La "negligencia" del MARN permitió la construcción en Tacuscalco

La jueza ambiental de Santa Ana dijo, en una resolución de marzo pasado, que el Ministerio de Medio Ambiente actuó "irresponsable y negligentemente" ante la construcción de una residencial que la empresa Fénix hizo en Nahuilingo, exactamente en una zona que había sido declarada como patrimonio cultural y que se conoce como Tacuscalco. El Ministerio, según la jueza, entró en contradicciones: primero emitió una serie de medidas para suspender el proyecto y luego levantó la suspensión. Fénix nunca obedeció y siguió construyendo aún cuando las medidas estaban vigentes. No solo continuó construyendo, sino que finalizó la obra. Las medidas nunca fueron un obstáculo para que Fénix dejara de construir. El viceministro de ambiente dijo a GatoEncerrado que urge una reforma a la Ley de Medio Ambiente para castigar severamente a los infractores.

Por Marvin Díaz

La empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. ejecutó un proyecto urbanístico de 603 viviendas, denominado “Acrópolis Sonsonate”, sin los permisos ambientales válidos y correspondientes. La residencial se convirtió en una amenaza ambiental y destruyó parte de un sitio arqueológico llamado Tacuscalco, que había sido declarado como patrimonio cultural en 1999. La jueza ambiental de occidente, Norma Lemus de Milla, señaló que la construcción ocurrió por la “irresponsabilidad y negligencia” del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y también por la desobediencia de la constructora ante la suspensión que ordenaron las autoridades, según una resolución -sobre las medidas preventivas- que emitió el 27 de marzo de 2019. El viceministro de medio ambiente, Ángel Ibarra, admitió ante GatoEncerrado que el ministerio pudo haber incurrido en una “falta, lapso o vacío” en el caso.

La resolución de la jueza, con número de referencia MC: 04-18-4, a la que tuvo acceso esta revista, detalla las violaciones que cometió Fénix al construir “viviendas modernas” en Nahuilingo. Una de esas es que Fénix “no acató las medidas preventivas del MARN”. Las medidas ordenaban, entre otras cosas, la “suspensión inmediata del proyecto urbanístico”.

Las medidas, emitidas por el MARN el 10 de abril de 2018 en el acuerdo N 112, tenían por finalidad “reducir el impacto negativo causado al medio ambiente” por parte de la empresa, sobre todo en el río Ceniza. Cuatro meses después, el 4 de julio de 2018, los técnicos del ministerio se dieron por satisfechos y en una resolución, con número de referencia MARN MP N 006-2018, especificaron que el complejo habitacional tenía “por cumplidas las medidas preventivas: uno, dos, tres y cuatro”, que se referían a la suspensión inmediata de las obras del proyecto, sacar la maquinaria y solventar procedimientos administrativos. Esa resolución de cumplimiento de medidas no era equivalente a un aval o a un permiso para continuar con las obras. Fénix, no obstante, continuó construyendo.

Técnicos del MARN inspeccionaron, el 15 de febrero de este año, el terreno de construcción de Acrópolis. En la expedición se sorprendieron al encontrarse con el “funcionamiento del proyecto”, es decir con la obra terminada. Observaron que las condiciones del lugar eran diferentes a la primera inspección realizada el 4 de abril de 2018. Y concluyeron que la ejecución de la residencial fue paulatina y que incluso algunas viviendas ya están habitadas.

El informe que hicieron, luego de esa inspección con la referencia MARN-DEC-GEA-8419-445-2019, establece que la urbanizadora “nunca suspendió el proyecto” y que finalizó las obras. Fénix, incluso, ya comercializa las nuevas residencias en redes sociales.

Los modelos de vivienda que Acrópolis Sonsonate promociona en Facebook son el modelo Grecia y Atena: ambas cuentan con 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y área verde.

La jueza ambiental, en su análisis, cuestionó la decisión del MARN de darse por satisfecho y emitir una resolución de cumplimiento de medidas, sin explicar con claridad los criterios utilizados para esa decisión. La jueza también calificó de “contradictoria” la sorpresa que los técnicos del MARN dijeron tener al ver las obras terminadas, ya que parte de su trabajo era verificar -en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC)- que las obras no se ejecutaran sin un permiso ambiental correspondiente. Asimismo señaló que la resolución sobre el cumplimiento de medidas no le fue notificada “en su debido momento”, por lo que ignoraba la situación.

