Foto/José David López Vicente

Medicamentos sólo para quien pueda pagarlos en medio de la pandemia por COVID-19

La cuarentena domiciliaria las agarró por la espalda. Habían escuchado del coronavirus, pero nunca pensaron que estaría tan cerca de El Salvador. Más de una lo pudo haber visto por las noticias, pero acostumbradas a líos y padecimientos cotidianos, en sus cabezas no estaba la idea del golpe que estaban por recibir. 

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La pandemia de la COVID-19 deja en evidencia, una vez más, que los guatemaltecos tienen un limitado acceso a los medicamentos.  También ha puesto bajo el foco el sistema que permite que sea de esa manera: no garantiza el abastecimiento en los hospitales públicos y no regula los precios ni el sistema oligopólico del mercado. Ganan unos pocos, mientras que las personas que no pueden pagar -la mayoría- se endeudan o esperan un milagro.

De un día a otro, la familia López se vio obligada a reunir 14 mil quetzales (1,800 dólares) para comprar un medicamento. Myriam López, de 44 años, lo necesitaba. Estaba grave. La COVID-19 había hecho estragos en ella. Su familia decidió cuidarla en casa, desconfiaba de la atención del sistema público y no podían pagar un hospital privado.

Myriam vive en Huehuetenango, uno de los departamentos del occidente guatemalteco. Vende abarrotes, helados, ropa y productos por catálogo.

El dinero, equivalente a casi cinco salarios mínimos, les serviría para adquirir tocilizumab, un fármaco recetado a personas con artritis reumatoide y que ahora es empleado, sin que haya aún evidencia de su efectividad, en los pacientes con COVID-19 que se encuentran en estado crítico.

En Guatemala, una dosis de 4 ml de este fármaco puede llegar a costar entre 300 y 420 dólares, y en otras dosis hasta 642 dólares, casi el equivalente a dos salarios mínimos del país, en donde el 60% de su población vive con menos de 4 dólares diarios.

Un médico, que trabaja en primera línea en el Hospital Temporal del Parque de la Industria para atender a pacientes con COVID-19, explica que durante dos días son usadas entre seis y nueve dosis de 4 ml de este medicamento en aquellos pacientes que requieren oxígeno y empiezan a sufrir una fase inflamatoria del sistema respiratorio.

Trabajador del Hospital San Juan de Dios en el área habilitada para realizar las pruebas de COVID-19.

Magaly, a cargo del cuidado de su tía Myriam, cuenta que el médico privado conseguiría las dosis necesarias de este fármaco en 14 mil quetzales (1,799 dólares).  No recuerda si sería cuatro o seis dosis. En otros lugares tenía un costo de 20 mil quetzales (2570 dólares). Magaly prefiere omitir en dónde conseguiría el medicamento. Su familia reunió el dinero, pero más tarde les informaron que el producto se había agotado.

–No podíamos pasar más tiempo esperando, mi tía estaba mal–, dice Magaly.

La familia decidió, entonces, llevarla de emergencia al Hospital Temporal del Parque de la Industria. No podían costearse uno privado.

–Había lugares en zona 8 que pedían un depósito de 7 mil quetzales (900 dólares) por paciente y después 6 mil quetzales (771 dólares) por la primera dosis en medicamentos. En otros lugares de la zona 9 tenías que pagar 50 mil quetzales (6,400 dólares) de entrada, más lo que luego te pidieran– dice la sobrina de Myriam.

Myriam estuvo internada un mes, 15 días dentro del área de cuidados intensivos del hospital temporal. Pero tampoco en la sanidad pública hallaron respiro a las preocupaciones económicas. Los médicos les pedían fármacos que tenían que conseguir con sus propios medios. En el hospital temporal no contaban con ellos.

–En tres o cuatro ocasiones ellos pidieron otros medicamentos, como Budesonida, Salbutamol, y una vez incluso botellas de agua–, recuerda Magaly.

Hoy Myriam se encuentra en casa. De vez en cuando siente algún malestar. No puede evitar pensar que se trata de alguna secuela de la COVID-19.

 

Zulma Calderón, Defensora de la Salud de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), afirma que lo que vivió la familia López es común en los hospitales públicos a cargo de los pacientes con COVID-19. En el monitoreo que realiza, ha sido informada de 10 centros en donde los médicos se han visto obligados a pedir la colaboración de los familiares debido al desabastecimiento de ciertos fármacos.

 

Walter Montufar (azul) espera a sus padres que llegaron al Hospital Temporal del Parque de la Industria a dejarle ropa a su hija que se encuentra internada en este sitio.

