Por Julia Gavarrete

Quedan menos de dos meses para que el presidente Salvador Sánchez Cerén haga el traspaso de mando a Nayib Bukele, y así cerrar diez años en los que un partido de izquierda estuvo a cargo de la gestión pública. En ese contexto, Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), describe como una paradoja el manejo realizado por el FMLN en términos de transparencia.

Por un lado, el FMLN tuvo la “virtud” de abrir la información a los ciudadanos, lo que constituyó un destacable avance si se compara con gobiernos anteriores, particularmente con los del partido Arena. Pero, por otro lado, uno de los principales tropiezos del gobierno efemelenista es que haya existido lo que López describe como una gran contradicción “de que esta misma ley la terminaron rechazando varios de sus funcionarios”. López pone como ejemplo un intento en la Asamblea Legislativa de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Hay que reconocer las cosas buenas que pasaron, pero al final el juicio es que son gobiernos que interiorizaron la corrupción, las practicaron desde las más altas esferas, la encubrieron sus dirigentes y el resultado está en camino al salir del Ejecutivo”, dice.

Sobre esa corrupción, transparencia, acceso a la información, el nepotismo en el FMLN y expectativas sobre el gobierno del presidente electo, Nayib Bukele, en estos temas nos habla Jaime López en esta entrevista para GatoEncerrado.

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Al cierre de la segunda gestión del FMLN, y si comparamos con los periodos gobernados por ARENA, ¿es posible hablar ya de una evaluación sobre la gestión pública en cuanto a transparencia?

Siempre todo tiene sus claroscuros. Todavía hay mucho. Lo del FMLN es temprano para valorarlo, todavía hay cosas de las que no se hablan, que no se investigan. En el caso de la presidencia, sobre los gastos reservados, aunque es menor la cantidad, sigue siendo ocupada de la misma forma: en sobresueldos, pagos a terceras personas. Ese es un tema que si lo tratamos como hemos tratado a los expresidentes Saca y Funes, tendríamos que estar viendo en futuro próximo procesos judiciales contra funcionarios de este gobierno. Sí hubo cambios en cuanto al FMLN y Arena en cuestión de práctica, porque la corrupción de Arena fue una corrupción más vinculada al sector empresarial y las manifestaciones de esta corrupción tenían que ver con privilegios fiscales, tenían que ver con concesiones, contratos. La corrupción del FMLN, aunque tiene que ver con todo esto, está caracterizada por un resurgimiento del nepotismo, que ciertamente no fue la marca característica de Arena, entre otra corrupción patrimonialista, en la que el funcionario llega al cargo y cree que puede tomar una serie de decisiones para favorecer a sus amigos y familiares.

¿Hubo un uso correcto de la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿O quedan deudas de parte de los gobiernos del FMLN?

Particularmente lo de acceso a la información es una cosa que hay que reconocer a estos gobiernos. Y, particularmente, aunque suene paradójico, pero al gobierno de Mauricio Funes. Muchas de las personas llegaron con esta mística: llevaban su idea de abrir todas las prácticas de rendición. Montaron toda una estructura. Pero, como el acceso a la información no solo es cuantitativo, nosotros en el país tenemos una taza de respuesta favorable alrededor de un poco más del 98 %. Ciertamente, lo cualitativo y lo difícil, lo que nosotros decimos “la frontera de la información” está en ese 2 %. Y en ese 2 % el FMLN ha sido sumamente oscuro, sumamente opaco y, digamos, no ha sido solo resistencia a dar información, sino encubrimiento; encubrimiento de prácticas corruptas. Porque no es solo la mentalidad de “no les quiero dar esa información porque considero que esa información no debe ser pública”. En el caso de muchas de las cosas que los gobiernos del FMLN denegaban información reservada era como una acción deliberada de encubrir.

Una de las cosas que se le criticó al FMLN es haber reproducido prácticas consideras no de un gobierno de izquierda; sin embargo, usted hace énfasis en el nepotismo. ¿Cree que hubo una lucha real del FMLN de evitar las contrataciones de familiares?

