Para las personas LGBTI no existe el Plan Control Territorial: Bianka Rodríguez

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Bianka Rodríguez, directora de la organización de derechos humanos Comcavis Trans, es la activista salvadoreña que ganó el premio regional Nansen 2019, como un reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI. El premio fue otorgado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En esta plática con GatoEncerrado señaló la incertidumbre que las organizaciones de la población LGBTI tienen sobre el futuro del trabajo y planes de la Dirección de Diversidad Sexual que fue absuelta cuando el nuevo gobierno cerró la Secretaría de Inclusión Social. Según Bianka, no solo hay incertidumbre, sino desilusión. 

Bianka también cuestiona que el nuevo fiscal general, Raúl Melara, aún no ha firmado e implementado el protocolo para investigar los casos contra la población LGBTI como crímenes de odio.

¿Cómo podrías decir que fue este año para la población LGBTI?

Cuando hablamos de logros, pudimos ver que La Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), tan conservadora, admitió dos recursos de amparo sobre legislar o sobre la regulación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ha habido avances en la Fiscalía General de la República, como la construcción de una política de persecución penal del delito contra la población LGBTIQ+. Pero hay que hablar de que todavía no ha sido aprobada por el actual fiscal de la República, Raúl Melara. Vemos que todavía impera la impunidad. Sabemos que a pesar de que ha habido pequeños pasos que destellan luz para el movimiento LGBT, hay muchos más pasos de retroceso. Sabemos que ahora no se está implementando ninguno de los planes que se tenían articulados con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos LGBT, en los diferentes ministerios pertenecientes al órgano ejecutivo; como el ministerio de trabajo, el ministerio de justicia, el ministerio de educación.

Vemos con buenos ojos el cambio del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha reinstalado la mesa que por dos años dejó de funcionar, luego de la salida del exprocurador David Morales. Esa mesa de la PDDH con la que el movimiento LGBTI tenía articulado temas de derechos humanos trascendentales. 

Otro retroceso por parte de la Asamblea Legislativa es que hemos presentado un anteproyecto de Ley de Identidad Género y este lo han visto como algo más cosmético para las personas trans, como un capricho de las personas trans de poderse cambiar el nombre. Hemos explicado a los diversos diputados y diputadas, de la Comisión de la Mujer, el beneficio y el impacto que tendría la aprobación del anteproyecto de ley. Sin embargo, estos tienen muy arraigado su fundamentalismo o su doble discurso, porque hay diputados, como el diputado (Raúl Beltrán) Bonilla, como la diputada Milena (Mayorga), que nos dijeron “es necesaria la Ley de Identidad de Género”. Pero en el momento que esta llega a la agenda, o ellos faltan a las sesiones plenarias de la comisión o la eliminan de la agenda para que esta no sea abordada. Sabemos que este anteproyecto de ley ha venido por más de 10 años queriendo ser impulsado y fue hasta el año 2018 que la diputada Lorena Peña le dio iniciativa de ley.

Este año ocurrieron varios crímenes de odio, pero aún es necesario entender en esta sociedad: ¿Qué son los crímenes de odio?

Cuando hablamos de un crimen de odio, es aquel que se ejecuta en razón de la religión de una persona, por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, por su condición económica, por su raza. El crimen tiene la connotación también por la forma en que es asesinada la persona, el lujo de barbarie de violencia que presenta el cuerpo. Cuando hablamos de un crimen por odio hacia una persona LGTBIQ, es hablar del odio hacia la orientación sexual, hacia la identidad, hacia la expresión de género y que el perpetrador lo ejecuta basado en el cuerpo de la persona. Nos preocupa porque también a nivel del órgano ejecutivo y de la presidencia de la República se matiza esa violencia homicida hacia las personas LGTBI. Dicen desde el ejecutivo que así como una persona LGTBIQ muere, también muere un ciudadano normal. Incluso eso lo réplica la sociedad y dicen: “¿por qué darle importancia a un crimen de una persona LGTB si somos iguales?”, pero el lujo de barbarie que los cuerpos presentan no es el mismo con el cual se asesina a una persona cisgénero o a una persona heterosexual.

