Han pasado crímenes horrendos y al ejecutivo no parece que le cause alarma: Carlos Rodríguez

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Carlos Rodríguez, el procurador adjunto de derechos civiles e individuales, dijo a GatoEncerrado que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha intentado retomar el trabajo conjunto que tenía con el gobierno anterior en la Secretaría de Inclusión Social (SIS) para la defensa de los derechos de la población LGBTI, pero ha sido imposible. El nuevo gobierno aún no ha aclarado su estrategia en estos temas y tampoco ha instalado oficialmente la oficina que dará seguimiento a la extinta Dirección de Diversidad Sexual. 

Rodríguez también sostiene que la mesa de entendimiento entre la PDDH y las organizaciones LGBTI se disolvió por un malentendido y no por decisión de la exprocuradora Raquel Caballero. En esta entrevista dice que el nuevo procurador, Apolonio Tobar, está interesado en reinstalar esa mesa.

El adjunto lamenta que a pesar de los horrendos crímenes de odio que han ocurrido en los últimos meses, el nuevo gobierno no parece alarmarse y activar protocolos de atención y seguridad para la población LGBTI.

¿Puede contarnos cómo ve usted el panorama general de la población LGBTI en este año?

Absolutamente preocupante. El año comenzó muy mal, lamentando el último día del mes de enero el asesinato de una mujer trans, Camila Díaz. Este asesinato fue, inicialmente, manejado de pésima forma por nuestra autoridades. Las personas allegadas a ella comenzaron a hacer la búsqueda en el puesto policial de Zacamil y el agente policial que los atendió no les recibió denuncia ni hizo caso alguno del aviso. Según el protocolo, las primeras 24 horas en las que una persona está desaparecida son cruciales para lograr encontrarla con vida o para lograr evitar daños irreparables en su integridad personal. Sin embargo, la constante en la Policía Nacional Civil es que ellos no se activan a menos que no hayan transcurrido al menos 48 horas desde que una persona está desaparecida. En ese caso no se activaron y le dijeron que fueran a buscar a otras partes, como a los hospitales. Los familiares y los amigos concurrieron con la carga y con la búsqueda sin la ayuda de la policía. Tres días después, Camila falleció en el hospital Rosales. Sus amigas la encontraron como persona fallecida desconocida. En este caso hay tres policías detenidos y el caso está en etapa de instrucción.

*Los agentes involucrados en el caso son: Carlos Valentín Rosales Carpio, Luis Alfredo Avelar Sandoval y Jaime Geovany Mendoza Rivas son acusados de privación de libertad y homicidio agravado en contra de Camila Díaz. El caso termina su fase de instrucción el 17 de diciembre.

¿Cómo se llegó a esos tres nombres?

Porque identificaron, mediante cámaras de vigilancia en la zona, que son tres personas de la Policía Nacional Civil quienes la subieron y se la llevaron. Inicialmente dijeron que la iban a llevar a la casa, luego que andaba armando desorden y esa era la versión policial. Pero si andaba armando desorden pudieron haberla detenido y llevarla a una delegación policial. Al final, se la llevaron y cámaras captaron a la patrulla en las cercanías del Reloj de Flores. No tenían nada qué andar haciendo hasta allá abajo y luego la encuentran sobre la prolongación del Constitución, hacia el redondel Integración. La PDDH se sumó a las búsquedas e hizo intercambio con gente de Asphid Arcoiris y facilitó la entrega del cadáver, desde el Hospital a la Familia. En la fiscalía ya habían abierto el expediente como homicidio culposo, lo tenían como atropellamiento y la PDDH ya tenía información, con testigos en la zona, que la policía se la había llevado. Cuando alertamos a la fiscalía, se cambió a homicidio agravado y movieron su línea de investigación a otros puntos y así llegaron hasta la cámaras y otro tipo de información. El juez de la causa pidió el cambio de calificación y que sea agravado como crimen de odio, lo que nosotros señalamos como acertado. Pero debió ser la fiscalía la que lo hiciera.  Ese caso, en particular, es importante porque Camila ya antes había denunciado haber sufrido amenazas contra su vida. 

¿Cuándo denunció?

Denunció en 2014. En 2015 salió del país. En 2016 se asiló en México, intentó asilo en Estados Unidos pero se le denegó y regresó a El Salvador. En México, ella argumentó que no era viable su vida, porque a pesar de tener un estatus legal como asilada no tenía maneras de vivir, ni redes de apoyo o formas de armar un proyecto de vida viable.  Regresó finalmente en 2018 y en enero de 2019 sucede este incidente que da fin a su vida. 

Regresando, ¿Cómo describe la situación de violencia y acceso a derechos básicos de la población LGBTI?

