Video de dron militar desmiente que IAIP haya irrumpido en Estado Mayor

El video que grabó un dron del Ministerio de Defensa, el día que las comisionadas del IAIP llegaron para revisar archivos militares, tiene como nombre "manifestación". Pero la actividad nunca fue una manifestación, sino una diligencia de las autoridades en acceso a la información. El ministro de la Defensa y el presidente Nayib Bukele utilizaron sus cuentas de Twitter para calificar la diligencia como un "bloqueo" a las salidas del recinto del Estado Mayor. Ante lo sucedido, el Idhuca solicitó, vía ley de acceso, las grabaciones del dron para indagar por qué filmaron lo ocurrido. El Idhuca también llevará el video a la Asamblea Legislativa para impulsar una propuesta que regule el uso de drones militares. 

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Julia Gavarrete

Julia Gavarrete

El 6 de marzo, las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se vieron sorprendidas por la presencia de un dron militar que sobrevoló y registró la visita que realizaron en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA). Las funcionarias estaban en el lugar por una diligencia programada, en la que pretendían acceder a los archivos militares como parte de un proceso de apelación que hizo la Universidad de El Salvador (UES) en relación a operativos del conflicto armado en el país. Las imágenes que el dron capturó demuestran que las comisionadas nunca bloquearon el acceso, como minutos después, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguró en Twitter. 

Para la diligencia, las comisionadas del IAIP llegaron en dos vehículos y los representantes de la UES en otro, con tiempo suficiente para someterse al protocolo de ingreso. En la entrada principal del Estado Mayor, los militares que estaban haciendo guardia, los ubicaron a un costado. “Nos dejaron detrás de la pluma, ahí esperando, bajo el sol y demás”, dijo a GatoEncerrado la presidenta del IAIP, Silvia Cristina Pérez, al recordar detalles sobre el procedimiento que tenían agendado dentro del EMCFA.

“La misma indicación de parquearnos a un lado le dieron al personal de la universidad nacional, que andaba debidamente identificado”, agregó.

Esa mañana, las comisionadas del IAIP esperaban por obtener el acceso acordado días antes en una audiencia oral, correspondiente a una apelación que hizo la UES por haber obtenido una respuesta desfavorable sobre información de operativos militares realizados entre 1970 y 1995 en el campus universitario, en los que desaparecieron y fueron asesinados estudiantes y personal universitario, incluido el rector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente del país.

En esa audiencia, en la que también estuvo presente el representante legal del Ministerio de Defensa, Carlos Salgado Herrarte, se dejó escrito en acta que se haría la visita. 

Pero, el ministro Merino Monroy omitió ese acuerdo cuando tuiteó que las autoridades del Instituto habían llegado al EMCFA “irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo”. En su tuit también sostuvo que las comisionadas habían “bloqueado la salida de las instalaciones”. Luego agregó: "Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad". 

Mientras tanto, durante la espera, un dron salió desde adentro del EMCFA y grabó lo que ocurría. Las comisionadas y representantes de la UES no tenían certeza de lo que hacía, solo que sobrevolaba el área donde se mantenían las comisionadas. “El equipo (de comunicaciones) nos advierte que se había escrito un tuit tanto del ministro (de Defensa) como del presidente (Nayib Bukele) y lo que podíamos deducir es que no nos iban a permitir la entrada. Simultáneamente, al darnos cuenta de esa situación, advertimos que nos estaban grabando”, explicó a GatoEncerrado la presidenta del IAIP. 

Las imágenes de lo que capturaba el dron generó preguntas en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). El desconocimiento del objetivo con el que sería usado el material, como el hecho que el Ministerio de Defensa tenga a su alcance drones, llevó a que el Idhuca realizara de inmediato una solicitud de información sobre el contenido. La solicitud, hecha el 10 de marzo, un día antes de la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, requería que, además, les entregaran una copia del marco normativo que regula el uso militar de drones, una copia de la grabación realizada por el dron que sobrevoló al personal del IAIP y el registro del vuelo. El Idhuca recibió respuesta el 19 de junio pasado: Defensa entregó el archivo y respondió que “no cuenta con reglamento, protocolo o instructivo sobre el uso de drones”.