Vivimos en un Estado laico. Esa laicidad del Estado en materia de derechos humanos, en materia políticas públicas, debe prevalecer ante la ley. Me parece preocupante que nuestro presidente estuviera en una conferencia de pastores evangélicos. Desde ese fundamentalismo religioso, parte también esa violencia de rechazo, de discriminación, de incitación a la violencia a las personas LGBTIQ. Nosotras como movimiento somos muy respetuosas de las creencias religiosas, de las sectas o de las religiones existentes en El Salvador. Pero no vamos a permitir que usen a las personas LGBTIQ como un blanquillo para exponer o reflejar el odio, el rechazo a nuestra población. Como defensora he estado expuesta a diversas formas de violencia. Fui privada de libertad y el Estado no me dio ninguna reparación. Significa que las personas LGBT no tenemos derecho a una justicia digna, ni nuestros familiares, ni nuestros amigos, ni nuestro círculo social. El Estado viene siendo parte y cómplice de esa violencia homicida hacia las personas LGBT.

En particular me llena de mucha tristeza el caso de Jade, nuestra compañera lideresa trans, que fue asesinada hace unos días en Morazán. La familia se acercó a las instituciones pertinentes pidiendo que la buscaran, pero el Estado le falló, le falló a su familia. No la buscaron. Te aseguro de que si ellos hubieron activado el mecanismo de búsqueda en el momento que la familia denunció, jade estuviera viva, pero el Estado se negó a buscarla. Entonces se vuelve cómplice de ese asesinato de Jade. Y hasta el momento no hay un pronunciamiento de parte de ninguna institución del ejecutivo ni del sector justicia por investigar este asesinato. Vemos cómo las personas LGBTI, en especial las personas trans, estamos desprotegidas ante un estado que solo nos ve en el momento de una elección política.

¿Cómo ha sido la situación de este año en casos de crímenes de odio, respecto a años anteriores?

En homicidios y muertes violentas a personas LGBT vemos que, en comparación a 2015 y 2016, que las cifras redondearon más de los 50 casos de personas LGBT asesinadas, vemos que ha disminuido. Sin embargo, esta disminución no se ve reflejada en la forma de la muerte de las personas LGBTI. Por ejemplo, en 2015, registramos casos en los que asesinaban a una persona gay, a una persona lesbiana, de un disparo, con arma blanca y no había tanta violencia. Ahora, en los homicidios que hemos documentado con organizaciones de la sociedad civil, podemos ver que esa violencia y ese odio irracional hacia las personas LGBTI por su orientación sexual o su identidad de género, no ha disminuido. Las muertes han sido violentas, los cuerpos reflejan señales de tortura, reflejan señales de violencia sexual, reflejan el odio hacia la orientación sexual o la identidad de género. Eso nos deja ver que, a pesar de la disminución en cifras de los homicidios, la violencia con la que son ejecutados ha ido en aumento.

Hablabas sobre la fiscalía, ¿Cómo calificas su labor este año, en específico con Raúl Melara al frente?

Voy a hablar directamente de todo el año y voy a hacer un antes y un después. A pesar de que el exfiscal, Douglas Meléndez, tuvo indicios y la buena voluntad de trabajar en el tema de crímenes por odio, también le faltó carácter para enfrentar la impunidad que afrontan las personas LGBTIQ. Con la nueva administración de Raúl Melara, se ha trabajado esta política de persecución penal a delitos cometidos a personas LGBTI y un protocolo de atención a personas LGBTI, en la Fiscalía General de la República. Pero todavía piensa y repiensa dar la firma para que esto sea aprobado. Los instrumentos han sido consultados con las víctimas, con sociedad civil, pero todavía existe esa reserva. Existe ese paso de darle reconocimiento a las personas LGBT en carácter de víctima. Al final por cualquier delito que las personas LGBTI denuncian, ninguno es investigado. A ninguno le dan seguimiento, ninguno tiene el carácter de protección a testigos por parte de la fiscalía, por ser gay, por ser trans, por ser lesbiana, porque impacta en diversos casos que nosotras atendemos. Y nos preocupa que el acceso a la justicia para nuestra población sea el 0%.

Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans, expresa que las denuncias de las personas LGBTI denuncian no son investigadas. Foto/Émerson Flores

¿Tenés datos sobre el acceso a la justicia?

Datos concretos de acceso a la justicia no te podría decir, porque eso lo maneja directamente el Estado. Y si tú le preguntas cuál es el seguimiento que le ha dado a las denuncias interpuestas, solo el 49% de las víctimas que nosotras atendimos en este año, de enero a septiembre, denunciaron. El otro 51% no denunció por temor a la corrupción que existe en las instituciones del Estado, a la falta de credibilidad de estas instituciones, a la falta de acceso a la justicia. ¿De qué te va a servir denunciar si te vas a exponer aún más? Si la fiscalía va a revelar tu información.

Nosotras atendimos este año, de enero a septiembre, 92 casos de personas LGBTIQ. De esos 92 casos, 74 eran de personas LGBT que se vieron obligadas a desplazarse internamente o que necesitaban algún tipo de protección específica. De ellas, 35 eran mujeres trans, 7 lesbianas, 23 hombres gay y 5 personas heterosexuales. De estos 74 casos no hubo una atención de parte del Estado para estas víctimas de desplazamiento, a pesar de que existen estándares jurídicos como el dictamen de la Sala de Constitucional que obliga a la Asamblea a legislar para las víctimas de desplazamiento interno a causa de la violencia, pero no cuentan las personas LGBTI, no existen para el estado. Imagínate que entre los agentes persecutores de estas personas, el 62% eran pandillas y un 21% eran agentes del Estado, en específico agentes de la Policía Nacional Civil. Entonces, nos deja como un matiz que los agentes que nos persiguen o son de las pandillas o son del propio Estado. A veces simultáneamente.

¿Cómo recopilan ustedes estos datos? ¿Qué sistema usan?

Nosotras pertenecemos a la red sin violencias de América Latina y el Caribe, donde tenemos un sistema regional que documenta las formas de violencia, las edades, métodos de verificación de que las personas LGBT han sido asesinadas de esa manera, los nombres de las personas, las condiciones en que se encontraban, los agentes que ejecutaron, o los perpetuadores que ejecutaron el homicidio o crimen odio hacia la persona LGBT. Entonces, tenemos este sistema bastante amplio para documentar los casos de las personas LGBTI que son asesinadas. Sin embargo, hay otro instrumento como el C2tal, que es manejado por la red LaTrans, pero que solo documenta casos de violencia y homicidios de mujeres trans. Entonces ya es otro mecanismo para documentación de las violaciones dirigidas específicamente a mujeres trans.

¿Cuántos casos se han recibido este año, no solo de homicidio, sino de violencia, y no solo a mujeres trans, sino con miembros de la comunidad LGBTIQ?

Este año hemos documentado alrededor de 28 casos de agresiones físicas, agresiones sexuales y homicidios hacia personas LGBTI. De eso homicidios son siete los que están actualmente documentados, seis de ellos son de mujeres trans que han sido asesinadas con lujo de barbarie y que sus cuerpos presentaban una señal, o mejor dicho señales de tortura. Entonces, quiérase o no, nos enfrentamos a una sociedad, como te decía, bastante machista, bastante misógina, bástate xenofóbica, que en vez de incorporar a la población LGBTI en su vida cotidiana, las persigue y las asesina. Y el Estado no las protege.

De esos casos, seis son de mujeres y uno de un hombre.

Sí, de un hombre gay.

De esos casos, ¿Qué grupo ha tenido más víctimas?

Las mujeres trans. Son 18 casos de mujeres trans que hemos documentado este año. Que tienen estas condiciones que te decía de violencia sexual, violencia física, donde ha habido como intermedio un arma de fuego o un arma blanca. Y los asesinatos en sí.

¿Son 18 casos de violencia y de esos 18, 6 son asesinatos?

Correcto, de mujeres trans.

¿Cuáles han identificado que son las regiones más violentas?

Las regiones más violentas de este país son Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador, que es el municipio donde más casos documentados hemos llevado. Actualmente, Cabañas también es otro departamento donde se ve exacerbada la violencia hacia las personas LGBTI.

