Foto/Emerson Flores
Protección Civil no alertó oportunamente sobre la tormenta Amanda
Aunque el Observatorio Ambiental emitió oportunos informes sobre las intensas lluvias y tormenta tropical Amanda que venía a El Salvador, la falta de un Sistema de Protección Civil sólido hizo que las alertas no llegaran a las comunidades ubicadas en zonas de mayor riesgo. El desordenado desarrollo urbanístico, la deforestación de áreas claves para la captación de agua y la desigualdad social se convirtieron en una bomba de tiempo para aumentar la vulnerabilidad y riesgo del territorio salvadoreño.
Por Carolina Amaya
🗓️ 14 de junio de 2020
Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal dejaron a su paso 30 muertos, una persona desaparecida, 30 mil familias afectadas y 13,317 personas en 358 albergues, por las inundaciones y derrumbes en todo el territorio salvadoreño. Expertos consultados por GatoEncerrado coinciden en que la tragedia y parte del impacto pudo evitarse, pero el sistema de Protección Civil falló. Las fuentes, incluso, aseguraron que el Observatorio Ambiental siguió todos los protocolos para alertar oportunamente sobre lo que ocurriría, pero que las autoridades de Protección Civil no actuaron con la urgencia del caso y el Gobierno despertó hasta que las tormentas ya caían sobre El Salvador.
La vulnerabilidad y riesgo no son una novedad con la que el actual gobierno tiene que lidiar. En realidad, esta es una herencia del manejo de eventos naturales con un amplio historial: en 1974, el huracán Fifi; en 1998, el huracán Mitch; y en 2005, el huracán Adrián. Ese año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para articular tanto a la población, como a gobiernos locales y central en función de la reducción de desastres. Esa articulación, según los expertos, falló este año con las tormentas tropicales.
Una fuente interna del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), confirmó a GatoEncerrado que los técnicos del Observatorio Ambiental siguieron el protocolo que va desde los preavisos hasta el momento de la reacción inmediata. Incluso, generaron pronósticos por impacto, que es lo más novedoso en el Observatorio Ambiental. “Las alertas se dieron 120 horas antes; o sea, cinco días antes del evento, pero Protección Civil se quedó de brazos cruzados”, expresó la fuente, quien prefirió permanecer en anonimato.
La ciencia y tecnología, en el país y el mundo, juegan un rol importante en la reducción de impactos, gracias al pronóstico acertado y oportuno de los sistemas atmosféricos, que son solo un eslabón dentro del sistema de alerta temprana de Protección Civil.
Es así como el escenario para un posible huracán llamado Amanda lo venía advirtiendo desde el 25 de abril el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), cuando se formó la depresión tropical 1-E que se adelantó a la temporada de huracanes en el Pacífico, pero que se diseminó en el océano. Un mes después, durante el 24, 25 y 26 de mayo el NHC se mantuvo vigilante y alertando sobre una baja presión que tenía el 60 % de probabilidades de convertirse en una depresión tropical y que tocaría suelo el 31 de mayo, afectando la región centroamericana, con énfasis en Guatemala y El Salvador.
El 26 de mayo a las 10:46 a. m., el Observatorio Ambiental publicó la alerta del NHC en el Twitter del MARN; ese día a las 9:39 p. m., el MARN también publicó el Informe Especial No. 1, en el que advertía las lluvias intensas tipo temporal que dejarían acumulados de agua de entre 200 a 300 milímetros en algunas zonas, y que podría generar inundaciones y deslizamientos. Fue hasta las 11:00 p. m., de ese mismo día, que el presidente Nayib Bukele ordenó vía Twitter decretar la alerta amarilla, saltándose la alerta verde.
La meteoróloga salvadoreña que trabajó 40 años en el MARN, Sandra Yanira Martínez, reconoció el buen trabajo del Observatorio Ambiental, pese a la falta de personal y las malas condiciones laborales: no pago de nocturnidad ni horas extras.
La especialista dijo a esta revista que es importante que los funcionarios y la población comprendan el proceso ciclónico de los sistemas meteorológicos que empiezan con ondas tropicales, después bajas presiones, depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. “Ya hablar tormentas tropicales con nombre es hablar de sistemas ciclónicos fuertes, que nos traen un impacto como el que hemos tenido”, añadió.
