La Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso varias sentencias que debía cumplir el Estado salvadoreño en relación a la masacre del cantón El Mozote, departamento de Morazán. Dichas sentencias no se han cumplido en su totalidad por parte de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la Republica (FGR).


Por Marvin Díaz

Uno de los crímenes más atroces que El Salvador ha experimentado como país fue la masacre del cantón El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán, al oriente salvadoreño. Este y otros cantones aledaños que fueron arrasados por el batallón Atlacat entre los años de 1980 y 1981; las acciones represivas tenían como objetivo reprimir a la fuerza insurgentes de la guerrilla.

Marta, una sobreviviente de 59 años de edad de piel morena y de estatura alta, hace memoria de los trágicos momentos que tuvo que vivir a sus 25 años en el canto Bolívar la montaña, ella junto a 25 familias, sufrieron el calvario en el año 1980. “En este tiempo comenzaron a sacar gente, las amenazas y nos decían: algún día ustedes no van a estar acá por lo que vamos a sacar”, dijo Marta.

El 8 de Marzo del 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un expediente con contra del Estado salvadoreño por el genocidio ocurrido en El Mozote y lugares aledaños por parte de escuadrones de la Fuerza Armada. La comisión concluyó que el Estado salvadoreño era responsable de las múltiples violaciones ocurridas y atribuyó como principal protagonista al Batallón Atlacatl durante la época.

A esto se le unen las conclusiones que hizo la Comisión de la Verdad ante el caso de El Mozote que comprobaban que el 11 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl dieron muerte de manera deliberada y sistemática a hombres, mujeres y niños, los cuales un día anterior los habían sometidos.

Continua Marta con su testimonio “Uno no quería abandonar su hogar, porque uno tenía algo sencillito por eso no queríamos dejar nuestras cositas, además no tenía dónde irnos. En la hacienda el Carmen iniciaron los desalojos, la gente corría para otros cantones para no perder su vida”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos promulgó diversas sentencias para que el Estado salvadoreño pueda profundizar en el caso de la masacre de El Mozote y cantones aledaños. Algunas sentencias buscan investigar, identificar y juzgar a los responsables de las violaciones ocurridas en El Mozote; asegurar que la ley de amnistía no obstaculice los procesos sancionatoria para los culpables y establecer las condiciones necesarias para la exhumación e identificación de resto para que puedan ser entregados a sus familiares.

Eduardo García, director de Pro Búsqueda aseguró que “cuando se presenta una sentencia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque hay ausencia de justicia en el país”. Mencionó además que “la justicia salvadoreña no quiere que se identifique los hechores y de los hechos que cometieron”, expresó García.

Marta aún recuerda aquel años fatídico de 1981. “Para este año inició  el operativo Tierra Arrasada, allí terminaron con todo; niños, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos, hombres, todo. Yo y unas pocas familias logramos huir de ese lugar porque o sino no estuviéramos aquí”

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, considera que “la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la Republica (FGR) y los tribunales que han conocido el caso, han violado la Constitución del país y se han negado a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, comentó Morales.

Morales culpó a la Ley de Amnistía por ser un obstáculo de derecho impidiendo el procesamiento y el acceso a la justicia de las víctimas. El procurador hizo fuerte señalamientos a la actual fiscalía y específicamente al fiscal, Luis Martínez, por ignorar las pruebas científicas y testimoniales acerca del caso El Mozote.

Según el representante de la PDDH, la Fiscalía intentó exhumar los restos de una forma inadecuada y sin atención psicosocial a los sobrevivientes, no tomaron en cuenta a los familiares para dichas exhumaciones. A esto se le suma los impedimentos de trabajo de experto en antropología de medicina forense de Argentina.

Por otra parte el procurador solicitó al fiscal, Luis Martínez “que se pronuncia y pida la nulidad de la aplicación de la Ley de Amnistía y seguir con la investigación con las pruebas forense de hace más de 10 años que están en el juzgado de San Francisco Gotera” exigió el procurador.

Ley de Amnistía General de 1993, que dio por cerrado el conflicto interno, la cual impide que se castigue a los autores de grandes violaciones de derechos humanos en el conflicto armado

Ovidio Mauricio González, representante de Tutela Legal, considera que el nivel de cumplimiento de estas sentencias son muy pocos “la fiscalía no toma en cuenta los testimonios y traumas de las personas sobrevivientes y no están trabajando bajo los estándares de investigación que exigen los derechos internacionales”

Marta concluye exigiendo justicia “Nosotros lo que queremos es justicia, porque yo salí con un gran temor junto con mis tres hijos y mi esposo de ese lugar. Nosotros lo que buscamos que no vuelva a ocurrir porque sentía temor al hablar”, concluyó Marta.

A 34 años del genocidio en el cantón El Mozote, muchas de los familiares de las victimas piden justicia y apliquen todo el peso de la ley a todas aquellas personas que estuvieron involucrados en  la masacre de casi 1,000 personas en la zona oriental del país.

 

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