Martín García / Radio Progreso
Un especial periodístico realizado por medios de comunicación independientes de Centroamérica que forman parte de la alianza Otras Miradas,e entre los que está GatoEncerrado.
Son las tres de la madrugada del 9 de septiembre. Héctor despierta escuchando toser a Mavis, su madre. Un dolor intenso en el pecho no le deja respirar y está cada vez más agotada. Héctor, asustado, despierta al padrastro, pero éste no se inmuta, piensa que es otro ataque de asma bronquial con el cual Mavis lidia desde que tenía 16 años, y que había sobrellevado, a veces, con medicamentos que costeaba con dificultad y, otras veces, con “agüitas de hojas que su madre le recetaba”.
El día anterior, como la mayor parte de sus días, Mavis había lavado ropa ajena. El médico, además de los medicamentos, le había recomendado evitar las fatigas, pero si Mavis quería medicamentos y además alimentar a sus dos hijos, no podía sino fatigarse trabajando.
En Honduras, la pobreza se extiende a nivel nacional, a 6 de cada 10 habitantes, pero impacta más duramente a las mujeres, que sufren la desigualdad doblemente, por la injusta distribución de la riqueza en el país, la cual se concentra en unas pocas manos, y por el sistema patriarcal que hace que las mujeres participen menos que los hombres de esa riqueza.
-Héctor, busca a tu abuela, dile que me siento mal. Escuchó el joven mientras contemplaba impotente. Corrió tan rápido como pudo los tres kilómetros de distancia entre las casas. Tocó la puerta duro, y gritó: – ¡Abuela, mamá está enferma!
El día que Héctor relataba su historia era la víspera de su cumpleaños. Iba a cumplir dieciséis años, de los que, en los últimos ocho, había convivido con el temor a sufrir un ataque de epilepsia, razón por la cual abandonó la escuela, ya que no puede controlarse los ataques con un tratamiento cuyo coste queda fuera de su alcance.
En hospitales y centros de salud, ni siquiera tienen todos los medicamentos del cuadro básico clínico (medicamentos comunes), y mucho menos para enfermedades especiales, según denuncias constantes del Colegio Médico de Honduras.
El listado nacional de medicamentos cuenta con 531 fármacos. Y según el gobierno, es un listado de medicamentos congruente con las necesidades del país, aunque pacientes de enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades renales y VIH-Sida, denuncian la falta de sus medicinas.
En la actualidad, el sistema público de salud de Honduras lo integran la Secretaría de Salud, a la que le corresponde el rol rector, regulador y prestador de servicios a toda la población, y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Un segundo subsector es el privado, conformado por instituciones de salud con o sin fines de lucro. La Secretaría de Salud presta servicios al 60% de la población mientras que el IHSS asegura al 12%. El sector privado, por su parte, conformado por estructuras de salud con o sin fines de lucro, atiende al 10% de la población.
En Honduras, 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud y se estima que el 18% de la población (más de 1.5 millones de hondureños y hondureñas) no tiene acceso a los servicios básicos de salud, según investigación del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. En el documento se alerta del estado de coma que enfrenta la salud en Honduras: sin camas, médicos, enfermeras, equipo, medicinas.
Datos de la Secretaria de Salud confirma que el país cuenta con una red de servicios a través de 1,635 establecimientos. Según este dato, cada hospital o centro de salud debería atender a más de 5,500 pacientes para cubrir a los más de 9 millones de habitantes, entre atención preventiva y de emergencia.
¿Cómo se logra eso si en todo el país únicamente hay contratados 2,400 médicos en el sistema público?
“Los médicos son insuficientes, lo mismo pasa con las enfermeras y camas asignadas en los hospitales y centros de salud. Es imposible atender a la ciudadanía”, dice Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
Según el recuento del Colegio Médico, en el país hay más de 8 mil médicos desempleados. Aun contratando esa cantidad, Honduras estaría por debajo de los estándares que dicta la Organización Mundial de la Salud-OMS, que indican que por cada 10,000 habitantes deben estar asignados 23 médicos y enfermeras.