Quieres saber más sobre el fenómeno meteorológico que estamos monitoreando en el océano Pacífico. Nuestro meteorólogo David Pichinte tiene los detalles pic.twitter.com/ZPWdDOtt80
— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) May 26, 2020
El miércoles 27 de mayo, ya se registraban las primeras lluvias dispersas en el país; Protección Civil se mantuvo tuiteando la alerta amarilla. Ese día montó una conferencia encabezada por la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y varios alcaldes, incluyendo a Ernesto Muyshondt, de San Salvador, y Milagro Navas, de Antiguo Cuscatlán. En la conferencia, los funcionarios hicieron hincapié en la modalidad de poner en “primera línea” a alcaldes para atender la “doble emergencia” que enfrentaban por COVID-19 y las tormentas. En esa conferencia, un periodista preguntó sobre el nombramiento de los gobernadores, pero el ministro de Gobernación, Mario Durán, evadió la respuesta.
La falla en el territorio
La falta de un articulado Sistema de Protección Civil fue evidente en el territorio, según constató GatoEncerrado durante un recorrido por comunidades con problemas de inundaciones y derrumbes en la zona paracentral y occidental del país. En esos lugares, líderes comunitarios afirmaron que no recibieron ningún tipo de advertencia sobre la depresión 2-E que se convirtió en la tormenta tropical Amanda.
Después de tres días de intensas lluvias, el sábado 30 de mayo a las 5:00 a. m., la quebrada El Piro se salió de su cauce arrastrando a su paso tres casas e inundando 14 más del sector 1 de la comunidad La Cuchilla, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Panamericana, en las cercanías del centro comercial Multiplaza.
Juan Manuel Mendoza, de 76 años, perdió su vivienda ese sábado. “Mi señora me gritaba: ‘¡salite!’, pero una puerta no me dejaba salir porque daba vueltas con el remolino que se había hecho, ya con el agua hasta el pecho logré salir”, narró. Las familias tuvieron que caminar, con las mascotas que rescataron, hasta la zona del centro comercial Multiplaza, para salvarse de la corriente de agua.
En un sondeo realizado en La Cuchilla, los habitantes aseguraron que ni Protección Civil, ni la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán llegaron a evacuarlos, pese a ser una zona histórica de alto riesgo del sur de San Salvador y Antiguo Cuscatlán.
“La verdad nadie vino, yo pensé que era una simple lluvia, por eso no le puse importancia. Ya hasta que hubo esos derrumbes fue que vinieron las personas y nos dijeron que nos teníamos que mover”, explicó Cristina Velásquez, habitante del sector 1 de la comunidad La Cuchilla. La alcaldesa Navas llegó hasta el lunes 1 de junio a ofrecerles albergue, dijeron las personas consultadas.
Las comunidades pesqueras del lago de Coatepeque, Santa Ana, tampoco recibieron alertas. En el caserío Pedrero Hondo, conocido como caserío Los Alvarado, en el lago de Coatepeque, la familia Alvarado sigue durmiendo al borde de un deslizamiento que se llevó parte de su casa el lunes 1 de junio, pero Protección Civil nunca llegó a evacuarlos. En el lago ni siquiera hay un albergue habilitado. “No habían venido. Hasta después (del derrumbe) vino la Policía a decirme que comprara plástico para que le pusiera ahí, pero sin dinero ni transporte para viajar no podemos hacer nada”, explicó Nurian Alvarado, habitante de la zona.
Durante la emergencia, el ministro de Gobernación, Mario Durán, afirmó reiteradamente que pese a que las gestiones anteriores abandonaron la prevención y mitigación de desastres, la gestión actual redujo los impactos de Amanda y Cristóbal, gracias a “la coordinación con las 262 alcaldías de El Salvador es algo que nunca antes se había visto. Nosotros generalmente veíamos que las alertas se daban en el proceso de la emergencia tal cual y no de manera preventiva como se hizo en esta ocasión”, explicó una conferencia el 7 de junio.
La realidad en el territorio y los tuits del presidente Bukele, sin embargo, desmienten al ministro de Gobernación. Las alertas naranja y roja se activaron el 30 y 31 de mayo, cuando ocurrían los desastres y se viralizaron los videos y fotos de los derrumbes e inundaciones.
La urbanista y académica de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Sandra Gutiérrez, señaló que las consecuencias pueden ser graves si las alertas no se dan en los momentos oportunos. “De qué te sirve dar una alerta roja el mismo día que ya está pasando el fenómeno, si esas alertas tienen que ser antes”, dijo.
El sistema de @PROCIVILSV debe declarar ALERTA ROJA por la tormenta tropical Amanda, inmediatamente.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 31, 2020
Cc. @marioduran, @GobernacionSV, @whernandezsv, @FUERZARMADASV, @PNCSV, @BomberosSV, @ObrasPublicasSV.
