Opinión

El sistema está roto

Michelle Molina

Michelle Molina

Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

En esta historia, hay culpables. El sistema está roto y hay que cambiarlo. Nosotros lo sabemos y los gobernantes pareciera que no se quieren dar por enterados. Siguen empujando los límites de sistemas fiscales cuya capacidad está sobrecargada, y que se superó hace ya mucho tiempo. 

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Por Michelle Molina*

Las últimas dos semanas son el perfecto retrato de nuestros países. Un huracán tras otro huracán. Un desastre tras otro desastre. En fin, saltamos de una crisis humanitaria a otra. Cada una de ellas manejada de forma más cuestionable que la anterior. la gente damnificada subsiste más por las redes de apoyo ciudadano que por la respuesta institucional del Estado. Pero la caridad coyuntural no sustituye la solidaridad estructural en el sistema fiscal de los países.  

El sistema fiscal está roto, y sus rupturas se hacen cada vez más evidentes. Quizás sea más notorio ahora en Guatemala, por varias manifestaciones que se han dado de rechazo al presupuesto aprobado la semana pasada y a las autoridades del gobierno. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad también están latentes en otros países como El Salvador y Honduras. Las condiciones en las que vive la población de los países del norte de Centroamérica (PNCA), en términos de pobreza, desigualdad y violencia, llevan más de una década deteriorándose, con sus matices en cada país, y pareciera que los gobiernos y sus gestiones públicas no han estado a la altura de los desafíos.

La apatía ciudadana tampoco es casualidad cuando los gobernantes tienen una desconexión abismal con la realidad de sus territorios y las que debieran ser prioridades en un contexto tan delicado, como la crisis sanitaria, económica, política y social que vivimos actualmente.  En Honduras, por ejemplo, Juan Orlando Hernández ni siquiera se preocupa por saber el nombre de la comunidad que visita para producir material propagandista, además de proponer un recorte en el presupuesto de salud y aumento a defensa, en plena pandemia, como si los militares fueran quienes van a evitar que sigan aumentando las  muertes por Covid-19. En El Salvador, se busca reducirle el presupuesto a entes que velan por la transparencia y la redición de cuentas a la ciudadanía, pero incrementa el presupuesto a Defensa, el mismo ministerio que en solo 7 días gastó USD 250,000 en spots publicitarios. En Guatemala, el ministro de Finanzas de Guatemala dice que “le pela” si la ayuda llega a los más necesitados, persisten las banderas blancas en la calle, señal de auxilio de familias en condiciones precarias y, además, una mayoría de congresistas propuso desfinanciar la lucha contra la desnutrición, a la vez que aumentaron el presupuesto del Congreso en concepto de alimentos para diputados y que se gastaron más de GTQ 5 millones en alimentos de lujo para la presidencia.

Suele describirse a la población de nuestros países como apática o hasta distante, pero hay un hastío hacia la política y los gobiernos, y las quejas y reproches son constantes. Sin embargo, las quejas ciudadanas no son solo quejas. En estos tiempos, quizás podrán bloquear a los usuarios inconformes y críticos en redes sociales e, incluso, intentar invertir la balanza con netcenters o propaganda gubernamental en medios afines. Pero, las constantes muestras de descontento y repudio de la población hacia sus gobiernos nos dan muestras que, en el fondo, algo en el sistema fiscal no cuadra.   Por ejemplo, todas estas actitudes cobran cierto sentido al ver que, en 2018, hasta el 78.6 % de los ciudadanos de los países del norte de Centroamérica, creían que la distribución de ingresos del país era injusta, siendo particularmente mayor en El Salvador (gráfica 1). De igual manera, no sorprende entonces que más del 70.0 % de los entrevistados en estos países, respondiera que se gobernaba por unos cuantos para su propio beneficio y no para el bien de todas y todos (gráfica 2). 

Parafraseando a Martin, Mehrotra y Prasad, en la actualidad, la política fiscal es nuestro contrato social; aquí se institucionaliza quienes pagan por los beneficios y quienes verdaderamente los van a disfrutar; eso hace inaceptable que una vasta mayoría sienta que no se gobierna en su beneficio, sino de una élite. Esto no se queda solo en percepción, pues por medio de las exenciones fiscales a empresas, por ejemplo, quienes se benefician de estas medidas, muchas veces son quienes menos lo necesitan. Y, aunque suelen justificarse en términos de una potencial mayor inversión o de empleos, en Honduras, la Secretaría de Finanzas (Sefin) ha confirmado que estas medidas han implicado más costos que beneficios para el país. Este tipo de medidas suelen ser nocivas, pues este sentimiento y esta realidad corroen el sistema, ya que las personas con fundamentos estiman que carece de justicia.

En los impuestos se materializan nuestras obligaciones hacia el resto de la sociedad, en el sentido que hacen posible la implementación de todas las acciones del gobierno. Sin embargo, a diferencia de las transacciones en el mercado, los beneficios obtenidos no son necesariamente en el corto plazo ni de forma individual, por lo que más allá de elementos coercitivos y sancionatorios, conllevan elementos de cooperación y confianza. Idealmente, dentro de un Estado, todos los contribuyentes se adecuan perfectamente a las leyes tributarias, cumpliendo sus obligaciones a cabalidad.  Y, aunque es de humanos que alguien los pague un poco a regañadientes u olvidarse de vez en cuando los altos niveles de evasión, en los países del norte de Centroamérica alertan sobre la debilidad de los Estados para recaudar los impuestos establecidos en ley, pero, además, la gran capacidad de algunas empresas de salirse con la suya, golpeando aún más la moral del resto de los contribuyentes.

Además, en los impuestos también van implícitamente las desigualdades que aceptamos y las que queremos corregir. En Estados más desarrollados, y en sociedades más justas y equitativas, se defiende el bien común, lo cual, a su vez, también se refleja en tasas impositivas. En el caso de estos países centroamericanos, estos ideales no se ven reflejados, pues los ingresos tributarios se consiguen principalmente por medio de impuestos indirectos (gráfica 3), lo que significa que quienes menos ingresos tienen terminan pagando más al ser impuestos que no se vinculan con la capacidad de pago. Bien decía Piketty que “los impuestos también sirven para ampliar el conocimiento de la sociedad, no solo para obtener ingresos fiscales y alimentar el descontento”.

En esta historia, hay culpables. Este sistema fiscal no está escrito en piedra, ni tampoco es fruto de fuerzas exógenas imposibles de manejar. En realidad, son decisiones políticas, por las motivaciones que sean, de mantener así las cosas. El sistema está roto y hay que cambiarlo. Nosotros lo sabemos y los gobernantes pareciera que no se quieren dar por enterados. Siguen empujando los límites de sistemas fiscales cuya capacidad está sobrecargada, y que se superó hace ya mucho tiempo. Sin embargo, en la política fiscal también se establecen los límites de lo que nuestros gobiernos deben hacer. De ahí la importancia de involucrarnos y de no perpetuar el ciclo vicioso de la no participación ciudadana y la desconexión del gobierno con la población. 

Michelle Molina

Michelle Molina

*Economista investigadora para El Salvador y Honduras, con especialización en herramientas de políticas fiscal por la Universidad Rafael Landívar, tiene un máster en Política Fiscal para el Desarrollo por la misma universidad. Se incorporó al equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en 2017 como consultora para trabajar en el área de Gestión Pública, despúes de realizar su Práctica Profesional.

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