Este año tenemos que lamentar dos casos graves, con todas las características de crimen de odio. Digo todas las características porque es la fiscalía la que debe hacer uso del tipo penal y solo lo ha hecho en uno de los casos. El otro caso es el de Anahy, que es una persona a la que la arrastraron desde un vehículo hace unas semanas y el otro caso que también es lamentable, el de Jade, que es una mujer trans activista y con mucho liderazgo en el área donde residía. Jade recibió una llamada, sale, deja su teléfono en casa y se la llevan en un vehículo y aparece luego muerta cerca del río Torola con una piedra atada a la cintura. Anahy fue arrastrada con lesiones graves en el cráneo. 

Particularmente, nos preocupa que con la disolución de la Secretaria de Inclusión Social, con la entrada del nuevo gobierno y la no sustitución con otras instancias, algunas acciones que eran conquistas con el anterior gobierno ahora se encuentran en el aire. No han perdido vigencia porque no han dejado sin efecto los decretos ejecutivos que les dieron vida, pero son inoperantes. Estamos viendo que no las están aplicando hasta la fecha. Una de ellas es el protocolo de actuación para personas LGBTI que tenía el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Hay una política también que se elevaba desde el ejecutivo, para que ninguna de las instancias del Órgano Ejecutivo discriminara a la población LGBTI y correspondía a la Dirección de Diversidad Sexual, en la extinta Secretaría de Inclusión, a quien le tocaba fiscalizar esta situación y como no estan esas instancias, no fiscaliza nadie dentro del ejecutivo. 

 

Carlos Rodríguez, el procurador adjunto de la PDDH, llegó a la concentración organizada por las organizaciones LGBTI del 20 de noviembre para mediar entre los agentes policiales y los miembros de la comunidad.

Existe una investigación, por parte de la Corte Suprema, sobre los despidos en la Secretaría de Inclusión Social y se ha incautado equipo. ¿Qué ha pasado con la información?

El señor procurador le ha enviado una comunicación directa al señor presidente de la República, en donde pedimos que se nos explique las razones de porqué se decidió disolver el área de diversidad que tenía la SIS (Secretaría de Inclusión) y cuál es el enfoque que han pretendido darle al área de género y diversidad. Le han emparejado diversidad, que son cosas completamentamente diferentes pero que pueden concatenarse en algún momento y cada una necesita atención especializada. Ponerlos juntos, no solo recarga en carga laboral en esa área, sino que además de eso debemos ver si cuenta con la especialización que se necesita para el área de diversidad. No tenemos un referente con el que hayamos entrado en comunicación, ni hemos tenido respuesta oficial. Ahora el tema sigue un poco en el aire. 

El trabajo de procuraduría no está unido al ejecutivo pero sí debería ser en conjunto…

Teníamos espacios de interlocución importantes, teníamos alianzas importantes en la anterior administración. En esta no hemos logrado construir alianzas, porque oficialmente no tenemos referentes. Nos han comentado que posiblemente la licenciada Keni Rodriguez, del Ministerio de Cultura es quien está atendiendo la temática, pero no hemos tenido una comunicación directa con ella. Nos favoreció que ella trabajó con la PDDH hace algunos ya, y vemos con esperanza de que si eso es cierto podemos lograr algún trabajo articulado, pero todavía no se ha hecho. Han habido dos circunstancias: por un lado el ejecutivo no se ha puesto claro un referente y la segunda es que la PDDH ha estado acéfala. Hasta hace unas semanas fue nombrado el nuevo procurador. En ese periodo la PDDH no podía requerir, ni exigir información. 

¿Cómo va a influir el cambio de procurador? Recordemos que la exprocuradora, Raquel Caballero, demostró ser bastante limitada en temas de mujeres, derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual. Lo cual significó una piedra de tropiezo en estos casos. Ahora con la elección del nuevo procurador, ¿Cómo se hará para evitar esto?

Creo que un gran problema es cómo se transfiere la información y se adopta como verdad. Yo inicié en septiembre de 2017, en la adjunta de derechos humanos y casualmente como 10 días después las organizaciones LGBTI hicieron una protesta fuerte en un evento de la señora procuradora. Este fue un punto de inflexión fuerte, porque ellos protestaron y gritaron muy fuerte que la procuradora no había hecho nada y que era un retroceso. Eso sucedió cuando ella anunció la firma del primer informe contra crímenes de odio. Esa acusación como tal fue falsa, porque el informe fue firmado en 2017 y recogía 21 casos de crímenes de odio que habían ocurrido en ocho años.

Pero ese fue trabajo de David Morales y la mesa que después se disolvió.