Líderes de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) aseguraron que las comisiones municipales de Protección Civil no funcionaron y fueron las comisiones comunales las que activaron el sistema de alerta temprana. En las cuencas bajas de los ríos Paz y Cara Sucia, en Ahuachapán, las comunidades dieron seguimiento a once estaciones pluviométricas, “eso nos permitió tomar medidas sobre las posibles afectaciones por el crecimiento o desborde de los ríos”, explicó Andrea Padilla, técnico de la UNES.
Gregorio Villanueva, técnico de la UNES, criticó que Protección Civil subió el Plan Invernal 2020 el mismo día que Amanda tocó tierra. No hay “un acta de aprobación del Consejo Nacional de Protección Civil, ni mucho menos un esquema de operativización del plan que articule a todo el sistema. Hubo falta de gobernadores a la cabeza de las comisiones departamentales y las comisiones técnicas brillaron por su ausencia”, señaló.
Pronóstico de lluvias y activación de Protección Civil
Estas son las fechas en las que se emitieron las alertas de parte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) y el Observatorio Ambiental del MARN para que el Sistema Nacional de Protección Civil se activara.
Alertas de la NOAA
El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), que pertenece a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió alertas sobre la formación de un sistema con más del 60% de probabilidades de evolucionar a una baja presión.
Informe Especial No.1
El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emite el Informe Especial No.1, alertando sobre el sistema que monitorea el NHC.
Alerta Amarilla
A las 11:00 p.m. del 26 de mayo el Presidente, Nayib Bukele, ordenó decretar alerta amarilla, pero es hasta el 27 de mayo que Protección Civil emitió la 0Alerta Amarilla por lluvias.
Inicia el temporal
El Observatorio Ambiental registra lluvias tipo temporal en todo el país. Protección Civil zonifica las alertas amarilla y naranja.
Depresión tropical 2E
A las 3:00 p.m. la baja presión evolucionó a depresión tropical 2E. Protección Civil extiende la alerta naranja en todo el país.
Alerta Roja en todo el país
A las 3:00 a.m la depresión tropical 2E evoluciona a la tormenta tropical Amanda, pero a su paso por Guatemala se degrada. Protección Civil emite la alerta roja en todo el país. El presidente, Nayib Bukele, ofrece una conferencia en la comunidad Nueva Israel, en San Salvador. Ahí el mandatario aseguró que no nombrará gobernadores hasta que se modifique la ley.
Los daños de Amanda
Amanda se degrada a la depresión tropical 3, que se fortalece al sur de México y genera lluvias en El Salvador. El presidente Bukele reparte bolsas solidarias en la comunidad Aguas Calientes, que fue una de las más afectadas por las lluvias.
Cristóbal genera lluvias en el país
En México, la depresión tropical 3 toma fuerza y se convierte en tormenta tropical Cristóbal. Ese día, en cadena nacional, el presidente Bukele escucha el informe oficial de cada ministro que ha trabajado en la emergencia.
Recuento de los daños
Termina la influencia de la tormenta tropical Cristóbal. En El Salvador, los eventos naturales dejaron: 30 muertes, 1 desaparecido y daños evaluados en $101 millones
Desarticulación del sistema
La imagen se hizo viral el 31 de mayo, el presidente de la República, Nayib Bukele, con su simbólica gorra hacia atrás y bajo la lluvia ofreciendo una conferencia de prensa previa a la conmemoración de su primer año de gestión. La emergencia por las intensas lluvias lo llevó, con todo y podium, hasta la comunidad Nueva Israel, en donde la corriente del Arenal de Monserrat arrastró 50 casas y una mujer perdió la vida.
Una de las preguntas de los periodistas fue: ¿Cuándo nombrará gobernadores en su gestión? El mandatario contestó que los gobernadores son “macetas que adornan y cobran caro”, y que por esa razón su gobierno ha trabajado “mejor sin ellos”. Agregó que ha decidido “nombrar gobernadores cuando se reforme la ley para que los gobernadores tengan facultades de verdad”, acotó.
"¿Vieron a los gobernadores trabajando en otros Gobiernos? Yo, nunca. Por eso no los he nombrado, porque trabajamos mejor sin ellos; lo haré cuando se reforme la ley y tengan facultades de verdad y dejen de ser macetas que adornan": Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/V7rGiFkNE4
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 1, 2020
Con esa filosofía de trabajo, el presidente rompió la pirámide de gestión de emergencias que establece la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. La estructura, según el artículo 7, funciona en tres niveles: la Comisión Nacional, las Comisiones Municipales y las Comisiones Comunales. En el artículo 11, los gobernadores aparecen liderando las Comisiones Municipales.