“Es contradictorio por un lado tener por cumplidas las referidas medidas y por otro que se diga que no se cumplió con las mismas (al ver las obras terminadas) y que además no cuentan con el permiso ambiental”, resaltó la jueza en su resolución.

Fénix S.A. de C.V.

Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. fue constituida como constructora el 21 de marzo de 2014, según documentos en el Centro Nacional de Registro (CNR) y tiene nexos con la constructora Salazar Romero. Se dedica a “construir, promover, desarrollar, impulsar y comercializar en el país o en el extranjero toda clase de proyectos”.

El apoderado general judicial de Fénix es Francisco Rodolfo Bertrand Galindo, quien en múltiples ocasiones ha sido vocero de la empresa en medios de comunicación. El historial de Bertrand señala que estuvo al frente del Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia de Seguridad Pública en el gobierno de Arena, del expresidente Francisco Flores (1999-2004).

Ante el caso, Bertrand Galindo le dijo a ElFaro que la empresa no construyó en el área protegida y que Fénix no siguió construyendo en la zona donde el MARN dijo que no se podía: “Lo que se estaba construyendo quedó tal como se encontraba al momento de la suspensión, pero en todo caso nada en el área de protección (Tacuscalco)”.

Bertrand también dijo en una entrevista de televisión, en el canal 21, que Fénix contrató dos arqueólogos para determinar específicamente qué lugar era el protegido culturalmente para no construir y dejarlo como zona verde.

Defensa del MARN

El viceministro del MARN, Ángel Ibarra, explicó a GatoEncerrado que Fénix siguió construyendo luego de la suspensión del proyecto habitacional y a pesar de que hubo una medida preventiva para que no lo hiciera. El funcionario señaló que la empresa detuvo las obras en un primer momento, pero luego fueron retomadas.

Ibarra admitió que en las contradicciones, señaladas por la jueza ambiental en su resolución, hubo un “vacío o falta del ministerio” al quedarse sin imponer nuevas medidas preventivas en contra de Fénix, para evitar que la construcción se ejecutara.

“Es ahí donde pudimos haber tenido un vacío, un lapso, una falta de parte del ministerio de no haber vuelto a subrayar el cese de las actividades constructivas”, dijo el funcionario.

El viceministro también negó que en el caso haya ocurrido una “irresponsabilidad y negligencia del ministerio”, como señaló en su resolución la jueza. Ibarra agregó, ante esta revista, que el MARN “no pretende excusarse”, sino explicar su versión.  

El funcionario dijo que el país experimenta una “débil institucionalidad ambiental” y agregó que el MARN no puede multar a los infractores ambientales porque el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en agosto 2015. Desde entonces, el artículo es estudiado para su reforma en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.

“Aquí (las empresas) hacen el cálculo y si la multa ‘me sale más barata que la obra’, pagan la multa. Tenemos una Ley de Medio Ambiente de 1997”, dijo Ibarra para indicar que urge una reforma.

Fénix también desobedeció a Cultura

La constructora no solo infringió las medidas preventivas del Ministerio de Medio Ambiente, también transgredió la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. El artículo 8 de esa ley habla sobre empresas que ponen en peligro bienes culturales y las medidas que deben respetar para conservar el patrimonio.

El proyecto urbanístico, según el Ministerio de Cultura, dañó el sitio arqueológico Tacuscalco-Los Cerritos, que fue declarado bien cultural el 14 de mayo de 1999, bajo Acuerdo Ejecutivo N15-0583. Esto luego de que arqueólogos advirtieron que debajo de los cañales de esa zona había vestigios culturales.

La Secretaría de Cultura de la Presidencia, hoy Ministerio de Cultura, notificó a Fénix la suspensión del proyecto de forma inmediata por el incumplimiento a la ley. El mandato se conoció el 26 de enero de 2018, siendo firmado por la Directora General de Patrimonios Culturales y Naturales, Irma Flores. Fénix desobedeció y siguió construyendo.

Bertrand Galindo, en defensa de Fénix, dijo en una entrevista de canal 21 que en esa zona “por años han ingresado pesados tractores y rastras para preparar la tierra y sacar el producto de la caña” y que nadie se había pronunciado al respecto, sino hasta la construcción del proyecto urbanístico.

El caso por supuesta desobediencia a particulares, cometida por Fénix, ya fue judicializado. En abril del año pasado, el caso fue enviado a la fase judicial de instrucción.

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