¿Cómo podrías decir que fue este año para la población LGBTI?

Cuando hablamos de logros, pudimos ver que La Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), tan conservadora, admitió dos recursos de amparo sobre legislar o sobre la regulación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ha habido avances en la Fiscalía General de la República, como la construcción de una política de persecución penal del delito contra la población LGBTIQ+. Pero hay que hablar de que todavía no ha sido aprobada por el actual fiscal de la República, Raúl Melara. Vemos que todavía impera la impunidad. Sabemos que a pesar de que ha habido pequeños pasos que destellan luz para el movimiento LGBT, hay muchos más pasos de retroceso. Sabemos que ahora no se está implementando ninguno de los planes que se tenían articulados con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos LGBT, en los diferentes ministerios pertenecientes al órgano ejecutivo; como el ministerio de trabajo, el ministerio de justicia, el ministerio de educación.

Vemos con buenos ojos el cambio del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha reinstalado la mesa que por dos años dejó de funcionar, luego de la salida del exprocurador David Morales. Esa mesa de la PDDH con la que el movimiento LGBTI tenía articulado temas de derechos humanos trascendentales. 

Otro retroceso por parte de la Asamblea Legislativa es que hemos presentado un anteproyecto de Ley de Identidad Género y este lo han visto como algo más cosmético para las personas trans, como un capricho de las personas trans de poderse cambiar el nombre. Hemos explicado a los diversos diputados y diputadas, de la Comisión de la Mujer, el beneficio y el impacto que tendría la aprobación del anteproyecto de ley. Sin embargo, estos tienen muy arraigado su fundamentalismo o su doble discurso, porque hay diputados, como el diputado (Raúl Beltrán) Bonilla, como la diputada Milena (Mayorga), que nos dijeron “es necesaria la Ley de Identidad de Género”. Pero en el momento que esta llega a la agenda, o ellos faltan a las sesiones plenarias de la comisión o la eliminan de la agenda para que esta no sea abordada. Sabemos que este anteproyecto de ley ha venido por más de 10 años queriendo ser impulsado y fue hasta el año 2018 que la diputada Lorena Peña le dio iniciativa de ley.

Este año ocurrieron varios crímenes de odio, pero aún es necesario entender en esta sociedad: ¿Qué son los crímenes de odio?

Cuando hablamos de un crimen de odio, es aquel que se ejecuta en razón de la religión de una persona, por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, por su condición económica, por su raza. El crimen tiene la connotación también por la forma en que es asesinada la persona, el lujo de barbarie de violencia que presenta el cuerpo. Cuando hablamos de un crimen por odio hacia una persona LGTBIQ, es hablar del odio hacia la orientación sexual, hacia la identidad, hacia la expresión de género y que el perpetrador lo ejecuta basado en el cuerpo de la persona. Nos preocupa porque también a nivel del órgano ejecutivo y de la presidencia de la República se matiza esa violencia homicida hacia las personas LGTBI. Dicen desde el ejecutivo que así como una persona LGTBIQ muere, también muere un ciudadano normal. Incluso eso lo réplica la sociedad y dicen: “¿por qué darle importancia a un crimen de una persona LGTB si somos iguales?”, pero el lujo de barbarie que los cuerpos presentan no es el mismo con el cual se asesina a una persona cisgénero o a una persona heterosexual.

Vivimos en un Estado laico. Esa laicidad del Estado en materia de derechos humanos, en materia políticas públicas, debe prevalecer ante la ley. Me parece preocupante que nuestro presidente estuviera en una conferencia de pastores evangélicos. Desde ese fundamentalismo religioso, parte también esa violencia de rechazo, de discriminación, de incitación a la violencia a las personas LGBTIQ. Nosotras como movimiento somos muy respetuosas de las creencias religiosas, de las sectas o de las religiones existentes en El Salvador. Pero no vamos a permitir que usen a las personas LGBTIQ como un blanquillo para exponer o reflejar el odio, el rechazo a nuestra población. Como defensora he estado expuesta a diversas formas de violencia. Fui privada de libertad y el Estado no me dio ninguna reparación. Significa que las personas LGBT no tenemos derecho a una justicia digna, ni nuestros familiares, ni nuestros amigos, ni nuestro círculo social. El Estado viene siendo parte y cómplice de esa violencia homicida hacia las personas LGBT.

En particular me llena de mucha tristeza el caso de Jade, nuestra compañera lideresa trans, que fue asesinada hace unos días en Morazán. La familia se acercó a las instituciones pertinentes pidiendo que la buscaran, pero el Estado le falló, le falló a su familia. No la buscaron. Te aseguro de que si ellos hubieron activado el mecanismo de búsqueda en el momento que la familia denunció, jade estuviera viva, pero el Estado se negó a buscarla. Entonces se vuelve cómplice de ese asesinato de Jade. Y hasta el momento no hay un pronunciamiento de parte de ninguna institución del ejecutivo ni del sector justicia por investigar este asesinato. Vemos cómo las personas LGBTI, en especial las personas trans, estamos desprotegidas ante un estado que solo nos ve en el momento de una elección política.

¿Cómo ha sido la situación de este año en casos de crímenes de odio, respecto a años anteriores?

En homicidios y muertes violentas a personas LGBT vemos que, en comparación a 2015 y 2016, que las cifras redondearon más de los 50 casos de personas LGBT asesinadas, vemos que ha disminuido. Sin embargo, esta disminución no se ve reflejada en la forma de la muerte de las personas LGBTI. Por ejemplo, en 2015, registramos casos en los que asesinaban a una persona gay, a una persona lesbiana, de un disparo, con arma blanca y no había tanta violencia. Ahora, en los homicidios que hemos documentado con organizaciones de la sociedad civil, podemos ver que esa violencia y ese odio irracional hacia las personas LGBTI por su orientación sexual o su identidad de género, no ha disminuido. Las muertes han sido violentas, los cuerpos reflejan señales de tortura, reflejan señales de violencia sexual, reflejan el odio hacia la orientación sexual o la identidad de género. Eso nos deja ver que, a pesar de la disminución en cifras de los homicidios, la violencia con la que son ejecutados ha ido en aumento.

Hablabas sobre la fiscalía, ¿Cómo calificas su labor este año, en específico con Raúl Melara al frente?

Voy a hablar directamente de todo el año y voy a hacer un antes y un después. A pesar de que el exfiscal, Douglas Meléndez, tuvo indicios y la buena voluntad de trabajar en el tema de crímenes por odio, también le faltó carácter para enfrentar la impunidad que afrontan las personas LGBTIQ. Con la nueva administración de Raúl Melara, se ha trabajado esta política de persecución penal a delitos cometidos a personas LGBTI y un protocolo de atención a personas LGBTI, en la Fiscalía General de la República. Pero todavía piensa y repiensa dar la firma para que esto sea aprobado. Los instrumentos han sido consultados con las víctimas, con sociedad civil, pero todavía existe esa reserva. Existe ese paso de darle reconocimiento a las personas LGBT en carácter de víctima. Al final por cualquier delito que las personas LGBTI denuncian, ninguno es investigado. A ninguno le dan seguimiento, ninguno tiene el carácter de protección a testigos por parte de la fiscalía, por ser gay, por ser trans, por ser lesbiana, porque impacta en diversos casos que nosotras atendemos. Y nos preocupa que el acceso a la justicia para nuestra población sea el 0%.