Por Beatriz Benítez

Tras la decisión de no acudir a la convocatoria de la comisión especial que investiga los gastos durante la pandemia por COVID-19, los diputados de Arena, FMLN y PDC decidieron volver a llamar al ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, para que se presente el viernes a las 9:00 de la mañana. Pero, esta vez, emitieron una notificación a la Policía Nacional Civil (PNC) para que lo lleve con apercibimiento de apremio o por la fuerza.

La comisión había convocado al titular de Hacienda este miércoles 30 de septiembre a las 8:30 de la mañana; sin embargo, el funcionario envió una nota excusándose por tener “saturada la agenda”. 

El pasado 23 de septiembre, luego de la advertencia de los diputados de llevarlo con el uso de la fuerza pública, Zelaya respondió en Twitter que “hagan lo que quieran” y que usen todas las herramientas legales que consideren necesarias para hacerlo “perder el tiempo”. Según escribió, estaba preparando el presupuesto 2021, el cual presentó a la Asamblea Legislativa este 30 de septiembre por la tarde.

El presidente de la comisión y diputado de Arena, René Portillo Cuadra, recordó que el artículo 132 de la Constitución de la República establece que todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial.

El ministro de Hacienda dijo que no ha llegado a la comisión, en tres ocasiones, porque estuvo trabajando en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación y que los diputados sabían que el mismo día del citatorio coincidía con el cierre del plazo para entregar el Proyecto de Presupuesto. Agregó que aún no ha analizado si va a llegar el viernes.

El diputado de Gana y aliado del Gobierno, Guillermo Gallegos, justificó que este 30 de septiembre era el último día para  presentar el Presupuesto y que por esa razón era inviable que el ministro Zelaya llegara a la comisión.

Portillo Cuadra explicó que cuando un funcionario no comparece a una comisión especial tiene que exponer si se debe a una causa de fuerza o caso fortuito, pero ninguna de las dos razones fueron alegadas por el ministro de Hacienda.

Gallegos también argumentó que no existe una justificación legal para que el director de la Policía lleve por apremio al ministro, e insistió en que el funcionario tenía compromisos adquiridos previamente, pese a que no se mencionan en la carta.

En la nota que acordó enviar la comisión al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, se le advierte del delito de incumpliemito de deberes, establecido en el artículo 321 del Código Penal.

En resumen, ese artículo indica que el funcionario o agente de autoridad que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. Además, dice que cuando el incumpliemito de derberes dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará a una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación por igual periodo.

El diputado del PDC Rodolfo Parker dijo que si el Gobierno tuviera “un mínimo de transparencia” en el uso de los fondos públicos no hubiera necesidad de conformar la comisión especial.

La comisión especial surgió ante la negativa de los funcionarios del Gobierno de explicar detalles de gastos de los $3 mil millones de deuda aprobada para la emergencia.