La economista Lourdes Molina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dice que las mujeres pertenecen a un sector con alto nivel de informalidad, lo que les limita no solo un salario permanente, sino también el acceso a seguridad social.

Molina describe un poco más el escenario al que ya se enfrentan las mujeres en medio de la crisis: considerando que un 75.7 % de las personas fuera del mercado laboral son mujeres, es muy probable que en ellas recaigan las labores de cuido dentro del hogar.

Yeny Mejía, de 50 años, es ama de casa y no tiene trabajo. La farmacia para la que laboró los últimos 15 años cerró por la delincuencia hace unos meses. Desde entonces, sus ingresos se han limitado a las ventas de arreglos con flores de papel que le piden por encargo sus amigas. Yeny es paciente con insuficiencia renal crónica. A diario se hace diálisis peritoneal. Sabe que es una persona vulnerable al coronavirus, por eso apenas y se asoma a la calle. Además, en su casa vive con su madre de 86 años. Otro perfil vulnerable. 

Yeny todavía maneja reservas que pueden aguantar un par de días más. Pero sabe que de flores no se come, así que no tiene idea cuándo volverán a encargarle un arreglo. En ese momento piensa y, en su condición, sabe que cuando todo lo del coronavirus pase no le será tan fácil tener trabajo

Hay mujeres con menor participación en el mercado laboral, apenas representan el 41.4 % de la población ocupada, sostiene la economista. Yeny, quien tampoco ha entrado en el subsidio de los $300, perdió el ánimo de pensar que entraría en lista de espera, para ser incluida como beneficiaria de la ayuda gubernamental. 

Ante un buen porcentaje de mujeres que podrían verse aún más afectadas en la crisis por el COVID-19, Molina es muy enfática en que la distribución del subsidio tendría que haberse hecho bajo un enfoque de universalidad en la asignación de las transferencias, ya que eso “facilitaría hacer llegar los recursos de la manera más inmediata y posible a los grupos más vulnerables frente a esta situación, incluyendo a las mujeres”.

El enfoque de universalidad fue una propuesta de Icefi, que aseguraba que nadie quedara excluido, sobre todo, quienes requieren urgentemente del beneficio, como el caso de personas que no tienen el privilegio de contar con ahorros ni para comprar alimentos. Se trata de un programa de renta básica universal de $70 por persona, con la que se aseguraba que el dinero llegase a las personas que más lo requieren.

Hasta 2017, 1.3 millones de mujeres se encontraban en situación de pobreza, según un informe de 2018 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Los datos reflejaron que siete de cada diez mujeres no tienen un trabajo remunerado.

El hecho de que muchas de las mujeres consultadas no hayan entrado en el subsidio, como lo observado en los Cenade el 30 de marzo, para Molina solo confirma que hay fallas de carácter estructural en el diseño, empezando por no tener un criterio adecuado para la selección de beneficiarios, por la forma de comunicar y, finalmente, en el mecanismo no oportuno de entrega, “lo que ha provocado aglomeraciones en agencias bancarias”.  

Magdalena Henríquez es artista de teatro. Cuando no está actuando, hace mil cosas más, como ayudar a su madre en una tortillería de su barrio en Mejicanos. Durante la cuarentena les ha sido imposible parar: si no continúan trabajando, no comerán. Magdalena no entró en el primer listado de beneficiarios del subsidio. Llenó el formulario que luego fue puesto a disposición por el Gobierno para aquellas personas que no aparecieron en la primera ronda. 

Mientras se conoce si entrará entre las 1.5 millones de familias que recibirán el dinero, aunque sea en la lista actualizada, Magdalena continuará ayudándole a su madre. “Al COVID no lo conocemos, pero al hambre sí y no nos gusta”, dice.