Foto/Archivo Gatoencerrado

Los centros penales de Mariona y Sensuntepeque son los que más denuncias reportan. Privados de libertad LGBTI denuncian violación de derechos humanos, agresiones sexuales, Bullyng, negación de accesos a educación, derecho a la religión y mala alimentación, insalubridad, negaciones a controles médicos o seguimiento en operaciones específicas en caso de complicaciones en modificaciones corporales

Por redacción Gatoencerrado con informes de Menly Cortez, julio Rivas , Cricia Durán , Ligia Cornejo,  Alejandra Rodríguez, Sandra Aguilar, Clanci Rosa y Korayma Chicas*

David* (nombre ficticio) estaba a unos cuantos días de terminar su condena y aceptó relatar cómo al interior del Centro Penal “La Esperanza, conocido como “Mariona”, alrededor de cuatro agentes custodios sacaron a Diego Alejandro García Alvarenga, mujer trans conocida socialmente como “Yeimi García Alvarenga”, al pasillo del sector uno donde estaba su celda, para esposarla a un balcón, despojándola completamente de su ropa y golpeando sus senos implantados hasta mutilarle uno de ellos, —yo vi la sangre—, dice David.

Durante la tortura observó cómo los custodios chachajeaban (cortaban) su cabello largo con unas tijeras que se utiliza para cortar césped.

David contó que los actos de violencia se dieron toda la noche del 26 de julio de 2015, hasta las seis de la mañana del día 27 de ese año, que agentes custodios lo trasladaron al sector dos, lugar donde David conoció en palabras de Yeimi el infierno que ella vivió en el sector uno, ordenados presuntamente por el director del penal, Elmer Guerra.

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El testigo clave, David, de piel morena, delgado y con una mirada de desconfianza, cuenta que esa no es la única tortura que se puede llegar a vivir en un centro penal sobre todo con un director que tiene una trayectoria difícil de entender, en el sentido que ha estado en tres centros penales y donde se han reportado presuntas irregularidades con los internos.

Según David, con la llegada de este director a mediados de 2015, se incrementaron una serie de violaciones como cortar el agua, la electricidad, encerrar reclusos en ciertos sectores sin dejarlos salir en 15 días, prohibir visitas familiares, pero lo más indignante es la entrega de la comida. “Algunos días nos daban los tres tiempos hasta la noche, la comida ya estaba en descomposición’’, relata David con cara de asco al recordar lo que vivió en los últimos días de su condena.

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Cuando se termina una condena, una de las preguntas que surgen es ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo la sociedad salvadoreña en realidad me hará sentir que terminé mi condena?, un reo al salir de prisión tiene pocas probabilidades de encontrar un trabajo formal, tomando en cuenta que en El Salvador la comunidad LGTBI tienen altos índices de discriminación en áreas laborales,

De acuerdo con Karla Avelar, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) la situación actual de la población LGBTI en los centros penales salvadoreños es precaria y más vulnerable, a diferencia de los demás reos.

 

“La situación de los privados de libertad es precaria y no se excluye a la población LGBTI. Viven en situación de vulnerabilidad total y en exposición a violación de los derechos humanos, con el agregado que a la población Trans y LGBTI les suman las agresiones sexuales, el Bullyng, la negación de accesos a otros derechos como la educación, derecho a la religión y mala alimentación”, expresa Avelar a Revista Gatoencerrado.

Revela que al momento se contabilizan cerca de 12 denuncias de mujeres trans que señalan insalubridad, negaciones a controles médicos o seguimiento en operaciones específicas.

“Por ejemplo en operaciones como algunas que presentan problemas por hormonización artesanal, es decir, que se inyectaron en algún momento aceite o sustancias ilícitas en su cuerpo y que ahora presentan problemas graves de salud. Esas situaciones no están siendo atendidas por el Ministerio de Salud”, señala Avelar.

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Los centros penales que más denuncias reportan son el Centro Penal de Sensuntepeque y Mariona. No obstante, las denuncias son extraoficiales, es decir, no hay nada más que una queja verbal debido al estricto control en los centros penales.

Karla y COMCAVIS TRANS realizan talleres al interior de centros penales y es ahí donde la población LGBTI “aprovecha” a denunciar los tratos y el drama que viven a diario.

“A nosotras se nos dificulta por el tipo de registros que realizan, tomar una denuncia y sacarla porque de ahí no puede salir un papel sin autorización del director”, advierte Avelar.

Políticas de beneficios a LGBTI

 Karla Avelar si bien lamenta la situación de la comunidad LGBTI dentro de las cárceles salvadoreñas, afirma que también se trabaja en políticas de beneficio a este sector en coordinación con autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad.

“Hay mesa de diálogo para crear una política con el Ministerio de Justicia y Seguridad que incluye a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) pero aún resta materializarse”, expresa.

 En esta primera etapa depende del apoyo técnico, cabildeo político, recursos financieros, entre otros, para desarrolla la política que impulsa Karla y COMCAVIS, un trabajo que suma y a su trayectoria de defensora de los derechos LGBTI y por la que ha sido nominada a ganar un premio internacional.

Karla señala también los desafíos del sector penitenciario hacia este sector como la mejora de la situación de condiciones estructurales para dignificar los cumplimientos de condenas, el trato en materia de salud y la protección que este sector debe tener al interior de las cárceles salvadoreñas. Solo penal de Sensuntepeque cuenta con un sector diferenciado, el resto de centros penales tiene población LGBTI y cumplen sus penas junto al resto de privados de libertad

De hecho, ya han denunciado en 2013 ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de privados de libertad LGBTI, sin embargo la DGCP tiene una postura de apertura al tema, pero según Avelar,  la materialización de beneficio para el sector no son suficientes.

En cuanto a la reinserción social, la defensora de los derechos LGBTI también pone el dedo en el reglón y denuncia que si bien para los que están en libertad es complicado acceder a un empleo, es aún más difícil para quien sale de prisión.

“Por parte del Estado no hay ningún tipo de apoyo que permita que estas personas puedan tener una reinserción tanto laboral como social y familiar. No hay mecanismo de preparación o talleres que permitan que puedan recuperar estabilidad. La poca estabilidad o apoyo viene de ONGS”, dice.

En tanto, el Estado salvadoreño implementa el programa “Yo Cambio” que busca terminar con el ocio carcelario y preparar a los reos previo a recuperar su libertad para que salgan con capacidades y puedan reinsertarse laboralmente, algo que según Avelar, la población LGBTI todavía se mira de lejos.

Las irregularidades en el trato a Yeimi continuaron, como el día en que gritaba —mamá, mamá sígame, me van a trasladar porque no me dejé violar—, palabras que confirmaron la noticia que vio la madre de Yeimi en una cadena de televisión internacional sobre la tortura que estaba viviendo.

Suerte o coincidencia, lo cierto es que su mamá estaba en el momento en que Yeimi era trasladada en un vehículo que no tenía las condiciones de seguridad que establece la Ley Penitenciaria.

Al cierre de este reportaje, se conoció de manera extraoficial que Yeimi, con quien inicia este texto, pidió ser trasladada nuevamente al penal de Mariona, sin embargo este medio no pudo corroborar esa información.

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*La historia de este reportaje se obtuvo de agosto a noviembre de 2015 en la materia Periodismo de Investigación II de la Universidad de El Salvador bajo la dirección de Gloribel Cabrera, docente de la materia. Autores: Menly Cortez, julio Rivas , Cricia Durán , Ligia Cornejo , Alejandra Rodríguez , Sandra Aguilar , Clanci Rosa , Korayma Chicas.