Opinión

De una crisis como ninguna y la importancia de dimensionarla

Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

La crisis económica es como ninguna, y no la delimita el año fiscal. El problema del estrés económico tampoco desaparecerá una vez que lo haga la pandemia, porque entonces estaremos lidiando con economías golpeadas, hogares con mayor incertidumbre por el alto desempleo y la mayor informalidad.

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Por Michelle Molina

El capitalismo se basa en interacciones sociales. De hecho, en el auge de este, ha pretendido cortar distancias, no solo entre los trabajadores, sino también entre países, mercados, productos básicos y consumidores: el globalismo. Y ahora la COVID-19 nos obliga a volver a dibujarlas y guardar un “distanciamiento social”. Es en parte por esto que la pandemia pasó de ser meramente una amenaza para la salud planetaria a una crisis económica mundial sin precedentes. Es peligroso que los tomadores de decisiones en política pública y, particularmente, en el ámbito fiscal no pongan en su justa dimensión la actual crisis y sus potenciales impactos en la población, especialmente quienes están en posiciones menos favorables, porque su incomprensión dirime la posibilidad de afrontarla de forma adecuada. 

Vivimos una crisis que incluso se cataloga como la más aguda y profunda de la historia contemporánea. Tanto por la pandemia como por las medidas que los países se han visto obligados a adoptar para protegerse, y las consecuentes transformaciones en las dinámicas económicas y sociales en el corto y mediano plazo.  Sin  embargo, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, obvia los problemas de la crisis que está atravesando su país; asimismo, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, habla de la crisis y la emergencia en pasado, como si ya hubiese acabado; de igual manera, en El Salvador, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asegura que la crisis no es de tan grave de “las proporciones apocalípticas que algunos desean”, como si esta se redujera únicamente a rumores.

Gráfica 1. Crecimiento porcentual del PIB (1980-2025*)

Fuente: elaboración propia con base en FMI (2020) *Datos desde 2019 corresponden a proyecciones

Gráfica 2. PIB per cápita corriente en USD, por fecha de estimaciones (2018-2020)

Fuente: elaboración propia con base en FMI (2020) *Datos desde 2019 corresponden a proyecciones

Independientemente de opiniones, las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) comprueban que los tres países centroamericanos atraviesan la mayor caída en su crecimiento económico desde la década perdida, en los ochentas. Nicaragua ya se encontraba batallando, a raíz de la crisis política que inició en abril de 2018, su situación económica ya se había deteriorado, agravándose aún más ahora en 2020, al registrar una contracción del producto interno bruto de 5.5 %. Y El Salvador, que al inicio del año esperaba crecer un 2.3 %, terminará el año, tras la repentina crisis, con una caída de -9.0 %, siendo la economía más afectada de Centroamérica. En todos los casos, se espera un repunte del crecimiento en 2021, después del cual se prevé una desaceleración en el mediano plazo. Ello implica que solo se acercarán modestamente hacia la senda de actividad económica que se proyectada antes de la pandemia, dando muestras de graves retrocesos en el ritmo de mejora en la vida promedio de la población (gráfica 2).

Por la respuesta de salud pública necesaria para ralentizar la transmisión, junto con los cambios de comportamiento, los sectores de servicios que dependen de las interacciones cara a cara han experimentado contracciones que, sin una vacuna y medidas efectivas para combatir el virus, el camino hacia la “normalidad” se hace complicado. Pese a que la pandemia continúa propagándose, la actividad económica y el comercio se empezaron a recuperar en el segundo semestre, cuando reabrieron las economías y se suavizaron los bloqueos. Aún así, a mediano plazo, habrá un choque sobre el potencial de oferta, pues las economías deben adaptarse y operar de manera compatible con el distanciamiento social durante algún tiempo; además del efecto las quiebras de negocios y la menor participación en la fuerza laboral. 

Resulta ilógico, también, pensar que la crisis ya pasó, cuando tantas personas se han quedado sin trabajo y, por ende, sin fuente de subsistencia, y afrontarlo representa desafíos gigantescos. Las heridas más profundas por la recesión pandémica se manifiestan en el mercado laboral, y en el bienestar que llevaba a los hogares. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo y tercer trimestre de 2020, respectivamente, se perdió el 35.8 % y 29.9 % de las horas de trabajo en Centroamérica, equivalentes a 20 y 24 millones de trabajos de tiempo completo; comparado con el 0.8 % perdido en el primer trimestre, cuando aún no llegaba el virus en la subregión. Además, son las mujeres quienes han sido desproporcionadamente afectadas por la pandemia y los cierres, pues la mayoría de ellas se encuentran en condiciones más precarias, de informalidad, con menores ingresos y dentro los sectores más afectados. 

El panorama empeora al considerar que, a las perspectivas modestas de crecimiento, se suma el aumento drástico del saldo de la deuda pública, el que para finales de 2019 ya se consideraba insostenible en el corto plazo en los tres países. Asimismo, la caída de la actividad económica  conlleva una menor recaudación, lo que aumenta las dificultades para el pago de la deuda. Por otra parte, con los limitados recursos que cuentan los países y la alta fracción de ingresos fiscales absorbida por la deuda (superior al 15 % del total del presupuesto en 2019) significaría que quedan menos recursos para áreas críticas, incluidas las necesidades de gasto social. Esto es particularmente preocupante, ya que estas necesidades tenderán a incrementarse para abordar el gran aumento de la pobreza y la creciente desigualdad, así como para intentar corregir los retrocesos en la educación, la protección social y en el acceso a salud; ámbitos relevantes que pueden condicionar el desarrollo y el crecimiento en el largo plazo.

Tabla 1. Participación porcentual de los servicios de la deuda pública, del total ejecutado de gastos públicos (2015-2020)

Fuente: Icefi (2020) con base en datos de las entidades nacionales de hacienda y finanzas públicas.

El apoyo público masivo ha evitado peores resultados. Pese a ello, en los momentos en que se perciba que la amenaza del virus ha disminuido, habrá cantos de sirena para hacer retroceder las medidas de bienestar de los gobiernos y minimizar los impactos de la crisis. Dichos llamados tendrán que ser contrarrestados de forma enérgica para llegar al verdadero destino, donde se priorizan a las personas; reconociendo que la asistencia pública no está en función de la simple existencia de un virus, sino de la incapacidad de la maquinaria económica para proporcionar bienestar. 

La crisis económica es como ninguna, y no la delimita el año fiscal. El problema del estrés económico tampoco desaparecerá una vez que lo haga la pandemia, porque entonces estaremos lidiando con economías golpeadas, hogares con mayor incertidumbre por el alto desempleo y la mayor informalidad, un crecimiento limitado y una dependencia cada vez mayor de las remesas. No reconocer la magnitud del problema implica que se aborde inadecuadamente y que se arrastren rezagos por muchos años. De ser así, el resultado de la pandemia y la falta de respuesta adecuada sería una crisis más prolongada. El objetivo no es ser fatalistas ni agoreros cuando se habla del futuro de la economía, pero para salvar vidas y prevenir el sufrimiento de tantos, los gobiernos deben comprender a qué se enfrentar para planificar de antemano cómo actuarán en el 2021 y cuánto costará, ahora que están a tiempo.

Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

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