Solicitan al ente regional de derechos humanos, le pida explicaciones a El Salvador por descontrolado uso de pesticidas y crecimiento del monocultivo de caña de azúcar, en un país agrícola con alto número de muertes por insuficiencia renal por agroquímicos


Por Mario Beltrán

Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) pidieron este 7 de septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presione al Estado salvadoreño por su pasividad en la legislación y control del uso de plaguicidas y el descontrolado crecimiento del monocultivo de caña de azúcar que según denuncian, no se traduce en un aporte significativo en el aumento de la productividad de cultivos como los granos básicos en el país. Además, le pidieron al ente rector de derechos humanos en la región, que investigue el asesinato de ambientalistas asesinados en El Salvador.

De acuerdo con la UNES, es en la época de 1960 cuando aumenta la producción del monocultivo de caña de azúcar en un 43% y, es entre 2001 y 2011 que aumenta en un 30% más. Según datos de dicha ONG, el cultivo nacional de caña de azúcar actualmente ronda las 108,427 manzanas molidas (zafra 2014-2015) y en la zona Marino Costera el cultivo asciende a 52,000 Manzanas.

Señalan que El Salvador es uno de los países que ha ido aumentando la utilización de plaguicidas, destacando por la intensidad en el uso de fertilizantes, lo que lo ubica, de acuerdo a la CEPAL, muy por encima del promedio latinoamericano y entre las cuatro naciones de la región que mostraron mayor recurrencia en su consumo.

Este problema ha sido retomado por el Relator Especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU, Léo Heller, quien ha señaló su preocupación por la calidad de las aguas en El Salvador. Ello, principalmente, derivado del uso no controlado de agroquímicos en actividades agrícolas.

 En su informe final de misión realizada del 11 al 18 de mayo de 2016, con mucha precisión al respecto acotó: “Hay un conjunto importante de preocupaciones en cuanto a potenciales peligros que pueden afectar la calidad del agua para consumo humano. Informaciones fueron transmitidas por diversas personas durante la visita sobre la utilización no controlada de agroquímicos en las actividades agrícolas, incluso algunos prohibidos en otros países, que usualmente son pobremente removidos en las plantas de tratamiento del agua”.


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Ese mismo año (2016) el entonces procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, emitió un informe sobre el uso de agrotóxicos y el impacto en los derechos humanos.Este informe da seguimiento a expedientes abiertos desde el año 2000 por los impactos en la salud en el Bajo Lempa, sobre la base de denuncias de graves afectaciones a la salud; principalmente casos de enfermedad renal crónica asociada con el contacto con herbicidas y plaguicidas utilizados en el cultivo de algodón décadas atrás.

La UNES plantea en su denuncia que el uso extensivo y abusivo de agrotóxicos está impactando en la salud de la población salvadoreña, según la red de hospitales, la cual reportó en su Informe de Labores 2011-2012 del Ministerio de Salud (MINSAL) que la insuficiencia renal crónica terminal constituyó la tercera causa de muerte en personas adultas de ambos sexos, siendo la primera causa en hombres y la quinta en mujeres, con 12.6 % de letalidad hospitalaria.

Asimismo, lamenta que a la fecha, no se vislumbran acciones encaminadas a prohibir el uso de agrotóxicos, a pesar de que muchos de los que se utilizan están prohibidos en otros países, acá se veden sin ninguna restricción.

 

Por lo que ante lo que denominan una pasividad estatal en el tema, piden a la CIDH que solicite informes al gobierno de El Salvador sobre sus políticas públicas y regulaciones en materia ambiental, de salud, manejo de agrotóxicos, medios de vida sostenibles que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, y que presenten indicadores específicos sobre cada uno de estos derechos y sobre los habitantes de las zonas en donde se desarrollan monocultivos.

Además piden que la CIDH realice análisis y emita recomendaciones al Estado de El Salvador para que cumplan con su deber de protección de la vida.

Asimismo, piden que la Comisión emita un informe sobre el cumplimiento de los estándares Inter americanos por parte de los Estado Salvador en materia de soberanía alimentaria, derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano.

También, que al emitir su informe, solicite al Estado de El Salvador presentar informes periódicos a fin de evaluar el avance en las recomendaciones; le solicite promueva el cese a la expansión de la agroindustria de los monocultivos que atenta contra derechos humanos y la forma de vida de pueblos indígenas, mediante políticas públicas claras agrarias, económicas y fiscales.

También piden que solicite al Estado de El Salvador investigar las denuncias presentadas por líderes y lideresas comunitarias por asesinatos, amenazas, contaminación industrial, contaminación del medio ambiente, deforestación, despojo de tierras, contaminación y desvíos de ríos, conflictos laborales en el marco de las actividades de la agroindustriales.

Entre los casos más destacados están los asesinatos de Dora Alicia Recinos, Ramiro Rivera Gómez y Marcelo Rivera, miembros del Comité Ambiental del departamento central de Cabañas, quienes se oponían a proyectos de explotación minera.


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Por último, la UNES pide a la Comisión, a través de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como los relatores de país, visite el país para constatar la situación descrita y genere un informe en materia de agrotóxicos, monocultivos y sus impactos en los derechos humanos.

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