La defensora de la salud explica que la carestía ocurre por varias razones. Una de estas es debido a que los recursos aprobados para la emergencia de la COVID-19 estuvieron disponibles hasta mayo, dos meses después de que se registrara el primer caso en Guatemala. 

Calderón también asegura que pese a las solicitudes de ciertos fármacos que realizan los médicos para tratar la pandemia, las autoridades administrativas de los establecimientos no los incluyen en los listados de compras de emergencia para combatir la COVID-19. Esto implica que el proceso de compras sea más largo y que los medicamentos lleguen tarde.

–La mayoría de medicamentos que le son solicitados a los pacientes son caros, como el salbutamol, budesonida y otros que oscilan entre los 400 y 600 quetzales–, dice la funcionaria.

–¿Y qué pasa con los pacientes que no pueden comprar los medicamentos? –, se le pregunta a Calderón.

–Los pacientes fallecen. Tener acceso a los medicamentos ha dejado de ser un derecho humano y se ha convertido en un privilegio–, responde.

Calderón presentó un informe, en la última semana de octubre, que concluyó que las familias de los pacientes deben gastar entre 3 mil y 10 mil quetzales (entre 386 y 1,285 dólares) en medicamentos por el desabastecimiento en los hospitales públicos que atienden a pacientes con COVID-19. Es decir, un gasto casi equivalente a tres salarios mínimos.

Ese monto no incluye otros gastos, como la compra de oxígeno que hizo la familia de Magaly antes de trasladarla al hospital temporal, cuando ya no podía respirar por su cuenta.

–El alquiler del tanque de oxígeno costaba 2,500 quetzales (321 dólares) y rellenarlo 400 quetzales (50 dólares). Duraba 12 horas y cuando se acababa usábamos unos tanques pequeños mientras regresaban con el tanque grande. Rellenar el pequeño costaba 80 quetzales (10 dólares)–, recuerda su sobrina.

Un negocio para las farmacéuticas, las distribuidoras y las farmacias 

Myriam, finalmente, fue atendida en un hospital público. Aunque eso no significó que estuviera cubierta y ya no dependiera de las reglas del mercado, en donde los precios de los medicamentos se disparan sin control, sin ninguna regulación que lo impida.

Su familia, por solicitud de los médicos del Hospital Temporal del Parque de la Industria, compró salbutamol, usado para evitar la obstrucción de las vías respiratorios y comúnmente empleado en pacientes con asma. Este fármaco, en su presentación de 200 dosis, la cadena de farmacias Meykos lo ofrece a un precio diez veces más caro que el pagado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En Meykos, el medicamento tiene un costo de 10.87 dólares mientras que el IGSS lo ha adquirido a  1.15 dólares. En otras redes de droguerías como Carolina & H o Farmacia Cruz Verde el valor es de algo menos de 8 dólares. 

En este sentido, Karin Slowing Umaña, analista independiente e integrante del Laboratorio de Datos GT, explica que las cadenas de farmacias pueden establecer el valor que deseen sobre los fármacos, pues no existe una ley ni ninguna institución que impida que sea de esa manera.  Esa, asegura la experta en salud pública, es una de las razones que hace que los precios sean más elevados en el sector privado.

Carolina & H es una de las cadenas de farmacias más conocidas en Guatemala.

“No hay legislación ni regulación de los precios de los medicamentos. En el mercado hay hasta cierto punto una autorregulación que permite que no suban los precios. El que los eleva mucho no vende. Pero también hay colusión, es decir que los grandes empresarios acuerdan el valor de los fármacos”, explica Luis Pablo Méndez, uno de los coordinadores de la Red de Acceso a Medicamentos de Guatemala (Redmegua).

El experto recuerda que solo hubo un intento de regular los precios. El Gobierno, a través de un acuerdo, fijó valores tope para algunos fármacos usados contra la COVID-19. Este incluía medicamentos como el salbutamol, budesonida, azitromicina y acetaminofén, no otros como el tocilizumab.

La resolución duró apenas 34 días. Fue emitida el 27 de agosto y perdió vigencia el 30 de septiembre, cuando terminó el estado de calamidad decretado por la pandemia.

Carlos Vásquez, vocero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), una entidad estatal que en teoría defiende a los consumidores, afirma que en Guatemala hay libre mercado y las empresas establecen los precios que consideren “convenientes”. Lo dice luego de explicar que su dependencia se limita a verificar si los establecimientos no varían los valores según su publicidad o si los fármacos cumplen con las cualidades ofrecidas.

