Cinco razones para rechazar la reforma constitucional
abril 10, 2024
Foto/Emerson Flores
Policía entorpece investigación de irregularidades en el Gobierno de Bukele
El fiscal general dijo que la Policía ha obstaculizado el trabajo de fiscales que estaban realizando un allanamiento en el Ministerio de Salud, donde hay indicios de corrupción por compras y contratos irregulares durante la pandemia por COVID-19.
Por Karen Moreno*
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron la tarde de este 10 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsal), mientras el personal de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) se encontraba realizando un allanamiento por presunta corrupción en contratos y compras irregulares en medio de la pandemia por COVID-19. Los policías obstaculizaron el procedimiento bajo el argumento de que necesitaban verificar las licencias de portación de armas de los fiscales que estaban realizando la diligencia de investigación autorizada por el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador.
#ULTIMAHORA | fiscal Germán Arriaza llega a sede de @SaludSV tras incidente con policías que llegaron en medio del allanamiento a pedir permisos para portar armas a los fiscales que realizan procedimiento de investigación pic.twitter.com/crf4rl47g7
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) November 11, 2020
Tras el incidente, el jefe fiscal de la unidad anticorrupción, German Arriaza, dijo que los policías ya fueron advertidos de que no pueden “entorpecer ningún tipo de actividad legal que (los fiscales) estemos realizando”. Cuando GatoEncerrado preguntó sobre las implicaciones de esa advertencia y si la Policía ha incurrido en delitos, Arriaza respondió escuetamente que la Fiscalía aún lo está analizando.
“Nosotros vamos a hacer los análisis respectivos de todo lo ocurrido. A ellos les hemos hecho saber los efectos legales de la actividad que nosotros estamos realizando y han comprendido. Y como pueden constatar, la Fiscalía continúa con el control de la actividad”, dijo Arriaza.
GatoEncerrado se acercó a un oficial que estaba a cargo del procedimiento policial para saber la razón legal de la irrupción, pero no quiso dar declaraciones ni identificarse. El fiscal Arriaza agregó que los policías llegaron tras el llamado de las autoridades del Ministerio de Salud, quienes además se quejaron vía Twitter de que los fiscales andaban con armas en sus cinturones mientras realizaban el allanamiento.
El fiscal general, Raúl Melara, señaló, en el programa televisivo Frente a Frente, que el procedimiento de la Policía fue irregular y con la intención de “obstaculizar el ingreso de los fiscales” a la diligencia.
Melara agregó que el procedimiento de investigación es parte de los “primeros frutos” del convenio de la Fiscalía con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) y detalló que además del Minsal hay otros 12 “objetivos” en los que se está realizando el allanamiento, incluidos algunos proveedores de servicios. En esta diligencia, según el fiscal, trabajan más de 85 fiscales.
GatoEncerrado buscó a la Cicies para preguntar sobre la investigación y la postura de esa entidad ante la obstaculización que protagonizó la Policía, pero la oficial de comunicaciones dijo que iba a consultar si era posible obtener una postura. Hasta el cierre de esta nota todavía no había respuesta.
El Comité de la cámara de representantes responsable de la legislación y la supervisión de la política exterior en Estados Unidos hizo un llamado a las instituciones gubernamentales de El Salvador a que no interfieran con el trabajo de la Fiscalía.
Chairman @RepEliotEngel: I strongly support Salvadoran AG @MelaraRaul's bold actions against corruption and impunity.
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 11, 2020
Government institutions, including the National Police, must allow him to do his job without interference.
El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, llamó a la Policía a respetar la institucionalidad. “Esas injerencias en el accionar del allanamiento que se está realizando en las oficinas del Ministerio de Salud no abona a esa dinámica de funcionamiento entre las instituciones porque evidentemente si son las dos instituciones las que deben trabajar de manera coordinada la investigación de los delitos, al existir esa diferencia en las acciones obviamente el resultado va a ser negativo”.
Irregularidades reveladas por investigaciones periodísticas
Durante la emergencia por COVID-19, el Órgano Legislativo le aprobó a la presidencia de la República una Ley de Estado de Emergencia, con la que podía saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y hacer compras directas para enfrentar la pandemia. Saltarse los mecanismos de control encendió las alarmas y tras investigaciones periodísticas quedó en evidencia que hubo irregularidades en las compras.
GatoEncerrado reveló, el 11 de julio, que el ministro de Salud, Francisco Alabí, benefició a una empresa de sus familiares que se dedica a vender repuestos de vehículos, llamado Autodo S.A de C.V., al autorizar un contrato por $225 mil para comprar botas de hule para personal médico. Alabí no negó la contratación de los insumos y dijo a esta revista que la Corte de Cuentas debe determinar si la compra fue irregular.
Esta revista también dio a conocer el 23 de julio que el Ministerio de Turismo (Mitur) también hizo negocio con uno de los primos de Alabí, José Ángel Montoya Quiñónez, al alquilar como centro de contención una casa por $6,500.
El periódico digital El Faro reveló el 25 de junio que el Minsal pagó 344,000 dólares por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, una empresa del diputado de Arena Gustavo Escalante Zelaya, y afín al partido Nuevas Ideas, la cual nunca había vendido insumos médicos. El 22 de julio, el medio publicó que el 22% de mascarillas que vendió al ministerio no cumplían las condiciones establecidas en las especificaciones del contrato.
El medio digital Salud con Lupa investigó y publicó que, en medio de la pandemia, el presidente Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, vendió protectores faciales al Minsal por un cuarto de millón de dólares, por medio de su compañía Insema SA de CV. Esta investigación provocó la remoción del cargo de Aguilar.
*Con reportes de Ezequiel Barrera
