El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre el desembolso de $300 para las familias de escasos recursos, afectadas por las medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, no emociona a todos. En especial a los carretilleros y bulteros del mercado de mayoreo La Tiendona, en San Salvador. En ese lugar, la mayoría son hombres, muchos adultos mayores que necesitan dejar de trabajar, pero que siguen su día a día para sobrevivir. Eso, a pesar de que en el país hay una cuarentena domiciliar nacional.
Carlos Flores, de 65 años, es un bultero con 20 años de trabajar en La Tiendona y dice que si no paga los dos dólares diarios de alquiler no tiene a dónde dormir. El anciano, quien acarrea cualquier bulto que le pidan por un par de monedas, está casi seguro de que no aplica para obtener los $300 anunciados por el Ejecutivo, pues no tiene un recibo de luz que llegue a su nombre, ni de otro servicio que pueda demostrar. La único que sabe es que el Gobierno le dará dinero a la gente que demuestre que gasta menos de 250 kilovatios de energía eléctrica.
Para asegurar su sustento diario, Carlos usa unos guantes de tela viejos y un trapo en forma de mascarilla. “El administrador (de La Tiendona) me dijo que si uso guantes y mascarilla puedo seguir trabajando”, dijo a GatoEncerrado. Esos utensilios son necesarios, explicó, para evitar que los policías le nieguen el ingreso al mercado.
Ricardo Ardón le contó a GatoEncerrado que tiene 30 años de trabajar como carretillero en La Tiendona. Es un hombre de 60 años que mantiene su estado físico, gracias a su trabajo. El miércoles 25 de marzo dejó de trabajar porque a su carreta se le dañó una llanta y no tiene para repararla.
Sobre la iniciativa gubernamental de dar $300 a las familias más pobres, sostiene que es una gran ayuda para las personas que pueden cobrar el dinero. “Pero aquí como buen salvadoreño vamos coyol quebrado, coyol comido”, dijo, entre risas. Ardón también alquila un cuarto en una pensión.
El Ministerio de Medio Ambiente se negó a reconsiderar el permiso ambiental que otorgó al megaproyecto Ciudad Valle El Angel. En su lugar, justificó su decisión a través de un dictamen.
Para lograr la aprobación del presupuesto 2021, el Ejecutivo aseguró que redujo históricamente la emisión de deuda pública para este año. Economistas e investigadores señalan que ese discurso no solo es falso, sino que omite hablar del carísimo plan de gastos del gobierno. El presupuesto, además, no se ajusta a la realidad de crisis económica y sanitaria que El Salvador enfrenta.
La Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática y organizaciones parte del “Foro Centroamérica vulnerable Unida por la vida”, hicieron un llamado a los Estados de la región Centroamericana para que implementen nuevos marcos políticos ambientales coherentes con la crisis climática actual, cimentadas en la promoción y fortalecimiento de la acción local, la adaptación como una herramienta de lucha contra la pobreza y la mitigación que prioriza los beneficios ambientales locales.