Vásquez simplifica de esa forma las dinámicas del mercado de medicamentos. Pero la  realidad es más compleja.

Slowing afirma que existen oligopolios y monopolios en la distribución de medicamentos que impiden mejores precios en el sector privado y para el sector público. La médica especializada en salud pública explica que ciertas empresas cuentan con permisos exclusivos para importar y distribuir algunos fármacos. Esto hace que fijen precios a discreción, pues quedan fuera del mercado otras empresas que las obligarían a ofrecer precios más bajos.

Al lado de la entrega de emergencia del Hospital San Juan de Dios, se encuentra la ventanilla donde brindan los resultados de las pruebas de COVID-19.

El tocilizumab, el medicamento que necesitaba la familia de Myriam, es un ejemplo de esta dinámica. En el portal del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud, solo dos empresas están habilitadas como distribuidoras de este medicamento: J.I Cohen, S.A. y Centro Distribuidor, S.A.

Este medicamento, en su presentación de 4 ml, ha sido comprado por el Ministerio de Salud a un precio de 167 dólares. Esa misma dosis, ha sido adquirida por el gobierno de Brasil a la mitad de ese precio, 73  dólares, mientras que en Colombia lo fue a 94 dólares y en Honduras a 106 dólares, según el Observatorio Regional de Medicamentos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

Otro ejemplo de esta dinámica ocurre con el remdesivir, otro fármaco usado en pacientes con COVID-19. En agosto,  Nómada publicó un reportaje en el que señalaba que este medicamento era vendido exclusivamente por la empresa Aviv Farmacéutica, pues era la única que poseía los permisos otorgados por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines.

Slowing asegura que esto ocurre porque se crean requisitos ad hoc para ciertas farmacéuticas que impiden que otras empresas puedan hacerse de los permisos para distribuir los fármacos y competir.

Méndez afirma que en la actualidad no existe transparencia en el proceso de entrega de los permisos. Esto, dice, evita determinar si las empresas los reciben porque hubo un acto de corrupción o porque la falta de recurso humano impidió que los trámites avanzaran para otras corporaciones.

–El mercado de los medicamentos está capturado. Está podrido–, dice contundente Slowing.

Ante los cuestionamientos, Norma Lucrecia Ramírez, viceministra técnica de la cartera de salud, en un documento compartido por su equipo de comunicación, afirma que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines trabaja apegado a la ley y asegura que no existe discrecionalidad sobre las empresas.

–El que una o pocas empresas tengan un registro sanitario significa que otras solicitudes se encuentran en proceso de evaluación, o no cumplen con los requisitos de ley–, se lee en la respuesta enviada por la funcionaria.

Actualmente no existen en proceso de trámite otros permisos relacionados con el tocilizumab y remdesivir, de acuerdo con la viceministra.

Cerca del Hospital San Juan de Dios se encuentra una sucursal de Farmacias Galeno, una de las cadenas más grandes en Guatemala.

Otro fenómeno relacionado con el mercado de los medicamentos en Guatemala es la diversidad de precios que pagan las instituciones públicas por un mismo fármaco. Una muestra de ello son los precios de la azitromicina. Si bien el Ministerio de Salud ha adquirido el frasco de solución inyectable de 500 mg a 3.4 dólares, también ha comprado esa misma presentación a 22.75, siete veces más caro.

El representante de Redmegua afirma que esto ocurre por la inexistencia de mecanismos de monitoreo de precios desde el Ministerio de Salud y porque no existe ninguna ley que impida que los establecimientos compren a discreción.

Zulma Calderón, la defensora de la salud, afirma que los medicamentos son adquiridos por las instituciones como cualquier otro producto, “como si se tratara de clavos, de materiales de construcción y no como un derecho humano”. Por ese motivo, la funcionaria considera que debe existir una ley específica para la compra de medicamentos que permita el acceso a estos con mejores precios.

Andrea Calvaruso, director de UNOPS en Guatemala, afirma que la diferencia de precios también puede depender de la cantidad que se adquiera del medicamento. “A mayor cantidad el precio puede ser mejor“, indica.

La azitromicina también es otro medicamento usado contra la COVID-19 que está lejos del alcance del bolsillo de los guatemaltecos. La solución inyectable de 500 mg de azitromicina tiene un precio mucho más alto en Farmacias Galeno, una de las cadenas más populares en Guatemala, donde cuesta 38 dólares. 