Alejandro Kafatti, economista e investigador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH, una organización de sociedad civil que da monitoreo a la ejecución presupuestaria y las decisiones en materia fiscal, dice que la planificación es una deuda histórica en Honduras. El fenómeno queda al desnudo en el área de salud, ya que el gobierno no tiene claridad ni planes para hacer frente a las principales enfermedades que padece la población, por lo que el presupuesto y las necesidades de la ciudadanía van por caminos contrarios.
“Hasta el momento no se han priorizado las principales enfermedades del país, ni presupuestaria ni técnicamente. No hay planificación. Si no, miremos lo que ha ocurrido en los últimos 3 años: el dengue sigue siendo la principal enfermedad que mantiene de rodillas a los hondureños, tanto así, que el año 2019, fueron más de 112,000 casos de dengue diagnosticados y más de 380 muertes a consecuencia de la enfermedad. Esto sólo demuestra qué tan vulnerable es el sistema de salud, y en parte, esto es porque no se ha invertido lo suficiente en infraestructura adecuada ni contratación de personal. Cuando nos referimos a infraestructura estamos hablando de la ampliación de la red hospitalaria. Hasta el momento Honduras cuenta únicamente con 5 hospitales regionales, para 9 millones de personas. Esto es totalmente absurdo”, dice Kafatti.
El análisis presupuestario que hace el FOSDEH en materia de salud revela que, en 2020, el gobierno de Juan Orlando Hernández, presupuestó 15, 800 millones de lempiras, de los cuales el 71% por ciento estaba destinado a pagar sueldos y salarios del personal que labora en el sistema de salud. En contraposición, sólo el 4.1% de ese presupuesto estaba orientado a la inversión en infraestructura, mejoras y ampliación de la capacidad de la red hospitalaria.
“Miramos que es una desproporción”, considera Kafatti, argumentando que, de la mano de un incremento de fondos, debería acompañarse la inversión en los centros asistenciales. “Y eso no lo estamos viendo”, agrega.
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Doña Concepción, abuela de Héctor, al escuchar los golpes en la puerta y la voz de su nieto, se apresuró a abrir, asustada. El nieto le explicó lo que pasaba, se vistió como pudo, buscó unos pocos pesos (lempiras) que tenía guardados y se fueron a casa de Mavis, según nos relató de la propia Concepción.
-Me voy a morir –dijo Mavis.
– No digas -eso repuso la abuela-. ¿Querés que te saquemos de aquí? – preguntó.
-Sí – dijo rápidamente Mavis.
Mavis a penas podía respirar y no dejaba de toser. Debían ir caminando al centro del pueblo y buscar ahí atención médica. Caminaron lento, muy lento. Eran las cuatro de la mañana. El pueblo estaba desierto. Era raro ver gente a esas horas, y más aún en tiempos de pandemia.
Si el sistema de salud pública en Honduras estaba en cuidados intensivos antes de la pandemia por Covid-19, hoy la situación es aún más grave.
El sistemático deterioro de los últimos 30 años ha hecho que los centros de salud y hospitales no den para más. La pandemia dio el tiro de gracia destapando las negligencias y la olla de corrupción con la que se ha desgobernado el área de salud, dice el doctor José Manuel Matheu, exviceministro de salud en la administración del presidente Carlos Flores Facusse.
“La salud pública ha estado marginada en los últimos 30 años. La estructura hospitalaria está desfasada. Los últimos hospitales grandes en construirse fueron el Hospital Escuela, en 1978, y el Mario Catarino Rivas, en 1989. Y, por si fuera poco, en los últimos 15 años, retrocedimos con la atención primaria y descuidamos la atención hospitalaria, con una sola idea: privatizar la salud”, dijo el galeno.
Antes de la emergencia por Coronavirus, el Colegio Médico denunció la privatización del sistema de salud a través de la Ley Marco de Protección Social, que permite la entrega de centros y hospitales públicos a entidades privadas o mixtas con o sin fines de lucro.
La pandemia encontró un país con hospitales sin salas ni camas para atender pacientes, carencia de médicos, enfermeras y medicamentos para hacerle frente. Hasta la fecha, se contabilizan más de 100,000 casos positivos y más de 2,700 fallecidos.
En los primeros meses del virus, los videos de pacientes agonizando en las aceras, o las improvisadas carpas en las afueras de los hospitales, o familiares enfrentándose a golpes por lograr un tanque de oxígeno para salvar a los enfermos, inundaron las redes sociales. Hasta la fecha, el gobierno no ha dado explicaciones sobre tan terribles hechos.