Es que, como son grupos, hubo grupos que sí, pero perdieron la apuesta o perdieron la batalla. Primero, hubo todo un esfuerzo en la Secretaría de Gobernabilidad, particularmente en la Subsecretaría de Coordinación del Estado, de crear esta nueva ley de la legislación de la función pública, que se le tomó con mucha seriedad. Se creó un proyecto, se hicieron mesas de diálogo con los sindicatos, se trajo asistencia externa, se hicieron diagnósticos y el proyecto de ley que se formuló es un proyecto de ley muy bueno. Hay otras iniciativas que se hicieron entre la Secretaría de Transparencia y la Secretaría Técnica de crear el portal de empleos públicos, precisamente, para que las contrataciones se hicieran en línea y otra serie de iniciativas más. Pero, por otro lado, estaban otros grupos, lamentablemente, vinculados a la dirigencia. Porque eso es bien claro: su lógica era totalmente contraria, colocar a su gente. Esto empezó con una cuestión de confianza. El FMLN tiene una visión bien patrimonialista del Estado, era una cuestión de colocar a gente en la que ellos confiaran y, pues, su concepto de confiar es que debían ser o militantes del partido o familiares. Y ahí se inició una serie de descomposición. Cuando uno revisa las cifras de cómo creció el empleo público, por ejemplo, en el año 2010 uno ve las gráficas, uno ve una curva súper empinada de cómo ese año se engordó terriblemente el Estado. Y se engordó no porque no haga falta personal en el Estado, porque hacen falta maestros, hacen falta médicos, pero se engordó básicamente con militantes y familiares de los funcionarios, porque el FMLN operó como operaron, yo no diría Arena, sino como operaron PDC y PCN cuando estuvieron en el gobierno, que la forma de recompensar a sus grupos de apoyo, a sus militantes, a sus cuadros era generarles un espacio en el sector público, un empleo. Y esa fue la lógica que utilizaron. Y por eso las estadísticas, y los casos, revelan esa fuerte descomposición que hubo en materia de empleo público durante los mandatos del FMLN. Y eso sí, yo me atrevería a decir que hubo un retroceso con respecto a Arena, porque Arena no era su prioridad el empleo público: su prioridad eran los contratos, las concesiones, todo lo que tenía que ver a nivel corporativo, favorecer a empresas.

Julia Gavarrete entrevista a Jaime López, de Funde-Alac. Foto/Ezequiel Barrera

¿Han podido documentar casos como los que menciona de cómo se engordó el Estado?

Tenemos las cifras, pero de ahí lo que está comenzando a salir es como el trabajo que se hizo de Relaciones Exteriores.  Pero todavía es una tarea pendiente. Igual, no se trata de descalificar a las personas por ser militante, lo que pasa es que no puede ser ese el criterio para contratar ni mucho menos para mantener a una persona acá. Por ejemplo, se estableció algo que era una institución del pasado: los descuentos en planilla de partido, que si uno pregunta a las personas mayores, eso existía en tiempos del PDC y PCN. Durante los gobiernos de Arena había sido algo totalmente superado. Ese vínculo del empleado público con el partido, que se materializaba en el descuento de planilla, era una institución que prácticamente había desaparecido. Con el FMLN volvió a establecerse. Yo creo que una fuente de información de cómo creció eso son los descuentos en planilla de la militancia y ahí se tendría que reflejar.

Usted menciona todos estos anteproyectos de ley que no han pasado y se encuentran todavía frenados, pero, ¿son suficientes las leyes para combatir estas prácticas?

La ley es una herramienta, pero realmente es una cuestión de lo que llamamos “la profesionalización del servicio público”, que en varias áreas existe, porque también no es que no exista. Aún dentro de la misma Presidencia de la República uno compara oficinas, como la Secretaría Técnica y compara otras oficinas dentro de la Presidencia y su tipo de personal es totalmente diferente el perfil: más profesional, con una visión mucho más independiente, no tan partidaria. En otras áreas, como este medio que tiene “Transparencia Activa”, que es un medio directamente de propaganda. La idea de la profesionalización igual no tiene nada que ver con que la persona sea militante, eso no hay ningún problema, pero es que la persona llega al cargo con base en un concurso, con base en un perfil definido del tipo de persona que anda buscando y son personas que hacen carrera dentro del servicio público. Se siguen formando en el área. El Estado le sigue apoyando para que reciban capacitaciones. A mí me gusta poner el ejemplo del área del clima del Ministerio de Medio Ambiente que uno ahí observa claramente la carrera del servicio público. Son personas que dedican su vida para especializarse en esa función que el Estado presta.

¿Se evitaría, incluso, que en cada cambio de gobierno haya tanto movimiento de personal?

Sí, porque es que las funciones del Estado son tan especializadas y se requiere personas con toda una trayectoria. En el sector público son funciones totalmente diferentes, son funciones muy especializadas. Aún en las que son más masivas, uno piensa en el médico que puede tener su grado de especialidad, pero el médico comunitario, el médico que atiende en un hospital, como en el Hospital Bloom, es personal súper especializado. Y ya luego uno comienza a transitar a otras áreas, como el servicio exterior, las personas que prestan los servicios de justicia, las personas que diseñan las políticas educativas. Parte de la explicación de por qué los servicios públicos son tan deficientes es, precisamente, porque no hay personal de carrera.

Existen 85 casos de denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental correspondientes a los años 2014 a la fecha. Son denuncias activas de nepotismo. En casos como los del servicio exterior, como los de la procuradora de Derechos Humanos, ¿debería de haber un segundo nivel de investigación que vaya más allá del nepotismo?