Romper la pirámide sin estrategia alguna, más que centralizar el trabajo de Protección Civil, tuvo un alto costo, pues la comunicación que fluye entre las comisiones es vital para reducir los impactos de eventos naturales, explicó el economista Enrique Merlos, encargado de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
El economista también reconoce que algunos gobernadores han sido “operadores políticos”, pero otros han trabajado en mejorar la comunicación entre el Ejecutivo y las municipalidades. “El no tener esa figura genera un problema más logístico, porque el gobierno central tiene que coordinar con los 262 alcaldes y esa es una tarea bastante difícil y titánica”, advirtió.
El presidente Bukele ha restado importancia a la Ley de Protección Civil en cuanto al nombramiento de gobernadores y al seguimiento de protocolos para alertas tempranas, en un país donde el 95 % de la población vive con algún nivel de vulnerabilidad, según el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad en 2016; y con un Ministerio de Medio Ambiente debilitado en la prevención de desastres y enfocado en la agilización de permisos ambientales. Pero al mismo tiempo, esa ley la ha utilizado como una de sus herramientas jurídicas para los decretos ejecutivos emitidos durante la emergencia por COVID-19. Esos decretos ya fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Juan Umaña, ingeniero salubrista y representante de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), dijo que el problema es la improvisación de cada gobierno y la poca acumulación de experiencia. “Van llegando, llevan nueva gente, no conocen el trabajo y las alertas vuelven a sorprendernos. Cada cinco años improvisamos la forma de ver emergencias”, añadió el ingeniero.
Para Gutiérrez, la académica de la UCA, aunque los sistemas de alerta temprana y monitoreo no eran perfectos, ya había avances significativos: equipos técnicos en el campo, y sobre todo, ciudadanía activada. “Te dicen que no necesitamos gobernadores, ni nada, que están súper coordinados con las alcaldías… Okey, les vamos a creer, pero… ¿A dónde está toda esa información práctica que yo debo de tener? ¿A dónde está? En ningún lado”, reclamó.
Desarrollo urbanístico y vulnerabilidad
La cadena de la vulnerabilidad y riesgo se puede explicar sumando la pérdida de bosque más la impermeabilidad del suelo igual a: escorrentías, derrumbes, inundaciones, daños materiales y muertes. Según la plataforma Global Forest Watch, en el período de 2001 a 2019, El Salvador perdió 79.6 mil hectáreas de cobertura arbórea.
Especialistas consultados por GatoEncerrado coinciden en que gran parte del escenario de riesgo y pérdida de bosques que hay en El Salvador se debe a la construcción desordenada de centros comerciales y residenciales que tienen el permiso del MARN y las alcaldías municipales.
Un ejemplo de esa permisividad institucional es la reciente construcción del centro comercial Las Ramblas, en el kilómetro 10 de la Panamericana, a escasos 3 kilómetros de la comunidad La Cuchilla. A inicios de 2020, el centro comercial generó críticas en redes sociales, pues parte de la finca El Carmen se reemplazó por la edificación de cafés y restaurantes. Esta área boscosa colinda con la finca El Espino, que tiene un largo historial de depredación ambiental para la construcción de centros comerciales como Multiplaza, La Gran Vía; carreteras, universidades y más infraestructura.
La comunidad La Cuchilla nació en 1940 con cuatro casas que la familia Dueñas dio a sus colonos en forma de pago por el trabajo que hacían en la finca El Espino; ahora 300 familias viven rodeados de grandes edificaciones, pero en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Su presidenta, Ricarda Villanueva, lleva años luchando porque se realicen obras de mitigación para reducir la vulnerabilidad que generó la deforestación.
Villanueva comentó que con las lluvias generadas por Amanda, el Ministerio de Obras Públicas llegó a supervisar el tramo de la carretera panamericana que se dañó, pero no han llegado a evaluar los daños de la comunidad. “Le quiero pedir al Gobierno que así como le dio a la Universidad José Matías Delgado ese terreno para que estuviera sacando dinero, así nos pueden donar a nosotros este terreno para que podamos hacer nuestras viviendas y que manden a hacer el muro de contención”, reclamó.
