Foto/Emerson Flores

MITUR benefició con contratos de alquiler a primo del ministro de Salud

El MITUR alquiló durante dos meses una casa para centro de contención COVID-19 a un primo del ministro de Salud, por $13,000. La casa no aparece en el listado de centros que maneja Gobernación. GatoEncerrado buscó al MITUR para obtener explicaciones sobre la contratación, pero se limitaron a confirmar la legitimidad de los contratos, sin más detalles. Expertos en transparencia dicen que este caso encaja en la figura de nepotismo cruzado, aunque no está regulado en la legislación salvadoreña.

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Por Carmen Valeria Escobar

Por Carmen Valeria Escobar

El Ministerio de Turismo (MITUR) también hizo negocio con uno de los primos del ministro de Salud, Francisco Alabí, en medio de la emergencia por COVID-19. El 24 de marzo, el MITUR alquiló, como centro de contención, una casa a José Ángel Montoya Quiñónez por $6,500, con un contrato vigente por 30 días. El 23 de abril, el contrato fue extendido por un mes más, con una cantidad igual de dinero. Por lo que en total, el primo del ministro fue beneficiado económicamente con $13 mil, según las órdenes de compra publicadas por el MITUR en su portal de transparencia. GatoEncerrado también corroboró que la casa, ubicada frente al hospital San Rafael de Santa Tecla, no aparece en el registro de centros de contención del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local. 

Esos $13 mil se suman a un contrato por $225 mil en botas de hule para médicos que el ministro Alabí firmó, el 17 de abril, a favor de la empresa Autodo S.A de C.V., en la que su primo José Ángel Montoya aparece como parte de la junta directiva, como lo reveló GatoEncerrado.

Cuando el nuevo coronavirus apenas acababa de llegar a El Salvador, el Gobierno aseguró que hacía esfuerzos para evitar la propagación. Una de las estrategias anunciadas fue la cuarentena obligatoria para cualquiera que quisiera entrar al país. Se inició de forma improvisada con albergues que no cumplían estándares mínimos de salud y que, según han señalado médicos, se convirtieron en focos de infección. 

Durante esos primeros días de emergencia, el Gobierno también contrató hoteles para convertirlos en centros de cuarentenas controladas. Encargó al MITUR las negociaciones para alquilar al sector hotelero, que fue uno de los más golpeados económicamente con las medidas para contener la pandemia. Pero, la casa que el primo del ministro alquiló no funcionaba como hotel antes de la pandemia, ni funciona actualmente así, pero igual fue tomada en cuenta por el MITUR.

De acuerdo con las órdenes de compra, con números de referencia 48-2020 y 138-2020, la casa que el primo del ministro alquiló es grande, pero no lo suficiente como para considerarse un hotel. Tiene siete habitaciones con aire acondicionado, cuatro baños, una cocina y un espacio independiente para el personal médico que atendía a los inquilinos. Las órdenes también detallan que los contratos fueron pagados con el fondo de emergencia para compras directas a través de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).

Para entender por qué el MITUR alquiló esa casa al primo del ministro, aunque no es un hotel, GatoEncerrado buscó en dos ocasiones a la ministra de Turismo, Morena Valdez. Pero se limitó a decir que esas respuestas podrían obtenerse a través de la oficina de acceso a la información y de su equipo de comunicaciones. Hasta el cierre de esta nota, el equipo de comunicaciones no contestó.

En una entrevista de la radio YSKL, el 15 de abril, la ministra Valdez explicó que el MITUR contrató 73 hoteles divididos en tres tipos: pequeños, medianos y grandes, para albergar a personas con nexos, asintomáticos de COVID-19, sospechosos y retornados. No habló sobre casas alquiladas, como la del primo del ministro de Salud.

