Foto/Julia Gavarrete

La evacuación que nunca llegó

Entrada la mañana del 31 de mayo, comunidades enteras fueron autoevacuadas. Las más propensas a derrumbes e inundaciones buscaron apoyo en líderes comunitarios para resguardarse en albergues, pese al miedo latente de contagiarse de COVID-19. Las intensas lluvias por el paso de la tormenta Amanda, y luego con Cristóbal, solo destaparon la fragilidad de un sistema que no alcanzó a responder de forma articulada para salvaguardar a quienes desde siempre han vivido en zonas vulnerables. 

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Por Julia Gavarrete

Por Julia Gavarrete

El celular de Gloria Cruz no paraba de sonar. Se saturaba con llamadas o mensajes que le llegaban desde los lugares más golpeados por las lluvias que cayeron sobre El Salvador desde el 31 de mayo. En la mayoría de esos mensajes le pedían ayuda, ropa o víveres. Pero también tenían la intención de solicitar apoyo a las autoridades de Gobierno para que llegaran con urgencia. “¡Si nos pueden hacer coordinación ustedes, ahí, con Protección Civil; necesitamos que vengan!”, se escuchaba en uno de los videos que le fue enviado por una habitante de la comunidad Tiembla Tierra del distrito 5, San Salvador, y que había sido grabado al caer la noche del 3 de junio. 

Gloria, quien forma parte de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (Aprocsal), escuchaba y leía de uno en uno lo que le iba llegando. Ese 4 de junio, en medio de la tormenta, se dirigía a El Cajón, una comunidad del cantón Ánimas Arriba de Zacatecoluca en la que, además de que escaseaba la comida por la cuarentena, las lluvias casi inundaron todo.

En Tiembla Tierra, comunidad del distrito 5 de San Salvador, las fuertes lluvias provocaron que las calles se convirtieran en un río, debido a una quebrada que se desbordó. Foto: Julia Gavarrete

En El Cajón se pierde de inmediato la señal de teléfono o del internet. Los puntos son muertos, casi nada de eso funciona. Seguirle cada tuit al presidente Nayib Bukele, desde ahí, sería imposible. Para llegar, se deja una calle pavimentada y hay que adentrarse entre caminos de tierra rodeados de agua. Las personas viven de la pesca de camarones, de la siembra de maíz, arroz y güisquiles. Con las lluvias, todo estaba perdido. Menos el arroz, porque para su suerte aún no lo habían sembrado. El nivel de las lagunas La Tona y Tío Moncho subió con la creciente del 31 de mayo. Desde el Mitch, describieron algunos, no habían visto que ambas se juntaran y cubrieran por completo los campos de cultivo. 

Ocho casas, las más cercanas a La Tona y Tío Moncho, se inundaron. Las familias sabían que tenían que evacuar en algún momento, “¿pero cómo?”. Esa pregunta se hizo Delmy Rodríguez, una de las afectadas. Intentarlo por medios propios era difícil al no tener transporte para moverse. Tampoco es que vieron a las autoridades reaccionar mucho. “Los de la alcaldía vinieron. Mi tía Irma vio llegarles y se fueron. Nada de fotos, nada de preguntas, nada. Solo a ver”, contó. En su casa, el agua les llegó hasta las rodillas. Fueron 8 de 35 familias las más afectadas, como la casa de Maribel Granados, que vive a un lado de la laguna rebalsada. Ahí el agua alcanzó el metro. Algunas de esas viviendas aún tenían la marca de humedad en sus paredes. 

Maribel Granados es habitante de El Cajón, una comunidad en Zacatecoluca. Tiene frente a su casa dos lagunas que, con las lluvias, subieron rápidamente de nivel. Foto: Julia Gavarrete

Cristina Quintero vive a pocos metros de Maribel. En su casa también se encuentran su hija, su yerno y dos nietos. Cuando el agua comenzó a subir, eran casi las seis de la mañana del domingo. Cristina tiene afuera su baño y una pila que se cubre con un techo. No tendrá más de un metro de altura. Si continuaba, ese se iba a convertir en su lugar seguro. “Si llenaba, decíamos nosotros, como sea, en esa pila nos íbamos a encaramar”, dijo. Estaba preocupada por sus nietos, a quienes había tenido con calentura. Cree que por las lluvias. Aunque, por miedo a los contagios por COVID-19 y por no tener cómo movilizarse, ella esperaba que la fiebre de los niños bajara sola. 

