Bitácora judicial

Idhuca pide que Fiscalía investigue la supuesta desaparición de archivos militares

Por Emerson Flores

Por Emerson Flores

Manuel Escalante, del Idhuca, presenta en la Fiscalía un aviso para que la desaparición de archivos militares sea investigada. Foto/Emerson Flores
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Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó un aviso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por la supuesta desaparición de los archivos militares relacionados al caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, que el presidente Nayib Bukele, en la cadena nacional del 24 de septiembre, explicó que podría haber ocurrido en los últimos 40 años, en los gobiernos anteriores o meses antes de que asumiera la presidencia.

En su aviso, el Idhuca pidió que la Fiscalía haga una investigación por, al menos, tres delitos: supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos, según el artículo 286; actos arbitrarios, según el artículo 320 y omisión de aviso, según el artículo 312, inciso 1. 

“En este escrito no estamos acusando a nadie. Lo que estamos avisando es que hay hechos que pueden ser constitutivos de delitos y es necesario investigar”, mencionó Manuel Escalante, afuera de la sede fiscal en La Sultana, Antiguo Cuscatlán. 

Para Escalante esto también responsabiliza al Ejército, porque la desaparición de estos archivos militares ocurrió con su “participación” o “anuencia”.

La mañana de este 28 de septiembre, organizaciones defensoras de derechos humanos también manifestaron su rechazo al bloqueo que sufrió el juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, el pasado lunes 21 de septiembre en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, mientras realizaba una diligencia judicial. En cadena nacional, el presidente de la República asumió su responsabilidad por lo ocurrido y expresó que el juez no tiene jurisdicción en el Estado Mayor y que los archivos militares del caso han desaparecido o fueron sustraídos. Además, explicó que la decisión de no dejar entrar al juez fue para evitar que tenga acceso a planes de seguridad nacional actuales.

Saúl Baños, director de FESPAD, manifestó que el fiscal general, Raúl Melara, tiene elementos suficientes para actuar de oficio e investigar lo ocurrido sobre el bloqueo al Estado Mayor Conjunto y la supuesta desaparición de los archivos: “Se está transgrediendo la independencia judicial, el poder constitucional de un juez. El presidente de la República no puede ningunearlo, decir que es un juez de baja categoría. No. Su labor está sustentada sobre la base de la Constitución”, explicó.

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