La consultora en derechos humanos y exprocuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), Yanira Cortez, señaló que el problema de proyectos como Las Ramblas es que son aprobados de forma aislada y no con una visión integrada del lugar. En el caso de “El Espino la depredación ha sido continua (…) A todos se les ha dado permiso sin considerar que esta es la base de la cuenca y al final toda esa agua va a dar al gran San Salvador”, añadió.
El permiso ambiental para Las Ramblas lo otorgó la gestión de la exministra Lina Pohl, el 15 de octubre de 2018, bajo la resolución No. NFA 75-2018-R-217-2018, que permitía la parcelación y desarrollo de infraestructura básica para cuatro proyectos: centro comercial, torres de apartamentos de uso habitacional, un Mister Donuts y una agencia de Excel Automotriz.
Este fue un avance para la sociedad Palmetto, S.A. de C. V., representada por Miguel Alberto Gadala María Maluje, según registros del Centro Nacional de Registros (CNR). Pero lo que querían era que el MARN autorizara todo el paquete sin tener que presentar permisos ambientales por cada proyecto. Es así como el 6 de mayo de 2019, a un mes de cambiar de titular en el ministerio, la sociedad solicitó una modificación del permiso ambiental para ejecutar el proyecto de ocho zonas en tres etapas. El 17 de enero de 2020, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aprobó la modificación, según la resolución No. NFA 75-2018-MOD-2-2020.
Las Ramblas, también tiene el aval de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y compensará parte de los daños con la Alcaldía de Santa Tecla. El alcalde Roberto D´Aubuisson participó en el acto de inicio de obras de remoción del Ecoparque Alpes Suizos, que tendrá un costo de $500,000, según la arquitecta Eleonora Sol, supervisora de la construcción. “Nosotros tenemos el permiso de Medio Ambiente de todo, pero el permiso de construcción lo estamos sacando por partes”, aseguró a GatoEncerrado.
El desarrollo que el país tiene es con una visión “de finca, de amistades y compadrazgos”, dijo el ingeniero Umaña, de AIDIS. Los urbanizadores “utilizan los recursos del Estado: el agua potable, aguas residuales y logran factibilidades de una forma corrupta. De tal forma de que el Estado es utilizado para propósitos de pequeños grupos, de empresarios urbanizadores que han ido haciendo ese desorden”, añadió.
Uno de esos pequeños grupos que se han beneficiado del Estado ha sido la sociedad Inmuebles, S.A. de C.V., empresa familiar de Carlos Guerrero, que en la gestión del expresidente, Elías Antonio Saca, fue viceministro de Obras Públicas (2004 a 2006) y ministro de Medio Ambiente (2007 a 2009).
En 2006, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH) recibió una denuncia de las comunidades indígenas del caserío Amatitán, de Los Planes de Renderos, Panchimalco. En donde se taló una zona de recarga hídrica para la construcción de la residencial Quintas Doradas, desarrollada por Inmuebles, S. A. de C.V. En el lugar se han registrado derrumbes durante depresión tropical E12 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
Atendiendo llamado ante derrumbes en Residencial Quintas Doradas (calle antigua hacia Panchimalco) donde se encuentran dañados vehículos y viviendas.#TemporalSV pic.twitter.com/7koZQzN9tU
— PNC El Salvador (@PNCSV) June 3, 2020
El proyecto Quintas Doradas obtuvo el permiso ambiental del MARN, que en esa fecha era dirigido por Hugo Barrera Guerrero (2004-2006), también reconocido por su trabajo como gerente general de Boquitas Diana y fundador del partido de derecha Arena. Aunque después, en noviembre de 2019, renunció al partido por supuestas diferencias con la dirigencia.
En 2011, la Corte de Cuentas encontró culpables a ambos exfuncionarios de transgredir la Ley de Medio Ambiente en la destrucción en la finca El Espino para la construcción del bulevar Diego de Holguín; el que ahora es conocido como bulevar Monseñor Romero.
En 2006, Yanira Cortez llevó el caso en la PDDH, y ahora recuerda que durante la inspección se dio cuenta de que en el terreno bajaba una quebrada, pero el MARN no paró la obra. La respuesta fue que el trámite se hizo apegado a la ley y era viable. “Aquí vemos que esa viabilidad de los permisos ambientales no es tal, porque catorce años después vemos las consecuencias”, lamentó.
Los especialistas consideran que el escenario de vulnerabilidad del país es “perfecto para la catástrofe”. Y con la intensificación de los eventos naturales por el cambio climático no faltará mucho para empezar a ver los migrantes climáticos.
