Ese 4 de junio, mientras tanto, en Santo Tomás, al sur de San Salvador, continuaba la búsqueda de una familia que había quedado sepultada. Siete integrantes de los Melara quedaron soterrados luego de que un alud de tierra cayera sobre sus viviendas. Días después, los cuerpos fueron encontrados. Con el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, 30 personas fallecieron y una sigue desaparecida. GatoEncerrado pudo constatar que una falla en el sistema de Protección Civil hizo que no se pudiera alertar con tiempo. La desarticulación del sistema fue determinante para que las delegaciones municipales no se activaran, según especialistas consultados. 

Líderes y lideresas comunales describieron que la reacción para salvaguardar las vidas de muchas personas se hizo por la coordinación que ya existe en el territorio. Eso instaló albergues, coordinados por la misma comunidad, para protegerse también del contagio a la COVID-19. Eso, además, porque las salidas de Protección Civil no eran muchas: o se quedaban sin apoyo oficial u optaban por ser enviados a un albergue donde también estaban resguardadas personas de otras comunidades. En el peor de los casos, el problema no era el centro de resguardo instalado, sino que estuviera ubicado en territorio de pandilla contraria. Hubo personas que se negaron por ello. 

En Santo Tomás, donde la comunidad de la colonia San Luis afectada por el derrumbe optó por correr al Conchódromo, un restaurante a la orilla de la carretera a Comalapa, en lugar de trasladarse a los albergues habilitados por la alcaldía. Ante el alto número de contagios de coronavirus, las personas se impusieron para seguir en el lugar. Argumentaron que preferían quedarse aun cuando las autoridades les advirtieron que lo harían por cuenta propia. Prefirieron gestionar por su lado para evitar cualquier contagio. Hasta hoy, en el Conchódromo todavía quedan diez personas, las que no pueden volver a sus viviendas luego del derrumbe. 

Esa tarde del 4 de junio, el ministro de Gobernación, Mario Durán, informaba que se habían girado instrucciones a las 262 alcaldías para que iniciaran cuanto antes con las evacuaciones. “No podemos permitir que las personas corran más peligro”, decía. Mientras tanto, en los territorios, ya la gente estaba organizada con sus limitantes. 

Gloria seguía recibiendo mensajes. Esta vez, le llegó uno de “don Lolo”, un líder comunitario en la costa de La Libertad. Lolo tiene la capacidad de una grabadora: su memoria registra y retiene todos los detalles. En los audios que enviaba a Gloria le describía las casas destruidas en las comunidades El Jute y La Esperanza, arriba del puente Melara. Ahí casi 40 familias fueron distribuidas en tres albergues, en coordinación con la Unidad de Salud. “Quedaron damnificadas, las pertenencias se les fueron”, le decía. Le contó de lo afectadas que terminaron las familias de la comunidad El Charcón, en El Majahual, y de la evacuación de 90 familias que viven a la orilla del puente Las Chilamas, en el Puerto de La Libertad. Esas familias terminaron amotinadas en un albergue que les habilitaron de inmediato al lado del puente. Como no tenían ropa, pasaron sin cambiarse esos cuatro días desde que arreció la lluvia. 

En menos de una semana, y en medio de la pandemia, 30 mil familias resultaron afectadas; de las que 13,317 fueron albergadas. El Gobierno habilitó 358 albergues, aunque el presidente Bukele había hablado de 1,000.

Hasta el 7 de junio, el Ministerio de Agricultura registraba una pérdida de 22,476 productores de granos afectados por lluvias. Para entonces, los departamentos más afectados eran Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Ahuachapán. El ministro Pablo Anliker, en conferencia de prensa, dijo que todavía no se manejaba un consolidado de afectaciones ni plan de ayuda a los agricultores hasta tener datos “reales”.

Tanto expertos ambientalistas como habitantes de comunidades afectadas, que fueron consultados por GatoEncerrado, aseguraron que la deforestación como el desarrollo urbanístico pudo haber propiciado que ahora el impacto fuera más severo.