Sí y no. Quiero poner en la mesa las cosas como sucedieron hasta donde yo conozco, porque fue mi labor investigar. La mesa LGBT, en el periodo del licenciado David Morales, recopiló información, ayudó a esclarecer algunas circunstancias, compiló, facilitó el acceso a víctimas para estos 21 casos y se armó de manera conjunta. El procurador termina, pasan unos meses de acefalía y la procuradora asume con la mesa LGBT y en la última de las reuniones las personas dijeron que se habían sentido irrespetadas. Le levantaron la voz a la procuradora y viceversa. Fue una discusión que se fue al tono personal, más allá del laboral. La procuradora tomó esa información y terminaron el informe que estaba muy avanzado y lo firmó. Las organizaciones se quejaron y dijeron que ese informe no era de ella, pero al final es la procuraduría. Cosas como esas no son del todo precisas como se gritan. Ese informe salió en el periodo de la procuradora y ella pudo perfectamente bloquear la emisión de ese informe. Tampoco es cierto que la procuradora disolviera la mesa y eso las organizaciones todavía lo dijeron hace tres días al procurador actual. Cuando ingresé yo, los convoqué a reunión de mesa en dos ocasiones y la federación, en su absoluto derecho, optaron por no formar parte de ese espacio de la PDDH. Se había resuelto continuar la mesa con mi liderazgo, pero las organizaciones dijeron “con esa señora no trabajamos”. Es cierto que no continuó la mesa, pero no es cierto que se disolvió desde PDDH, tanto así que fue tarea mía empezar a reconstruir otra vez esos nexos que son necesarios en las organizaciones. En estos últimos dos años se incrementaron las denuncias que recibimos y las atenciones que brindamos y los acompañamientos. Es decir, no se ha detenido el trabajo de la PDDH. Eso puede ser que se han aumentado los casos de violencia o que hay más cultura de denuncia y que las personas están sintiendo confianza en que su caso se puede resolver. 

Ya sostuvimos la primera reunión de la mesa LGBTI con el procurador José Apolonio. Había rumores sobre que el procurador estaba en contra (de la población LGBTI) y el procurador dijo que él también fue objeto de discriminación porque nadie había escuchado su postura sobre el tema, pero todos emprendieron una acción fuerte en su contra. Se pidió a las organizaciones que comentaran las expectativas que tenían y el procurador había formulado una propuesta de trabajo y las expectativas coinciden con la propuesta del procurador que es un poco más amplia en algunos temas. El primer acuerdo fue reactivar la mesa, vamos a intentar una frecuencia de reuniones mensuales o cuando las circunstancias lo ameriten. Se pretende que se hagan pronunciamientos.  Siendo que tenemos objetivos comunes y aprovechando los esfuerzos y las capacidades de otros vamos a ir más rápido. La ley de identidad no les ha avanzado mucho a ellos, pero estamos haciendo interlocución para favorecer la discusión en la Asamblea Legislativa. 

A falta de denuncias sobre casos de crímenes de odio, ¿Cómo construye la PDDH estos datos?

En la mayoría de casos, la PDDH tiene dos grandes fuentes de información: monitoreo de medios y el otro es el apoyo de organizaciones. Un tercero puede ser familia, pero en el caso de la comunidad LGBT es la fuente más pequeña, porque no es la familia la que busca, pero las organizaciones siempre crean una red muy importante. 

En estos casos, entonces ¿Cómo se apoyan con la fiscalía?

Desgraciadamente no se explotan todas las posibilidades de trabajo conjunto. Me parece que hay espacios cerrados desde la fiscalía que tradicionalmente lo han estado así. La PDDH, en su ley, tiene claramente que cuando se está investigando un caso de una violación a derechos humanos, que también podría estar siendo investigado por fiscalía, debería de compartir e intercambiar información. En el caso de Camilia Diaz, la PDDH compartió información con fiscalía, y en ese caso cambió su línea de investigación pero nunca tenemos eso en la dirección contraria. Sin contar los últimos tres casos de este año, de 27 crímenes de odio, 19 se encontraban en investigación en fiscalía, dos en archivo provisional y solo seis se habían judicializado. De estos seis, solo en un caso se había aplicado la reforma referida al crimen de odio por razones de su identidad sexual y expresión de género. Los que están en investigación ni quisiera bajo una guía de crimen de odio como una causal o motivación del homicidio. La investigación que está llevando la fiscalía no está en la línea que a la PDDH le parece que debería ser. La FGR ha trabajado con sociedad civil organizada y las organizaciones LGBTI han favorecido una política LGBTI para los crímenes de odio y nosotros pedimos una política al fiscal Melara y no nos la ha compartido. Existe una cantidad de cosas que nos hacen cuestionar la diligencia con la que el ramo de seguridad está tratando este tipo de casos. Sumele que desde el ejecutivo desapareció la dirección de Diversidad y desde el ramo de seguridad no aplican el protocolo. Fiscalía no está calificando los casos... Esto resulta en una comunidad LGBTI en absoluta desprotección. En dos semanas han pasado dos crímenes horrendos y no parece que les cause alarma y el procurador está elevando una reunión de alto nivel para explicar lo que está sucediendo y lo que la PDDH ha investigado para fomentar la adopción de medidas que deben de venir desde el ramo de seguridad. 

Comenta

Publicidad