El subdirector del Idhuca, Manuel Escalante, sostiene que la solicitud de acceder a lo capturado por el dron surgió al tener un interés en dos componentes que pudieran dimensionar la problemática: el primero, en cuanto al hecho de que Defensa tiene a su alcance drones con la finalidad de grabación; es decir, que hay claridad “que hacen uso de tecnología” que puede ser utilizada “contra instituciones públicas” y, segundo, los efectos colaterales que este tipo de tecnología puede acarrear. Escalante cuestiona que si hacen esto contra instituciones públicas, ¿qué no harán en otras circunstancias? 

Aunque es evidente que se trataba de una diligencia administrativa la que realizaba el IAIP, en el archivo que fue entregado por Defensa, la grabación tiene por nombre: “DRONE MANIFESTACIÓN EMCFA”. Los tres ángulos en los que se mueve el dron, según lo capturado por el video, evidencia que los vehículos fueron ubicados a un lado de la entrada, también se pueden ver dos personas de chaleco azul, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que llegaron al recibir la notificación del IAIP sobre la negación de ingreso.  

Para el Idhuca, existe una clara edición del video grabado por el dron, por lo que iniciarán un proceso de apelación para que se entregue el material completo que pudiesen tener.

Regular los vuelos 

En noviembre, el gobierno del presidente Nayib Bukele envió una propuesta para adquirir, mediante un préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para comprar, entre cosas, drones como parte del Plan Control Territorial. 

Ante este punto es que Escalante es enfático al sostener que debe iniciarse una discusión desde el Órgano Legislativo sobre normar el uso de drones, ya que se podría estar propenso a que se vulneren derechos sobre datos personales. 

“Comprar equipo para cuerpos de seguridad, que además será utilizado en contra de instituciones públicas, y es equipo que no tiene regulación legal, es la mezcla perfecta para un desastre en derechos humanos si no lo atendemos en este momento”, expuso el subdirector del Idhuca.

Escalante comentó que esperan hacer llegar el archivo a diferentes comisiones legislativas para que “funcionarios públicos puedan dimensionar de lo que estamos hablando”. 

El Idhuca promoverá que pueda emitirse en El Salvador una legislación adecuada sobre el uso de drones, así como cualquier otra tecnología relacionada o similar, por parte de las autoridades gubernamentales y personas particulares. 

Negación a los archivos

La apelación de la UES de acceder a los archivos que están bajo custodia del Estado Mayor es parte de un proceso que arrancó en 2016. Para entonces, según una fuente de la Comisión de Derechos Humanos de la UES que fue consultada, se pidió la inspección para comprobar la supuesta inexistencia de los archivos militares. 

En 2018, tras medidas cautelares de la Sala de lo Contencioso Administrativo que quedaron sin efecto, la UES volvió a iniciar un proceso. Dos años después, el IAIP retomó y solicitó tanto a Defensa como al Ministerio de Cultura que se emitieran las actas de expurgo: todos aquellos documentos que el Ministerio de Defensa hubiese ordenado destruir de manera legal. La respuesta de Cultura es que dentro de los documentos destruidos no había alguno relacionado a este caso específico.

Ese 6 de marzo, ante la negativa en la puerta del Estado Mayor, las comisionadas optaron por retirarse y levantar una nueva acta. Tanto el tuit del ministro y del presidente Bukele las desconcertó.

“Como autoridad, tuvimos la percepción de salir decepcionados de la diligencia, porque tenemos el respaldo legal de hacer diligencias de este tipo; no habíamos encontrado esta resistencia en ningún órgano”, comentó la presidenta del IAIP. 

Pérez explicó que el rechazo a este procedimiento por parte del Ministerio de Defensa es recurrente: pasó anteriormente con el pleno que conformaba el instituto, al que tampoco le dio accesos. “Es una constante”, declaró, aunque nunca lo habían hecho de una forma agresiva, rodeándoles de militares y con un dron sobrevolando. 

“Es sorprendente, en ese momento, y debo decirlo con todas sus letras, éramos cuatro comisionadas mujeres las que nos encontrábamos en funciones. Naturalmente somos una autoridad y sabemos el respeto a otra autoridad”, explicó.

Para Escalante, no tenía sentido usar un dron “ya que no había amenaza real”. Con esto, el mensaje que se manda desde el Gobierno solo atemoriza a las víctimas del conflicto armado, dijo. “La recopilación de la información es justamente los peligros de donde vienen la víctimas del conflicto armado. Eso ya lo vivieron. Lo que ha cambiado son los medios de recopilación de información. Al final, los militares estarían actuando de la misma manera como lo hicieron en el conflicto armado”, expuso Escalante. 

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