Foto/Emerson Flores
El dictamen para suspender del cargo de diputado a Norman Quijano no logró los 43 votos que se necesitaban para desaforarlo y enviar su caso a la Cámara Primera de lo Penal. El expediente fue archivado y no puede reabrirse por los mismos hechos. Diputados dudaron de la prueba presentada por la Fiscalía.
La Asamblea Legislativa resolvió, este jueves 7 de mayo, mantener la protección o inmunidad parlamentaria al diputado de Arena y primer vicepresidente del Ógano Legislativo, Norman Quijano, y evitar que sea procesado judicialmente por supuestamente negociar con pandillas, cuando era candidato presidencial en 2014.
El 27 de enero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Asamblea Legislativa que el diputado Norman Quijano fuera despojado de su fuero, para luego acusarlo de haber cometido los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La comisión especial de antejuicio, creada para analizar la petición fiscal, concluyó que existían indicios suficientes para proceder al desafuero. Por eso, el lunes 4 de mayo emitió un dictamen favorable.
El dictamen fue sometido a votación en una sesión plenaria especial de este jueves, pero no logró los 43 votos que se necesitaban, como mínimo, para el desafuero. Así que el expediente fue enviado al archivo y el antejuicio no podrá reabrirse por los mismos hechos, según el artículo 138 del reglamento interior de la Asamblea Legislativo. Eso significa que la Fiscalía solamente podrá acusarlo si Quijano deja de ser diputado.
Tal como lo anunciaron, Arena y el diputado del PDC, Rodolfo Parker, votaron en contra del desafuero. Pero, la bancada del PCN, a excepción del diputado Raúl Beltrán Bonilla quien votó a favor, solo quedó expectante y tampoco opinó durante la discusión. Tampoco lo hizo el diputado del PCN y presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
El jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, dijo que el desafuero de Quijano no se logró por la falta de votos del PCN. “Ellos saben por qué y el pueblo va a juzgar”, dijo tras concluir la sesión.
Beltrán Bonilla dijo que, en todo caso, la responsabilidad era de Arena y, luego, exigió que los demás partidos no usen al PCN como papel higiénico.
“¿Y por qué no le dice a Arena lo mismo? Es que Arena dijo que no, que solo cuatro de Arena votaron. Es decir, ¿por qué no se van a limpiar a otro palo? ¿Por qué nosotros? Yo voté por desaforar, porque fui presidente de la comisión y conocí los hechos. ¿A cuenta de qué hoy nos quieren usar a nosotros como papel higiénico?”, reclamó.
¿Por qué no le dice a Arena lo mismo? ¿Por qué no se van a limpiar a otro palo? ¿A cuenta de qué hoy nos quieren usar a nosotros (@PCN_Oficial) como papel higiénico? responde @BeltrhanRaul luego de la votación en el antejuicio contra @norman_quijano. Vídeo de @IngmarBatres pic.twitter.com/LRoRfi8GiQ
— Beatriz (@beatrizebenitez) May 8, 2020
El pecenista aseguró que previo a la sesión plenaria, la fracción se reunió con el secretario general del partido, Manuel Rodríguez, quien les dijo que quedaban en libertad de decidir cómo votar.
Para el jefe de fracción de Gana, los diputados que no votaron por desaforar a Quijano aplicaron el dicho: “hoy por mí, mañana por ti. Por supuesto que aquí algunos diputados son miedosos”, dijo.
El FMLN dijo que espera que el desafuero de Quijano no esté vinculado con la negociación que hubo entre los partidos de derecha y el Gobierno de Nayib Bukele para aprobar la polémica Ley de Cuarentena y los $ 1,000 millones de deuda. La madrugada de ese 5 de mayo, la diputada Cristina Cornejo pidió a la población estar pendientes de las próximas votaciones.
“Lamentamos la decisión del pleno legislativo. Esperamos que esto no sea producto de otras negociaciones que recientemente han sucedido en la Asamblea Legislativa y votaciones de la madrugada”, sostuvo la legisladora del frente.
El diputado del PDC y fiscal legislativo del caso, Jorge Mazariego, pidió al pleno que este jueves ratificara el dictamen para desaforar a Quijano. Al mismo tiempo, restó credibilidad a las pruebas presentadas por la Fiscalía, ya que son basadas en lo que dijo un testigo criteriado.
Quijano no estuvo presente pero delegó su defensa en los abogados Délmer Rodríguez y Francisco Beltrán Galindo. De los 36 videos que presentó la Fiscalía, como parte de las evidencias, los defensores pidieron que en la Asamblea se proyectara un video que dura 28 minutos, en el que se muestra una supuesta reunión entre Quijano con pandilleros, en la oficina del pastor Nelson Valdez, quien es parte de una red nacional de pastores. Según diputados, el video fue grabado con la cámara de un reloj, es de mala calidad y tampoco se escucha con claridad.
Después de que la comisión de antejuicio revisó la evidencia, sin la presencia de los medios de comunicación, ese video fue el único que admitió para respaldar el dictamen. Los diputados de esa comisión dijeron que el resto de videos, audios de escuchas telefónicas y documentos, estaban relacionados con otros casos que están siendo procesados en los tribunales.
El abogado Délmer Rodríguez dijo a los diputados que la reunión se dio en el marco de la campaña electoral para presentar el “Plan país” a pandilleros, el cual contemplaba programas de rehabilitación y reinserción.
El fiscal general, Raúl Melara, lamentó la decisión de la Asamblea Legislativa y agregó que la protección a Quijano es un mensaje de impunidad.
Las negociaciones con pandillas son hechos irrefutables y como tales, totalmente reprochables.
— Raúl Melara (@MelaraRaul) May 7, 2020
El mensaje de impunidad que se ha enviado es lamentable.
La Fiscalía asegura que Quijano hizo varias ofertas a las pandillas. Entre ellas, les prometió $100 millones para programas de rehabilitación a través de las alcaldías. Pero Rodríguez, defensor de Quijano, señaló que el testigo criteriado, quien grabó el video, miente. “No existió pago ni promesa”, aseguró.
En este país, un hombre, buscapleitos, religioso, sumiso ante las armas y los poderosos, pero envalentonado contra los débiles, embelesado ante las pantallas, rendido al mercado y cortito de estudios y de cultura, es un salvadoreño promedio.
La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.
Alma Sánchez es abogada e investigadora. Como candidata a diputada por el partido VAMOS, sus propuestas principales están enfocadas en temas de medio ambiente, cultura y urbanismo. En esta entrevista con GatoEncerrado, aborda diferentes temas como el derecho humano al agua, la minería metálica y las consultas públicas en temas ambientales. La perspectiva jurídica nunca falta en sus respuestas, ni la experiencia laboral que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