Para mostrar esta diferencia de precio de adquisición , en el sector público y el privado, Agencia Ocote elaboró una base de datos con los precios ofrecidos en el sector privado y los que han pagado las instituciones públicas de Guatemala y otros países. 

La base de datos contiene información disponible en el Observatorio Regional de Medicamentos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocido como Guatecompras, así como los servicios en línea de algunas cadenas farmacéuticas guatemaltecas y otras latinoamericanas. Se seleccionaron además presentaciones que contuvieran la misma cantidad del medicamento.

–El mercado de los medicamentos es una cadena donde muchos se benefician. Se benefician la empresa que tiene el control de los medicamentos. Se benefician los operadores que las farmacéuticas tienen dentro del Ministerio de Salud. Se benefician los médicos que prescriben ciertos fármacos por solicitud de los proveedores. Médicos que reciben viajes, cenas y almuerzos. Se beneficia el personal que participa en los procesos de licitación–, dice Slowing. 

“Negociantes de la Salud” es un caso judicial investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que ilustra las afirmaciones de Slowing.

Esta  investigación  reveló que los directivos de distintas farmacéuticas se reunían para fijar precios  de medicamentos requeridos por el IGSS. En esta entidad contaban con médicos y otro personal que se encargaba de elegir a sus empresas en los procesos de licitación y de aumentar los pedidos de medicamentos que proveían. Todo eso a cambio de coimas.

¿Cómo cambiar el sistema?

Es necesario, según Slowing, regular el mercado y mejorar el sistema de compras del Estado a través de un monitoreo continuo de los precios, el establecimiento de precios de referencia según el mercado internacional, la aprobación de leyes que prohíban los monopolios y oligopolios, así como el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción dentro del sistema de salud.

Luis Pablo Méndez,  el coordinador de Redmegua, comparte la opinión de Slowing,  pero también  considera que es necesario fijar precios tope en los fármacos.  Slowing, sin embargo, opina que establecerlos únicamente generaría que ciertos medicamentos salgan de circulación para ofrecerlos en el mercado negro.

–Es algo que no se puede negar, pero no sería algo nuevo. Los mercados negros ya existen en Guatemala, en un sistema de impunidad–, señala Méndez.

Las afueras del espacio habilitado para realizar pruebas de COVID-19 en el Hospital San Juan de Dios.

Una de las claves, según Slowing, es garantizar el abastecimiento en los hospitales públicos. Para garantizar el abastecimiento en un Estado con recursos reducidos, según Slowing, las licitaciones internacionales a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) son otra opción que el Ministerio de Salud debería poner en marcha para conseguir mejores precios y disminuir actos de corrupción.

El director de UNOPS en Guatemala explica que este mecanismo permite que las instituciones públicas de los países puedan recibir mejores ofertas, pues participan empresas extranjeras y no solo nacionales. Además, menciona que cuentan con la opción de organizar subastas inversas, es decir otorgar los contratos a la empresa que presente la oferta más barata en un tiempo limitado.

–Primero se habilitan a los proveedores que participarán, de acuerdo con su solidez financiera y también con una evaluación técnica de sus productos. Luego de eso se da la subasta inversa y las empresas pueden presentar sus precios–, dice Calvaruso.

Méndez afirma que Guatemala podría usar mecanismos como este o realizar compras en conjunto con otros países de Centroamérica para obtener precios más competitivos, pero señala que esto pocas veces ocurre.

Ninguna de las opciones para regular el mercado de los medicamentos será posible sin un sistema de justicia que combata la corrupción y un Congreso depurado, de acuerdo con el integrante de Redmegua.

–Estamos muy supeditados al mercado y las empresas. Que no haya acceso justo a los medicamentos es una vulneración al derecho a la salud, al derecho a la vida–, dice.

Agencia Ocote solicitó una entrevista con el viceministro de salud encargado de hospitales, Francisco José Coma Martín, quien también fue directivo de hospitales y corporaciones del sector privado, y una entrevista con la viceministra técnica de la cartera, Norma Lucrecia Ramírez, a cargo del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud. Hasta el momento de la publicación de este artículo únicamente se recibió una respuesta escrita de la funcionaria. No se obtuvo un comentario oficial sobre otros señalamientos descritos en el artículo.

Mientras se esperaban más respuestas de las autoridades para este reportaje, es probable que en los hospitales públicos siguieran pidiendo medicamentos a las familias de los pacientes con COVID-19. Y es casi seguro que muy pocas pudieron comprarlos.

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