Fuera de la casa de Cristina, en una esquina de su patio, a un lado, tiene sepultado a su esposo, Ángel. El arreglo floral que había dejado sobre el puñado de tierra estaba descolorido por la lluvia. Él falleció el 24 de marzo, a inicios de la cuarentena. Ángel padecía de insuficiencia renal, le hacían diálisis peritoneal. Su estado se complicó por lo que tuvo que ser llevado al hospital Rosales, en San Salvador, el 20 de marzo. Mientras Cristina había regresado a Zacatecoluca para buscar donantes de sangre, su esposo falleció. No lo supo hasta llegar al hospital. “Él había salido de peligro”, expresó Cristina sobre el último momento en el que lo vio. Todo parecía que iba bien, respondiendo a los tratamientos. 

Cristina Quintero, de 46 años, vive con su hija y sus dos nietos en El Cajón. La pila que tiene bajo un techo era el único lugar seguro que identificó en caso de que subiera más el nivel. Foto: Julia Gavarrete

El regresar con el cuerpo a El Cajón no fue fácil. Pagó $250 a una de las funerarias. Luego, tenía que enterrarlo, pero ninguna de las autoridades que debían dar acceso al cementerio del cantón se lo facilitaba. “¿Murió por covid?”, le preguntaron en la alcaldía de Zacatecoluca. Como algunas oficinas estaban cerradas, cuenta Cristina, ahí no le ayudaron. Le dijeron que se fuera al cementerio. En el cementerio, el encargado le cobraba $55 por un servicio que vale $5; además, tenía que llevar al beneficiario del nicho para hacer el proceso. “Yo no puedo hacer todo eso —le explicó—, porque no hay transporte y además la persona es de la tercera edad, no puede venir. Bueno —contestó el hombre—, ahí vea usted cómo hace”, describió de la respuesta que recibió. “Sea una manera o de otra, pero de que lo entierro lo entierro, aunque sea en mi casa”, se dijo. Y eso hizo Cristina al siguiente día. 

Ana Ramírez y su madre, María Inés Martínez, viven en San Luis La Herradura, La Paz. Ellas también vieron cómo el agua comenzaba a subir de nivel por un río que se desvió de su cauce. Hasta ese día, muchos todavía dormían en hamacas. Tenían el agua hasta los tobillos y el miedo de que las lluvias continuaran así de intensas se mantenía. Aunque sabían que la alcaldía había dispuesto un albergue para los afectados de la comunidad en San Luis La Herradura, muchos prefirieron quedarse. Tenían miedo de cruzarse con el virus. Líderes de la comunidad explicaron a GatoEncerrado que el plan que tenían, si seguían las lluvias, era irse al casco de una cooperativa, donde suelen albergarse en temporales. Pero las autoridades no se los permitieron esta vez. Por eso optaron por seguir en medio del agua. 

Ana Ramírez es una habitante de San Luis La Herradura, quien no evacuó con su familia por miedo a contagiarse de COVID-19 en el albergue habilitado por la comuna. FOTO: Julia Gavarrete

Ese 4 de junio, mientras tanto, en Santo Tomás, al sur de San Salvador, continuaba la búsqueda de una familia que había quedado sepultada. Siete integrantes de los Melara quedaron soterrados luego de que un alud de tierra cayera sobre sus viviendas. Días después, los cuerpos fueron encontrados. Con el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, 30 personas fallecieron y una sigue desaparecida. GatoEncerrado pudo constatar que una falla en el sistema de Protección Civil hizo que no se pudiera alertar con tiempo. La desarticulación del sistema fue determinante para que las delegaciones municipales no se activaran, según especialistas consultados. 

Líderes y lideresas comunales describieron que la reacción para salvaguardar las vidas de muchas personas se hizo por la coordinación que ya existe en el territorio. Eso instaló albergues, coordinados por la misma comunidad, para protegerse también del contagio a la COVID-19. Eso, además, porque las salidas de Protección Civil no eran muchas: o se quedaban sin apoyo oficial u optaban por ser enviados a un albergue donde también estaban resguardadas personas de otras comunidades. En el peor de los casos, el problema no era el centro de resguardo instalado, sino que estuviera ubicado en territorio de pandilla contraria. Hubo personas que se negaron por ello. 

