Por Carolina Amaya

Al consultarle al edil sobre ese permiso que está en proceso dentro del MARN, argumentó que “si tuviéramos una montaña o un conacaste o una ceiba ancestral, entonces se ven los permisos; pero a nosotros nos lo dan en coordinación con la oficina regional que tienen las alcaldías. Yo creo que con eso basta, porque según el lugar no ameritaba, según los estudios y jurisprudencia. Pero para que sea más oficial todo, sí, el otro está pendiente”, explicó escuetamente Sierra.

La Ley de Medio Ambiente establece que para iniciar un proyecto como el mercado, la alcaldía necesita un permiso de construcción. Una vez finalizada la obra, tiene que gestionar otro permiso de funcionamiento en el MARN.

A pesar de que el proceso para obtener el permiso ambiental ha iniciado, los trabajos de la alcaldía ya se están realizando sin la resolución del MARN.

“Siguen trabajando, no han parado la obra y la resolución del Ministerio de Medio Ambiente no se las han dado, no tienen ningún permiso”, expresó Melina Moisés.

Para la activista de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, Adela Bonilla, es preocupante que se utilice a la policía en este tipo de actos que considera represivos en contra de la población, que ni siquiera ha sido llamada a una consulta pública para la construcción del mercado. 

“Sabían que a esa hora se quedaron entre 10 y 12 personas vigilando a que no entraran, pero llegaron a las tres de la mañana. Cuisnahuat no es un municipio delincuencial, no está ni siquiera en estadísticas por delincuencia para que usen ese tipo de reacción. Es uno de los municipios de Sonsonate que encabezan a los municipios más pobres del país”, reclamó Bonilla.

Rosa Isabas, quien estuvo en el momento del desalojo, dijo a GatoEncerrado que este 20 de agosto se trasladó con un grupo de habitantes hasta la Asamblea Legislativa para poner una pieza de correspondencia, con el fin de que la comisión de Medio Ambiente “cite al consejo y al alcalde, para que muestren todos los permisos que tienen para la construcción de este mercado”.

Según lo que las activistas contaron a esta revista, la comunidad no rechazaba la construcción del mercado, lo que no quería era la destrucción del parque. Para ello recomendaron al alcalde comprar otros lotes que están disponibles en el caso urbano. Las comunidades hicieron una comisión para dialogar con el alcalde, pero sin llegar a acuerdos.

“Han habido tres reuniones y no se ha llegado a acuerdos, porque él no enseña nada que tenga legalmente, ni los planos que tiene ni los permisos, no quiere entregar nada a la comisión”, recalcó Isabas. 

Este 20 de agosto, los habitantes también interpusieron una denuncia verbal en el Juzgado Ambiental de Santa Ana, en la que pidieron medidas cautelares para suspender la obra.