29 de mayo, 2019

Las amenazas y las acciones violentas de pandilleros en contra de la familia de Esther provocó un desplazamiento forzado. Abandonaron negocios y viviendas para reinstalarse en otro lugar y comenzar de nuevo. La nueva vida no les duró más de un año: un operativo policial terminó en asesinato y provocó otro desplazamiento. Esta es la historia detrás de la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional de la CSJ para que el Estado salvadoreño reconozca el fenómeno y atienda a las víctimas.