cómo funciona el sistema de agua. Se lo preguntaron sin mostrarle algún documento legal que los acreditara para indagar ese tipo de cosas.
Nota de canal 10
Denuncias
Tras los allanamientos, las mujeres pidieron ayuda a la delegación departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) y luego fueron a la oficina fiscal de Zaragoza.
En esa oficina, según las mujeres y el expediente de la PDDH consultado por GatoEncerrado, una fiscal de nombre Margoth de Camacho las recibió y fue hostil. Les dijo que llegaron en su hora de almuerzo, que no veía delitos en la situación e incluso les recomendó que lo mejor sería entregar la administración del agua a la nueva junta “Fuente de Vida”.
Las mujeres también fueron hasta la Asamblea Legislativa, al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y a ISDEMU para denunciar al alcalde. La Asociación ACUA acompañó a las mujeres e hizo presión por un poco más de dos años para que las investigaciones avanzaran.
En ese tiempo, el exprocurador David Morales emitió una serie de medidas cautelares. Entre esas que el alcalde Jiménez no se acercara a las mujeres de las juntas de agua y también le pidió al director de la Policía, Howard Cotto, que se ocupara de proteger a las mujeres que habían sido atacadas por el funcionario.
Proceso judicial
El 24 de octubre, la Fiscalía finalmente llevó al Juzgado de Paz de La Libertad al alcalde y a cinco personas más, para que enfrenten un proceso judicial por las expresiones de violencia en contra de las mujeres, actos arbitrarios y por intervenir en la organización comunal de las mujeres al frente de la administración del agua.
El Juzgado de Paz decidió, el 26 de octubre, enviar el caso a la fase de instrucción en el Juzgado Especializado para Una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres. El alcalde y los otros cinco imputados serán procesados en libertad y esperarán a que el Juzgado Especializado haga la audiencia preliminar para determinar si el caso debe avanzar a la etapa de juicio.
El alcalde lo niega todo
El alcalde Jiménez, por su lado, dijo que los señalamientos en su contra son parte de “una venganza política” y que el proceso judicial es “injusto”. El edil dijo que la razón por la que intervino en las juntas de agua fue porque algunas personas beneficiarias se quejaron supuestamente de mal servicio y de que las mujeres de la directiva malversaban fondos.
“¿Porqué digo injustamente? Porque se me atribuye el cargo de expresiones de violencia hacia la mujer, actos arbitrarios y el ejercicio violento en contra de las asociaciones y reuniones. Todo el hecho fáctico es totalmente falso, pero a su debido momento en el juzgado comprobaré mi inocencia, en razón de que el juez dictó instrucción formal sin ninguna medida porque sabe que los hechos que se me están atribuyendo no son sostenibles y confío en Dios que ante las autoridades judiciales comprobaré mi inocencia”, dijo el alcalde.
