Por Mario Beltrán y Alessia Genovés

La Asamblea Legislativa aprobó, este 9 de enero, la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, con 82 votos a favor. 

Lo bueno

Tras la aprobación, diferentes organizaciones de la sociedad civil aplaudieron que la Asamblea cumplió con la sentencia 411-2017 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Judicial (CSJ) que, entre otras cosas, ordenaba la creación de la ley. Incluso el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Jhonson, dijo que le complacía la aprobación y que para lograrlo fue clave la asesoría técnica de la organización Cristosal. También aplaudieron que la aprobación fue, prácticamente, por unanimidad.

Lo malo

A pesar de que la ley es un avance para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, no es perfecta. Así lo afirman representantes de organizaciones que estuvieron presionando y a la expectativa de la creación y aprobación de la ley. La directora de la organización de derechos humanos Comcavis Trans y representante de la Federación Salvadoreña LGBTI, Bianka Rodríguez, dijo a GatoEncerrado que le preocupa que la ley no es explícita sobre la atención a la población LGBTI.

“Valoramos la disposición de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en aprobar esta normativa de gran envergadura. No obstante, esta ley no contempla estándares de protección para las personas LGBTI ni un enfoque diferenciado para la atención”, cuestionó Rodríguez.

La activista agregó que la ley no considerada específicamente la violencia basada en orientación sexual, identidad y expresión de género como causa del desplazamiento forzado.

“A través de los testimonios de las víctimas LGBTI de desplazamiento forzado, he evidenciado la falta de garantías para su protección física y legal de parte del Estado salvadoreño, el cual además refleja un trato indigno, inaplicación del Principio de igualdad ante la ley formal y material e irrespeto a los derechos constitucionales al debido proceso, acceso a la justicia, entre otros”, señaló Rodríguez.

La sentencia de la Sala, según indicó Rodríguez, reconoce que en El Salvador existe el fenómeno de desplazamiento forzado y que afecta a las personas sin importar su orientación sexual e identidad de género, por esa razón también debería ser explícita para atender a las víctimas de la población LGBTI y no solo observar en el artículo 29 que se debe registrar a las víctimas según su orientación sexual.

Lo que faltó

Para Cristosal, la nueva ley constituye una propuesta “de avanzada”. Sin embargo, expresa que los mecanismos de financiamiento de esta pueden ser “mejorables”. La nueva ley no expone las posibilidades de financiamiento en concepto de los fondos asignados para la atención integral a víctimas de desplazamiento interno forzado por razones de violencia, ni los de los fondos especiales destinados para víctimas de delito y violencia, como lo planteó Cristosal y Acnur en el inicio de la discusión.

Abraham Ábrego, de Cristosal, dijo a esta revista que es necesario que el Estado, a partir de la ley, otorgue garantías de retorno a los desplazados o de reubicación.

“Estamos planteando que el Estado busque alternativas como soluciones duraderas en otra parte del territorio. Por lo que es muy importante vincularlo: Las políticas del Plan Control Territorial y el trabajo de prevención. Porque es lograr que en otros lugares del país haya mejores condiciones, en las que la gente logre ubicarse”, dijo Ábrego a GatoEncerrado.