Independientemente de opiniones, las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) comprueban que los tres países centroamericanos atraviesan la mayor caída en su crecimiento económico desde la década perdida, en los ochentas. Nicaragua ya se encontraba batallando, a raíz de la crisis política que inició en abril de 2018, su situación económica ya se había deteriorado, agravándose aún más ahora en 2020, al registrar una contracción del producto interno bruto de 5.5 %. Y El Salvador, que al inicio del año esperaba crecer un 2.3 %, terminará el año, tras la repentina crisis, con una caída de -9.0 %, siendo la economía más afectada de Centroamérica. En todos los casos, se espera un repunte del crecimiento en 2021, después del cual se prevé una desaceleración en el mediano plazo. Ello implica que solo se acercarán modestamente hacia la senda de actividad económica que se proyectada antes de la pandemia, dando muestras de graves retrocesos en el ritmo de mejora en la vida promedio de la población (gráfica 2).

Por la respuesta de salud pública necesaria para ralentizar la transmisión, junto con los cambios de comportamiento, los sectores de servicios que dependen de las interacciones cara a cara han experimentado contracciones que, sin una vacuna y medidas efectivas para combatir el virus, el camino hacia la “normalidad” se hace complicado. Pese a que la pandemia continúa propagándose, la actividad económica y el comercio se empezaron a recuperar en el segundo semestre, cuando reabrieron las economías y se suavizaron los bloqueos. Aún así, a mediano plazo, habrá un choque sobre el potencial de oferta, pues las economías deben adaptarse y operar de manera compatible con el distanciamiento social durante algún tiempo; además del efecto las quiebras de negocios y la menor participación en la fuerza laboral. 

Resulta ilógico, también, pensar que la crisis ya pasó, cuando tantas personas se han quedado sin trabajo y, por ende, sin fuente de subsistencia, y afrontarlo representa desafíos gigantescos. Las heridas más profundas por la recesión pandémica se manifiestan en el mercado laboral, y en el bienestar que llevaba a los hogares. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo y tercer trimestre de 2020, respectivamente, se perdió el 35.8 % y 29.9 % de las horas de trabajo en Centroamérica, equivalentes a 20 y 24 millones de trabajos de tiempo completo; comparado con el 0.8 % perdido en el primer trimestre, cuando aún no llegaba el virus en la subregión. Además, son las mujeres quienes han sido desproporcionadamente afectadas por la pandemia y los cierres, pues la mayoría de ellas se encuentran en condiciones más precarias, de informalidad, con menores ingresos y dentro los sectores más afectados. 

El panorama empeora al considerar que, a las perspectivas modestas de crecimiento, se suma el aumento drástico del saldo de la deuda pública, el que para finales de 2019 ya se consideraba insostenible en el corto plazo en los tres países. Asimismo, la caída de la actividad económica  conlleva una menor recaudación, lo que aumenta las dificultades para el pago de la deuda. Por otra parte, con los limitados recursos que cuentan los países y la alta fracción de ingresos fiscales absorbida por la deuda (superior al 15 % del total del presupuesto en 2019) significaría que quedan menos recursos para áreas críticas, incluidas las necesidades de gasto social. Esto es particularmente preocupante, ya que estas necesidades tenderán a incrementarse para abordar el gran aumento de la pobreza y la creciente desigualdad, así como para intentar corregir los retrocesos en la educación, la protección social y en el acceso a salud; ámbitos relevantes que pueden condicionar el desarrollo y el crecimiento en el largo plazo.