Pasemos a hablar del presidente. En junio, Nayib Bukele asume la presidencia de la República y una de sus primeras acciones fue cerrar la Secretaria de Inclusión. Ahí iba la Dirección de Diversidad Sexual y luego la movió hacia el Ministerio de Cultura. ¿Qué ha implicado este movimiento para ustedes como organizaciones?

Primero, créeme que la población LGBTI confió en el presidente Nayib Bukele y le dio el voto. La mayoría de población, no estoy diciendo que toda la población, estoy diciendo que hay un porcentaje mayoritario que le dio el voto y confió en él. Sin embargo, han visto los retrocesos de su llegada al gobierno. Desde sociedad civil hemos tenido que ir a molestar al funcionario público para que nos conceda una reunión, para poder hablar de los temas que como Estado le competen. Es triste saber que el Estado de El Salvador, el 4 de noviembre, llegó al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra y destacó la creación de la Secretaria de Inclusión Social como un logro en la evaluación del examen periódico universal. Sin embargo, esta información quedó desactualizada, pero se le olvido decir que este gobierno cerró la Secretaria de Inclusión. Que la Dirección de Diversidad Sexual dejó de ser dirección y pasó a ser una unidad de género, dentro del Ministerio de Cultura y que dentro del peldaño del actuar de esta unidad de género, somos los apartados 27, 28, y 29.

La representante de Comcavis Trans mencionó que las organizaciones LGBTI viven con incertidumbre tras el cierre de la Secretaría de Inclusión. Foto/Émerson Flores

¿Qué implica ser solo apartados?

Son de las veintitantas acciones que la unidad de género del Ministerio de Cultura tiene que liderar. Primero están las mujeres y por último somos tres o cuatro acciones en temas LGBT, que esta unidad va asumir. Entonces, quiérase o no, pasamos de tener una dirección que solo miraba asuntos LGBT, que solo miraba la inclusión en el Órgano Ejecutivo y pasó a ser una estrategia más, basada en el enfoque de género, que no está mal, pero se ve la limitación con que esta unidad de género va a trabajar en materia de derechos LGBTIQ.

Entonces, ¿No ha habido pláticas ni con el presidente, ni con la cabeza del ministerio?

Sí, tuvimos una pequeña reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura, mas no con la propia ministra de cultura. Que esperamos en un futuro, no muy lejano, pues, se acerque al movimiento LGBTIQ. Nosotras fuimos claras y enfáticas en esta reunión, que no buscábamos confrontar sino la articulación en beneficio de nuestra población. Porque al final, nosotras estamos incidiendo en la política para que nuestra población goce de esos derechos que le han sido relegados históricamente. Hubo un avance que les permitió ese goce, pero esa protección jurídica ha quedado en el limbo.

¿Cuáles son las estrategias que se van a formar desde el gobierno para atender estos casos?

Hasta el momento no sabemos cuál será el plan de trabajo que tendrá el ejecutivo, a través de sus diferentes ministerios. En el Plan Cuscatlán, había solo destellos de la inclusión de otros grupos en situación de vulnerabilidad. No hay planes trabajados por ningún ministerio. No sabemos cómo va a actuar en materia de crímenes por odio. Como te repetía, me da mucha tristeza escuchar que el presidente naturalice la violencia hacia las personas LGBTIQ, diciendo que “sí, las personas LGBTI las matan, pero también matan a las mujeres, matan a los niños, a las niñas, a los adolescentes”. Naturaliza la forma de violencia que sufren las poblaciones y no pone en palestra pública las acciones concretas como las que va a trabajar. Para las personas LGBTI no existe Plan Control Territorial, y si existe es para violentarnos, porque son los policías, son los soldados de la Fuerza Armada quienes ejercen violencia hacia nuestras compañeras y compañeros en las calles.

Para cerrar, se ha visto en este mes un aumento en los casos particularmente violentos ¿A qué se le podría adjudicar eso?

Fíjate que no te podría decir a ciencia cierta o una hipótesis verídica de porqué ha habido este repunte. Sin embargo, sí podría decir que estos asesinatos fueron ejecutados por prejuicios, por odio hacia nuestras compañeras. Desconocemos la hipótesis que actualmente maneja la fiscalía en torno a estos homicidios de personas trans.

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