Dueños de tres hoteles contratados como centros de contención explicaron a esta revista que el MITUR estableció los precios de alquiler, sin margen de negociación. En el documento titulado: “Habilitación de centros de contención en apoyo al plan de prevención, contención y respuesta del COVID-19”, está explicado que los hoteles contratados debían contar con servicio de alimentación que cubriera los tres tiempos de comida, servicio de lavandería y una tarifa diaria no máxima de $22.60 por persona. Si esos mismos requisitos fueron aplicados a la casa alquilada por Montoya, la tarifa diaria por cada una de las siete personas que cabían en el lugar fue de $30.93, lo que significa que estaba por encima de lo que Turismo pagó a otros hoteles. 

GatoEncerrado también buscó al director administrativo del MITUR, Marvin López, para preguntarle cuáles fueron los criterios para alquilar por dos meses la casa Montoya por un precio total de $13,000. Esta revista también consultó quiénes utilizaron la casa, ya que no aparece en el listado de centros de contención de Gobernación. Pero, López se limitó a confirmar que los contratos de alquiler son legítimos y que las firmas no aparecen en el portal de transparencia para proteger la privacidad de los contratistas.

Una fuente, del sistema de salud quien aceptó hablar bajo anonimato y quien estuvo al tanto de la asignación de casas y espacios para el personal de salud, aseguró a esta revista que la casa de Montoya tampoco se encontraba en el listado de lugares para el personal médico.

“Me extraña la existencia de esa casa frente al hospital. Porque en el hospital San Rafael, personal de salud tuvo que alquilar una casa de su bolsa, porque ya no había a dónde alojarlos”, comentó la fuente.

La Casa

La casa, ubicada exactamente en la cuarta calle oriente, número 8-31, en Santa Tecla, permanece sola la mayor parte del tiempo, según dijeron vecinos a GatoEncerrado. El día que esta revista visitó el lugar, había dos microbuses de la ruta 101-D aparcados en frente. Al tocar la puerta, nadie salió a abrir. Los vecinos también dijeron que en ningún momento se dieron cuenta de que la casa funcionó como un centro de contención entre marzo y junio.

GatoEncerrado también buscó a José Ángel Montoya para que explicara sobre el proceso de contratación, pero hasta el cierre de esta nota no contestó llamadas en las oficinas de Autodo y tampoco contestó mensajes directos.

Nepotismo Cruzado

La contratación de familiares o amigos de funcionarios públicos en otras carteras de Estado no está regulada en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) o en la Ley de Ética Gubernamental (LEG). GatoEncerrado consultó con tres abogados sobre el caso, quienes coincidieron en que el alquiler hecho por el MITUR al primo del ministro de Salud encaja en “nepotismo cruzado”, aunque no esté regulado por la legislación salvadoreña.

Roberto Burgos, abogado experto en temas de transparencia, expresó que esta situación se podría ver contemplada como un caso de conflicto de interés cruzado. Estos casos se dan, según explicó, cuando familiares de funcionarios son contratados por carteras del Estado. El nepotismo cruzado no se ve contemplado en la legislación salvadoreña, pero sí es penado en otros países como Brasil. 

En febrero de 2020, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar reformas a la Ley de Ética Gubernamental para sancionar el “nepotismo cruzado”, pero el tema no ha avanzado en el Órgano Legislativo.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que en este caso no se debería eximir de su responsabilidad al Ministerio de Salud, ya que esa cartera de Estado era la encargada de la administración médica en los centros de contención. Es decir, eran lugares contratados por un asunto médico.

“Sería conveniente determinar un posible conflicto de interés, porque el Ministerio de Salud tenía incidencia en el manejo de los centros de contención. El MITUR lo manejó por tema de las bases de datos de hoteles, pero quien administraba los centros era Salud. Legalmente no es un conflicto de interés directo, pero se puede ver como un conflicto de interés cruzado. Toda contratación debe estar exenta de conflictos de interés”, dijo Escobar. 

Esta contratación se suma a una serie de compras cuestionadas por conflictos de interés durante la emergencia por COVID-19. Además de las botas que Alabí compró a sus primos, hay casos como el de la compra por un cuarto de millón de dólares en protectores faciales al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, y la compra por $334 mil en mascarillas al diputado Gustavo Escalante.

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