Estudiantes organizadas piden que las autoridades universitarias tomen decisiones bajo la luz de la Ley para una Vida Libre de Violencia en Contra de las Mujeres.
Por Wendy Hernández
Colectivos feministas y estudiantes de antropología, de la Universidad de El Salvador (UES), denunciaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió el jueves 28 de febrero, con 25 votos, devolver tres meses de salarios al docente José Boanerges Osorto Guevara, quien fue expulsado del campus y procesado judicialmente por agredir a una estudiante.
El CSU, según las estudiantes, argumentó que la decisión de reintegrar los salarios fue para evitar que Osorto tome acciones legales en contra de la UES, luego de haber sido sometido a un proceso de destitución antes de que su contrato terminara.
“(El CSU) muestra una indiferencia ante la realidad cotidiana violenta en contra de las mujeres salvadoreñas y que la retribución de salarios al agresor no es más que un mecanismo de legitimación de la violencia contra la mujer”, dijo Naomi Dueñas, representante de la Asociación de Antropología de la UES.
“No vamos a permitir que de nuestros impuestos se le pague a un agresor”, dice la feminista @eukeyca. #OjosEnLaUES
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) 1 de marzo de 2019
La Red Nacional de Mujeres Jóvenes contra el Patriarcado también exigió al CSU que deje sin efecto el acuerdo. Asimismo demandó que las decisiones de este tipo sean tomadas con base en la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia (LEIV).
“Llamamos a no dejarse amedrentar por grupos que desinforman y amenazan con fines perversos y encubridores de hechos violentos dentro de la universidad. Al rector, Roger Arias, lo llamamos a tomar una postura firme y encaminar a la universidad hacia la armonización de la ley interna con la LEIV”, expresaron las mujeres de la RED.
Las mujeres de la RED agregaron que el fiscal general de la UES, Rafael Humberto Peña Marín, brindó una recomendación al CSU “alegando de que no existían los argumentos legales y debido proceso para la suspensión del contrato del agresor”. Esto a pesar de que la víctima denunció al docente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cuenta con medidas de protección.
Lissania Zelaya, de Amorales Teatro, hizo un llamado para que las graduadas de la UES “se sumen a defender el espacio y para que las estudiantes puedan tener acceso a una educación digna y libre de violencia. Y a defender a las nuevas generaciones de estudiantes que con tanto esfuerzo pagan sus estudios y que por miedo abandonan la universidad”.
