Con 78 votos, la Asamblea Legislativa avaló este 5 de mayo una ley de Régimen Excepcional y Transitorio que faculta al Ministerio de Hacienda a transferir a las alcaldías el 50 % del Fondo para Desarrollo Económico y Social (Fodes). Desde mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, Hacienda no ha traslado $309 millones a las municipalidades.
Bitácora política
La Comisión Especial que investiga el uso de préstamos durante la pandemia por COVID-19, certificará a la Fiscalía General de la República (FGR) que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, incumplió la notificación hecha por la Asamblea Legislativa para llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien se ha negado a rendir cuentas del manejo de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
Los diputados acordaron que la sesión del pasado miércoles 30 de septiembre quedaría abierta hasta este viernes 2 de octubre a las 9:00 de la mañana para recibir a Zelaya. A esa hora debía ser llevado por agentes de la PNC en apercibimiento de apremio, pero la orden ni siquiera fue girada.
El director de la Policía envió un oficio a la Comisión Especial para justificar su incumplimiento a la orden de la Asamblea. En la carta, leída por el diputado oficialista Guillermo Gallegos, advirtió "la existencia de una causa justificada basada en el ordenamiento constitucional" en la falta de Zelaya, debido a que la invitación se giró el mismo día de la presentación del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2021; y pidió reprogramar la convocatoria.
El diputado de Gana intentó que la comisión recibiera la carta, argumentando que cuando ingresó a la Asamblea se topó con el notificador de la PNC, quien le dijo que los diputados no querían aceptar la correspondencia. El diputado de Arena y presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, le dijo que no se daría por recibida si no era entregada en ventanilla, pero Gallegos insistió en darle lectura.
Arriaza Chicas se escudó en el artículo 165, inciso 2, del Código Procesal Penal, que establece que la seguridad pública debe utilizarse "con la existencia de una justa causa para la incomparecencia de la persona a las citas realizadas por la autoridad judicial". Agrega, además, que "no se configura el supuesto para hacer comparecer al señor Ministro de Hacienda José Alejandro Zelaya Villalobos".
Portillo Cuadra, sin embargo, dijo que "no corresponde al director de la Policía Nacional Civil determinar si la causa está justificada o no", y que los alegatos sobre la validez o no de la carta, deberá presentarlos al fiscal general de la República, Raúl Melara.
Todos los diputados de la comisión, a excepción de Gallegos, votaron por tres iniciativas: rechazar la nota de la PNC, trasladar el oficio a la Fiscalía por el incumplimiento del director de la Policía y discutir en sus grupos parlamentarios una moción para interpelar al ministro de Hacienda.
El director de la Policía también acusó a los diputados de "interpretar y aplicar las leyes a su conveniencia".
"Obviando los artículos 167 ordinal 3 y 131 ordinal 8 de la Constitución, además del artículo 272 del Código Procesal Penal, la comisión especial arbitrariamente no admite la sugerencia (respaldada por ley) de reprogramar la convocatoria hacia el Ministro de Hacienda", publicó en Twitter.
Obviando los artículos 167 ordinal 3 y 131 ordinal 8 de la Constitución, además el art. 272 del Código Procesal Penal, la Comisión Especial arbitrariamente no admite la sugerencia (respaldada por ley) de reprogramar la convocatoria hacia el Ministro de Hacienda.
— Mauricio Arriaza Chicas (@Director_PNC) October 2, 2020
Sin embargo, ninguna de estas leyes faculta a la Policía a desobedecer una notificación de la Asamblea Legislativa. El artículo 167 de la Constitución establece que le corresponde al Consejo de Ministros elaborar el proyecto del presupuesto y presentarlo a la Asamblea Legislativa tres meses antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal, y el 131 habla de la responsabilidad de la Asamblea para decretar este presupuesto.
Al conocer la moción, Zelaya contestó en su cuenta de Twitter diciendo que "estará interesante esa interpelación", al tiempo que publicaba una convocatoria de prensa junto al comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, que fue programada a la misma hora de la comisión especial, pero se efectuó hasta las 1:30 de la tarde.
En el evento, Zelaya evaluaría el avance de la construcción de un parque eólico en Metapán. La empresa, Ventus S.A. de C.V., cuenta con incentivos fiscales del Gobierno salvadoreño.
"Tal vez allí (en la interpelación) logro que discutamos los fondos para nuestros productores agrícolas y los medicamentos e insumos del Hospital El Salvador, que los diputados tienen secuestrados. La interpelación es por un día de retraso en salarios de los diputados”, dijo el ministro de Hacienda.
La comisión especial, sin embargo, se instaló desde el 26 de agosto pasado, y el impago de trabajadores de la Asamblea Legislativa se registra en septiembre. Su objetivo, además, es investigar cómo el Ejecutivo ha invertido los títulos valores, préstamos y donaciones en el manejo de la pandemia, debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas a la comisión de Hacienda.
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