Mauricio Ramírez Landaverd- Foto/Internet
De acuerdo a una resolución emitida esta tarde (25 de enero), el exdirector policial y ahora ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que no había capturado a los exmilitares implicados en el asesinato de los padres jesuitas de la UCA en 1989, porque “debía consultarlo primero con la Corte Suprema de Justicia”, cuando la Policía no está supeditada a la Corte.
Por Redacción Gato Encerrado
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), emitió una resolución en la que establece que el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), y ahora ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, violó la Ley de la PDDH al desatender la recomendación dictada mediante resolución del 5 de enero de 2016, de proceder sin dilaciones a la captura de los militares imputados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y sus dos colaboradoras, emitida por el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España; ni haber informado sobre los motivos para no adoptarla.
En dicha resolución se establece que la respuesta de la PNC con respecto a tal recomendación, en la que expresaba que consultaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el criterio aplicable para proceder o no a la captura de los imputados, resulta insatisfactoria, debido a que la Policía no puede supeditar su actuación en este caso, a la respuesta que le provea un ente distinto a la estructura a la que está adscrita.
“Si bien las actuaciones de los órganos del Estado salvadoreño deben atender las líneas jurisprudenciales en lo concerniente a su ámbito específico de atribuciones, no pueden supeditar tales actuaciones a consultas previas que no están previstas constitucionalmente, pues con ello se atenta contra la independencia de poderes”, ha expresado el Procurador de Derechos Humanos, David Morales.
En la resolución emitida, la PDDH no solamente solicita a la PNC informes del porqué de su incumplimiento a la ley, sino también que proceda con prontitud al cumplimiento de las órdenes judiciales establecidas por la Audiencia Nacional de España para la captura de los exmilitares implicados.
Asimismo, David Morales, ha recomendado al nuevo director de la PNC, Howard Cotto, que proceda de inmediato y sin dilaciones, a la captura de Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides Romero, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Oscar Alberto León Linares; en cumplimiento de las órdenes de detención internacional libradas por el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional del Reino de España, a quienes en la actualidad se les imputan delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López; así como sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, fueron ejecutadas extralegalmente dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989.
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