Cuatro días sin diálogo sobre una ley para enfrentar la COVID-19
La Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República no lograron ponerse de acuerdo para aprobar una ley que regule las medidas para enfrentar la pandemia. Se pasaron los cuatro días, que la Sala de lo Constitucional les dio de plazo, convocándose mutuamente, pero ninguno atendió. Luego de esas invitaciones fracasadas, cada uno tomó su camino: la Asamblea aprobó su ley, este viernes 12 de junio; mientras que el Gobierno discute la reactivación económica con diferentes sectores empresariales.
Beatriz Benítez
Por carmen Valeria Escobar
🗓️ 12 de junio de 2020
La Asamblea Legislativa y el Ejecutivo tenían cuatro días para llegar a un acuerdo sobre el marco legal para enfrentar la pandemia por COVID-19. El plazo terminó este viernes 12 de junio y no lograron consensuar una ley que contenga las medidas sanitarias sin violentar los derechos constitucionales. Ni siquiera hubo acuerdo sobre el lugar para discutir.
La noche del 8 de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohibió que el Gobierno y la Asamblea sigan aprobando leyes y decretos que restringen derechos constitucionales. En la resolución, con número de referencia I21-2020, la Sala les dio cuatro días —entre el 9 y 12 de junio— para que aprobaran una ley.
Durante tres días, el Gobierno y la Asamblea pasaron convocándose mutuamente. La mañana del 9 de junio, la junta directiva de la Asamblea Legislativa acordó enviarle una invitación al presidente de la República, Nayib Bukele, para que enviara a funcionarios a una reunión con la comisión política, ese mismo día a las 2:00 p. m., en el octavo nivel del edificio legislativo.
Unos minutos antes de las 2:00 p. m., la Presidencia de la República convocó, a través de Twitter, a los diputados de la comisión política para reunirse en la sala de reuniones del Hospital San Rafael de Santa Tecla —que actualmente atiende pacientes por COVID-19— con el fin de discutir la nueva ley y también de “hacer una análisis de lo que se enfrenta el Gobierno” ante la pandemia.
En la comisión política, los diputados de Arena, FMLN y Rodolfo Parker del PDC, rechazaron la invitación y pidieron convocar para el siguiente día, a las 9:00 a. m., en el Centro Cultural Legislativo. Los diputados alegaron que la Asamblea Legislativa es el espacio donde se construyen leyes y se transmiten las reuniones.
Los diputados Antonio Almendariz, del PCN; Guillermo Gallegos, de GANA; Juan José Martel, de CD; y el diputado independiente Leonardo Bonilla; dijeron que irían a la reunión en el Hospital San Rafael “a título personal”. Los delegados del Gobierno respondieron con otra convocatoria para el siguiente día en el hospital, a la misma hora que la cita de la Asamblea. El 10 de junio se repitió la historia: ninguna de las partes llegó a las reuniones.
Al tercer día, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, ofreció las instalaciones de la universidad como un espacio neutro para el diálogo. A las 12:00 m. d., la comisión política se instaló en la biblioteca Florentìn Idoate, que lleva el nombre del sacerdote jesuita y primer rector de la UCA.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, alegó en un tweet que no recibieron la invitación para la comisión y tampoco les “mandaron mensajes cuando ya estaban sentados allí (en la UCA)”.
Mientras que el presidente de CEPA, Federico Ankiler, recriminó la presencia del diputado Rodolfo Parker, y hasta calificó a la UCA de tener “un par de jesuitas asolapados (que) perdieron el norte”.
Bukele cerró las puertas al diálogo, diciendo que “no negociaría con delincuentes”.
El presidente Bukele también empezó a atacar a la UCA y justificó que no tenían micrófonos para todos, ni distanciamiento social, ni “internet en potencia”. “Deberían ir a Casa Presidencial, ahí sí hay de todo eso. Ya que ni sus propios empleados los dejan entrar a la @AsambleaSV”, escribió en Twitter.