Lo que pasa es que tradicionalmente el nepotismo en El Salvador se ha considerado como una falta leve en lo que se puede claramente tipificar como nepotismo. La legislación es totalmente inadecuada, la concepción que tiene la gente de nepotismo porque asumen que hay una relación directa de nombramiento y eso en términos reales no pasa. ¿Por qué? Porque lo que se considera nepotismo es que el funcionario nombra o favorece con un movimiento de personal a uno de sus parientes directos ya sea en segundo o cuarto grado de consanguinidad. Y esa es la concepción que tiene la legislación: asume que es el funcionario el que firma el nombramiento, el que lo nombra y que hay una relación de dependencia directa entre uno y otro, pero eso en la práctica no ocurre así porque las instituciones públicas, para empezar, son mucho más complejas que eso. Y, segundo, si está dicha así la ley, es tan fácil evadirla. Con este tipo de legislación lo que realmente ocurre es que yo busco colocar a mis parientes o mis hijos en otra institución en la que yo no trabajo. Entonces, estos casos, en nuestro país, son tan difíciles de tratar porque la legislación es inadecuada, casi ridícula. Difícilmente puede pasar a otro nivel, porque no existe una regla que conciba correctamente el nepotismo y que los castigue. La práctica cotidiana del nepotismo es que los familiares se favorecen en otras instituciones y son a través de una serie de intermediarios. Nunca hay un vínculo directo entre el funcionario o el diputado y la persona que resulta nombrada en algún ministerio o dependencia. Con la legislación actual no es posible, ni siquiera, tipificar eso como nepotismo, mucho menos lograr una sanción en alguna instancia. Realmente lo que es necesario es una reconceptualización del nepotismo o el amiguismo. La concepción que tiene el salvadoreño de nepotismo es correcta, pero la que tiene la legislación es obsoleta, insuficiente y hasta ridícula.

Jaime López explica su análisis sobre el nepotismo en los gobiernos del FMLN. Foto/Ezequiel Barrera.

¿Hay otros países con una legislación que sirva de ejemplo?

Sí, los países que ranquean más alto en medidas contra la corrupción: Chile, Uruguay o aún Costa Rica tiene reglas más fijas en cuanto a nepotismo o amiguismo. En el caso de Chile no solo son familiares, amigos, sino que excluye a socios de negocios o quienes tienen relaciones comerciales.

En  2015, el presidente electo Bukele tuvo una sanción por la contratación de su hermano al frente del instituto de deportes en la alcaldía de San Salvador. En este caso, tenemos a un presidente electo sancionado con $2,517 por el Tribunal de Ética Gubernamental por contratación, aunque fue a Ad-honorem, de un familiar. ¿Qué podemos esperar, entonces, de un presidente que ya fue sancionado por esta práctica?

Creo que él ha dejado ya bien claro su mentalidad en ese tema, y él tiene exactamente la concepción tradicional-patrimonialista del Estado. Ahora, fíjate que cómo son, ¿cómo diría yo esto…? Las ideas torcidas. Y con esto no quiero hacer un juicio total, pero en relación con esto del nepotismo, él sí tiene una idea bien torcida de lo que es el Estado y de lo que es el servicio público. Él lo que justificó en su momento es que el nombramiento de su hermano era Ad-honorem, pero es cierto, está la cuestión del dinero, del salario. Lo delicado en todo esto es la función pública: la persona que se nombra va a empezar a tomar decisiones. Y, en la medida que es un familiar, un pariente o un amigo, la principal característica del servicio público, que es la imparcialidad, se pierde. Ese es el principal daño. A veces las personas piensan que el daño del nepotismo o del amiguismo es el salario que va a recibir la persona. Pero, no, el principal daño son las decisiones o actuaciones que van a comenzar a tomar esas personas ya en el cargo y que lo primero que van a perder es la imparcialidad, porque son personas que están ahí para cuidarle los intereses a sus parientes o a sus amigos. Segundo, como no tienen competencias, muchas veces estas personas van a ser negligentes en el ejercicio de su cargo y comenzamos ahí con la parte más delicada: van a comenzar a afectar los derechos a un montón de personas. En el caso del presidente electo, yo creo que ya demostró que el nepotismo es válido y que es una práctica aceptada. Es preocupante, porque en la idea del presidente, quizás, la idea de la carrera, el servicio civil y competencias no están claras. Yo creo que es preocupante y hay que señalarla, y con todo el apoyo que uno pueda darle por ser un nuevo gobierno, toda la colaboración que uno pueda ofrecer, pero tiene que señalar que él en esa parte, sus concepciones, son sumamente tradicionales. No parecen las de una persona joven. Así como digo yo: el caso del Frente yo lo relaciono mucho con el PCN de los años 60s, 70s y el PDC de los años 80s.  Y en este caso de nepotismo y amiguismo, al presidente electo yo lo pondría en esa misma comparación. Y él, como digo,  lo libera con decir: “lo pongo a Ad-honorem, yo tengo el dinero para pagarle”, pero no: el problema es el servicio público, la imparcialidad, la competencia de esta persona para ejercer el cargo, si va a tener todo el grado de especialidad que se requiere. Y, como lo hemos hablado, el servicio público es altamente especializado.

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