Por Karen Moreno

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, presentó este 17 de octubre a los cinco abogados constitucionalistas del Equipo Ad Hoc que discutirán una reforma “integral” a la Constitución de la República y confirmó que dentro de la agenda se debatirá cuál es el plazo para que un presidente de la  República busque competir por la reelección.

Ulloa está claro que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata y hasta reconoce el derecho a la insurrección en caso de alterar ese mandato; sin embargo,  aseguró que hay confusión y mala interpretación sobre el plazo. Explicó que los constituyentes de 1983 dejaron establecido en el artículo 152 que un presidente debe esperar cinco años para reelegirse, pero una sentencia de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interpretó que eran diez años.

“Entonces, ya ahí hay una cuestión de jurisprudencia que lo ideal, y es lo que esta comisión podría proponer, es que la reelección presidencial, no sucesiva ni inmediata, espere, si queremos ser consecuentes con los constituyentes del 83, dejemos cinco años (…) Si aquí el grupo decide que nos vamos a ir por la sentencia de la Sala, entonces diremos hay que esperar 10 años, pero hay reelección presidencial contemplada”, declaró Ulloa.

Justamente, en una sentencia de 2014,  la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca y determinó que la Constitución exige al menos diez años de separación temporal entre el desempeño de la presidencia de la República y la reelección en dicho cargo de una misma persona. Saca gobernó entre 2004 y 2009, y cinco años después buscó la reelección.

Fabio Castillo, quien forma parte del equipo, dijo en una entrevista televisiva, en septiembre pasado, que él nunca estuvo de acuerdo con la interpretación de la Sala porque cree que los magistrados pensaban que Saca y el expresidente Mauricio Funes tenían un pacto para competir un periodo cada uno.

Uno de los primeros dos acuerdos que tomó el equipo, en una reunión del 10 de octubre, promete no reformar los artículos con cláusulas pétreas que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, como lo establece el artículo 248 de la Constitución, inciso cuatro. 

Ulloa rechazó que con las reformas pretendan que el presidente Nayib Bukele pueda reelegirse o que le den más poderes al Ejecutivo para que sea “autócrata y dictatorial”. “Eso es una falacia y una mentira”, dijo. Según el vicepresidente, las declaraciones surgen de abogados, sobre todo de jóvenes, que están en contra del proyecto por su animadversión contra el presidente Bukele. 

El exmagistrado Rodolfo Gónzalez ha sostenido que existe un riesgo de que un “Gobierno populista” como el de Nayib Bukele abra la puerta de cambiar la Constitución a un presidente que “manipula la información, la opinión pública, y podría, efectivamente, perpetuarse en el poder”. 

Además, ha advertido que se podría posibilitar, por ejemplo, un cambio al artículo 152 para que no haya un impedimento a un pariente, específicamente un hermano, para ser candidato presidencial. El gobierno de Bukele lo componen el anillo de poder más influyente en el Gobierno sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez.

La iniciativa de reformar la Constitución ha encendido alarmas debido al estilo de confrontación que mantiene el Ejecutivo con el Órgano Judicial y Legislativo, y su resistencia a cumplir las leyes y órdenes judiciales.

Castillo dijo que es posible que también pongan en agenda el tema del referéndum. Ante eso, aseguró que él es “amigo” del referéndum pero “enemigo” de usarlo para intentar la reelección presidencial.  “Yo siempre voy a adoptar la posición de que por referéndum no se pueda aprobar la reelección del presidente de la república, porque creo que en América Latina se ha hecho un mal uso del referéndum para prolongar los períodos de Gobierno de algún partido político o de alguna persona en particular”, dijo Castillo, quien prefirió no opinar sobre los desacatos del Gobierno.

En el grupo de hombres que revisará los posibles cambios a la Carta Magna también estará Adolfo Muñoz, como secretario; Manuel Escalante y Giovanni Rosales. Según Ulloa aún están a la espera de que se incorpore una mujer.

Escalante también habló de la necesidad de visibilizar las prohibiciones que tienen los funcionarios y de establecer sanciones por el incumplimiento.

Hasta el momento, el equipo no ha establecido formalmente los puntos de discusión, pero ya sostuvieron una primera sesión el 10 de octubre del presente año, en la que se hicieron los nombramientos y se emitieron dos acuerdos: el primero es crear un reglamento interno que establezca la metodología de trabajo y el segundo es respetar las cláusulas pétreas. Aunque Rosales dijo a GatoEncerrado que han sido tres reuniones, de las cuales no hay actas de registro porque la comisión no se había conformado de manera oficial. 

El vicepresidente dijo hace unas semanas que él prefería que el estudio fuera en privado, sin embargo, han decidido permitir el acceso de los medios de comunicación; además, estarán abiertos a recibir propuestas de la sociedad civil. Para ello, cada miembro será coordinador de un comité.

Este 17 de octubre tenían programada una reunión, pero una de las encargadas de prensa dijo a GatoEncerrado que los periodistas no podrían tener acceso sino hasta la próxima convocatoria. Las reuniones se realizan, generalmente, en la Residencia de Vicepresidencia, en Colonia Escalón.

Algunos abogados que rechazaron participar en el equipo fueron Enrique Borgo Bustamante, David Escobar Galindo, Rodolfo González, Albino Tinetti y Juan Antonio Durán. Este último magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, sección del centro de San Salvador, manifestó que la razón es por los “ataques y represalias contra la dignidad de los jueces y la autoridad de las decisiones judiciales”.

El equipo pretende presentar el proyecto de reformas a más tardar en septiembre  de 2021, para que los diputados de la legislatura 2021-2024 decidan si las aprueban o no en una primera vuelta y así que la siguiente la legislatura 2024-2027 las ratifique.