Después de un receso y más de dos horas de espera, el presidente Mario Ponce terminó la reunión y pidió continuar en el Centro Cultural Legislativo. En ese lugar, además, se pretendió desarrollar la sesión plenaria, debido a que sindicalistas afines al Gobierno habían cerrado el acceso a las instalaciones de la Asamblea y la Corte Suprema.
Ponce reveló, este 12 de junio, en la entrevista Frente a Frente, que previo a la reunión en la UCA le escribió por Whatsapp al presidente Bukele y al secretario jurídico. Le dijo al presidente Bukele que para resolver el impase, estaba buscando un lugar “neutro”, como la academia. Contó que a las 9:50 a. m., le escribió que iba a gestionar la reunión en un auditorio de la UCA. Ponce dijo que Bukele le contestó hasta la 1:54 p. m., cuando ellos ya estaban en la universidad.
El presidente le respondió, según Ponce, que el día anterior escuchó que la reunión no podía ser fuera de la Asamblea y luego agregó: “hoy demostraron que sí se puede”. Además, le dijo que creía que Casa Presidencial cumplía con los requisitos de seguridad y protocolo que la UCA. También le repitió que la vez anterior su equipo de funcionarios fue a la Asamblea, durante seis días, y consideraba que por reciprocidad debían de aceptar su invitación a Casa Presidencial.
El rector de la UCA, lamentó la ausencia del Ejecutivo e instó a los diputados a trabajar por el bien de las mayorías dentro del marco de la Constitución. “Yo solo quiero decirles algo que ya saben, que la población salvadoreña está preocupa por la situación y desea una solución adecuada dentro de nuestro marco constitucional y ustedes que son diputados de la Asamblea Legislativa también fueron elegidos por la voluntad popular y están ocupando un espacio como diputados y diputadas, porque la voluntad popular votó por ustedes (…) Es importante tener muy presente que actúan en nombre del pueblo y que tiene que tener paciencia, voluntad para buscar el bien del pueblo salvadoreño”, dijo.
Este es el segundo llamado que hace la Sala de lo Constitucional para que la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República se sienten a dialogar para regular el marco normativo durante la emergencia sanitaria. El 18 de mayo pasado, la Sala también emitió una medida cautelar para suspender el decreto ejecutivo con el que el presidente Bukele pretendía prorrogar por 30 días más el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia por COVID-19. Después de discutir durante seis días, no lograron ningún consenso, pero la Asamblea terminó aprobando el decreto legislativo 648. El Gobierno, por su lado, continuó emitiendo decretos que restringían derechos constitucionales.
La Asamblea y el Gobierno toman caminos distintos
Este viernes 12 de junio, a la 1:05 a. m., la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 661 de la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
Esta ley recoge la mayor parte del contenido del decreto legislativo 648 que consensuaron, durante seis días, con los funcionarios del Gobierno. Ese decreto, sin embargo, se aprobó sin el consentimiento del Ejecutivo y el presidente lo regresó vetado. Algunos puntos en desacuerdo fueron mantener una cuarentena estricta por 15 días, habilitar el transporte público, compras directas y restringir el acceso a la información durante la cuarentena.
Los diputados, además de aprobar otra ley este viernes 12 de junio, también superaron el veto al decreto 648, previendo que Bukele vetará la ley aprobada este viernes por la madrugada. La diferencia, según los diputados, es que eliminaron los aspectos que declaró ilegales la Sala y respetan la resolución.
Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía contiene cuatro fases de la reactivación laboral y económica del país de forma gradual. Los plazos son casi iguales a los que discute, por su lado, el Gobierno con diferentes sectores empresariales.
Según la ley de la Asamblea, la primera fase empezará el 16 de junio y finalizará el 6 de julio. La última, la fase cuatro, estaría iniciando el 18 de agosto. A partir de esa fecha, se permiten todas las actividades que estaban suspendidas en las otras fases, a excepción del transporte recreativo y turístico, ferias, fiestas patronales, cines, teatros, casinos, loterías, entre otras.
Durante esta semana, el Gobierno ha mantenido reuniones con una mesa de trabajo de apertura económica. Hasta el momento ha dicho que la primera inicia el 16 de junio.