En Santo Tomás, donde la comunidad de la colonia San Luis afectada por el derrumbe optó por correr al Conchódromo, un restaurante a la orilla de la carretera a Comalapa, en lugar de trasladarse a los albergues habilitados por la alcaldía. Ante el alto número de contagios de coronavirus, las personas se impusieron para seguir en el lugar. Argumentaron que preferían quedarse aun cuando las autoridades les advirtieron que lo harían por cuenta propia. Prefirieron gestionar por su lado para evitar cualquier contagio. Hasta hoy, en el Conchódromo todavía quedan diez personas, las que no pueden volver a sus viviendas luego del derrumbe. 

Esa tarde del 4 de junio, el ministro de Gobernación, Mario Durán, informaba que se habían girado instrucciones a las 262 alcaldías para que iniciaran cuanto antes con las evacuaciones. “No podemos permitir que las personas corran más peligro”, decía. Mientras tanto, en los territorios, ya la gente estaba organizada con sus limitantes. 

Gloria seguía recibiendo mensajes. Esta vez, le llegó uno de “don Lolo”, un líder comunitario en la costa de La Libertad. Lolo tiene la capacidad de una grabadora: su memoria registra y retiene todos los detalles. En los audios que enviaba a Gloria le describía las casas destruidas en las comunidades El Jute y La Esperanza, arriba del puente Melara. Ahí casi 40 familias fueron distribuidas en tres albergues, en coordinación con la Unidad de Salud. “Quedaron damnificadas, las pertenencias se les fueron”, le decía. Le contó de lo afectadas que terminaron las familias de la comunidad El Charcón, en El Majahual, y de la evacuación de 90 familias que viven a la orilla del puente Las Chilamas, en el Puerto de La Libertad. Esas familias terminaron amotinadas en un albergue que les habilitaron de inmediato al lado del puente. Como no tenían ropa, pasaron sin cambiarse esos cuatro días desde que arreció la lluvia. 

En menos de una semana, y en medio de la pandemia, 30 mil familias resultaron afectadas; de las que 13,317 fueron albergadas. El Gobierno habilitó 358 albergues, aunque el presidente Bukele había hablado de 1,000.

Hasta el 7 de junio, el Ministerio de Agricultura registraba una pérdida de 22,476 productores de granos afectados por lluvias. Para entonces, los departamentos más afectados eran Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Ahuachapán. El ministro Pablo Anliker, en conferencia de prensa, dijo que todavía no se manejaba un consolidado de afectaciones ni plan de ayuda a los agricultores hasta tener datos “reales”.

Tanto expertos ambientalistas como habitantes de comunidades afectadas, que fueron consultados por GatoEncerrado, aseguraron que la deforestación como el desarrollo urbanístico pudo haber propiciado que ahora el impacto fuera más severo.

En Campos Verdes un alud de tierra se desprendió cerca de las 5:30 a. m. del 31 de mayo. Los habitantes atribuyen a la deforestación de un cerro y las construcciones el desbordamiento de un río. FOTO: Líderes comunitarios Campos Verdes.

En Campos Verdes, Lourdes, Colón, un alud de tierra bajó de la cordillera conocida como Agua Fría el domingo 31 de mayo. La colonia, construida en 1999, no veía nada similar desde 2005, con el paso del huracán Adrián. En ese momento, denunciaron a la constructora por el mal manejo que hicieron con un río, como a las personas que llegaban a la loma Agua Fría a tirar ripio, basura de electrodomésticos y a hacer quemas, según contó Marcos Salazar, quien forma parte de la directiva. A eso, le suma la deforestación. 

Con la lluvia de ese domingo, ni una hora pasó para que la parte baja de la colonia pareciera haber sufrido la fuerza de un terremoto. El alud había cubierto casi por completo varias casas. “Había vecinos destapando tragantes”, cuenta Marcos sobre el trabajo que hicieron los residentes. Sacaron palas, escobas o lo que fuera necesario para limpiar mientras llegaba la ayuda. “A Protección Civil se les llamó diez veces, pero nada. Yo creo que en todos los lugares fue lo mismo, Protección Civil…”. 

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