Este 8 de marzo, un grupo de dieciséis mujeres hicieron el lanzamiento oficial de la Asociación Mujeres Libres El Salvador. Seis de ellas fueron condenadas por homicidio agravado, tras haber sufrido emergencias obstétricas. Ahora se han unido para luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en el país, la despenalización del aborto y la libertad de las mujeres injustamente condenadas.
Bajo la lógica de la legislación salvadoreña, sufrir una emergencia obstétrica equivale a cometer un asesinato, y tanto el sistema judicial como la sociedad se encargan de hacer que las mujeres sean condenadas. Las sentencias son, con frecuencia, de 30 años o más en prisión; es decir, mayores que las impuestas a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Manuela, por ejemplo, era una mujer pobre, criminalizada, enferma de cáncer y sin recibir atención médica. Finalmente, murió esposada. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió su caso ante la Corte IDH para que por primera vez el Estado salvadoreño responda por la condena injusta de una mujer que abortó de manera involuntaria.
La asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos para la sección de América Latina y el Caribe, Mariel Ortega, mencionó que en El Salvador hay muchos casos similares al de las mujeres (de la Asociación Mujeres Libres), quienes fueron detenidas de manera arbitraria.
"Por eso el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (ACNUDH) determinó recientemente que la detención de Evelyn, Berta y Sara era arbitraria. Estos son tres casos que ejemplifican bastante lo que estas mujeres han sufrido, pues todas fueron víctimas de una emergencia obstétrica y por eso fueron encarceladas”, dijo Ortega.
Estas son cinco de las mujeres que fueron condenadas de manera injusta y que hoy están detrás de la Asociación para ayudar a las que aún están prisión, para que sus casos sean revisados y para que cuando salgan, tengan a quien acudir.
“Para que nuestra historia no se repita”, coincidieron, mientras platicaban con GatoEncerrado.
Zuleyma Beltrán fue condenada a pagar 26 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Sufrió una emergencia obstétrica. Después de diez años y siete meses fue puesta en libertad. "Teodora me buscó para involucrarme en el movimiento, para organizarnos, buscarnos trabajo, apoyarnos laboral y psicológicamente".
En este país, un hombre, buscapleitos, religioso, sumiso ante las armas y los poderosos, pero envalentonado contra los débiles, embelesado ante las pantallas, rendido al mercado y cortito de estudios y de cultura, es un salvadoreño promedio.
La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.
Alma Sánchez es abogada e investigadora. Como candidata a diputada por el partido VAMOS, sus propuestas principales están enfocadas en temas de medio ambiente, cultura y urbanismo. En esta entrevista con GatoEncerrado, aborda diferentes temas como el derecho humano al agua, la minería metálica y las consultas públicas en temas ambientales. La perspectiva jurídica nunca falta en sus respuestas, ni la experiencia laboral que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