Sin saber exactamente qué hacer, la abuela pensó conseguir un carro para llevar a Mavis a un hospital. Buscó a un pastor evangélico para pedirle ayuda. Pero se cansó de tocar la puerta y gritar. De la casa no hubo respuesta. En el pueblo no hay ambulancias, y el sistema 911 no es más que publicidad en los medios. Una patrulla de policía les trasladó finalmente al centro de salud más cercano.
Sin embargo, no fue atendida.
– Mi hija no tiene COVID. Es asmática -dijo la abuela, creyendo que su explicación aceleraría la atención. Pero fue esa la razón por la cual se negaron a atenderla.
– Si no tiene COVID, aquí podría contagiarse, no podemos recibirla- dijeron.
– Solo necesita oxígeno. ¡Pónganle oxigeno por favor! – insistió.
A pesar de las súplicas de la abuela y el estado de agonía de Mavis, se le negó la atención más básica. Doña Concepción salió de aquel centro con la frustración de no haber sido atendidas a pesar del estado de su hija. Pero no se rindieron.
Alguien le sugirió buscar una clínica privada. Héctor cargó a su madre hasta llegar al lugar. Aunque la primera atención parecía distinta a la del centro de salud público, le pidieron de inmediato adelantar cierta cantidad como garantía de pago, antes de ingresar a Mavis. La abuela buscó los pesos que había preparado antes de salir de casa, pero no los encontró. Registraba su viejo bolso y su vestido.
– No los guardé. ¿O los habré botado? -se preguntaba.
Suplicó atención para su hija. Aseguró que tenía el dinero y que iría a buscarlo. Pero fue en vano. Héctor contemplaba la escena sin comprender cómo alguien podía negarse a atender a su madre moribunda.
“La situación es tan grave en estos meses de pandemia, que ante el colapso de hospitales y centros salud, las clínicas privadas se aprovechan de la desesperación de la gente. Algunas solicitaban depósitos desde 200,000 a 500,000 millones de lempiras (unos 20,000 dólares), para atender a pacientes que necesitaban atención por el virus u otra enfermedad”, denunció Suyapa Figueroa.
La resistencia de Héctor, de su abuela y su hermana, superaban la frustración de no conseguir la atención para Mavis, quien empeoraba, a cada instante. Héctor lo notó e intentó la última posibilidad a su alcance. Paró un bus de ruta, de los que recorren los pueblos vecinos, cargó a su madre, la subió y se sentó junto a ella. Parecía injusto pedirle más a su madre, pero él no tenía otro remedio en esos momentos. Ella no pudo más, y murió en ese bus en marcha. Eran las 10 de la mañana.
Desde que Mavis comenzó con los primeros síntomas, a las 3 de la madrugada, hasta su muerte, en el bus que la conduciría al hospital de Copán, transcurrieron 7 horas. 7 largas horas sin haber conseguido un traslado en condiciones apropiadas o la asistencia de un tanque de oxígeno. Ese dolor ampliado por el tiempo de agonía sigue muy latente en la familia de Mavis.
La presidenta del Colegio Médico es tajante al asegurar que muertes como la de Mavis, o las de otros pacientes en el marco de la pandemia, en situaciones semejantes, son responsabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández, debido a la negligencia y la corrupción que se ha desbordado en este tiempo, como atestiguan los informes de 11 investigaciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), tras siete meses de emergencia por el coronavirus. En dichos informes, se señalan actos de corrupción en la gestión de los fondos públicos para la compra de equipos e insumos médicos.
Radio Progreso consultó al CNA sobre el daño económico de la corrupción en tiempo de Covid-19 para el Estado hondureño: “Sumando el hallazgo de todas las investigaciones, podemos informar que, solo en esos 11 documentos, se ha identificado un perjuicio a las finanzas públicas de 811,634,132.05 lempiras”. Esa cifra aumentará, puesto que “el CNA continúa investigando”, aseguró Odir Fernández, jefe de investigación del CNA.
Dentro de esas investigaciones, se incluye la de la compra de siete hospitales móviles, construidos en Turquía, por un monto de 47 millones de dólares (1,167 millones de lempiras).
“Es imposible no sentir molestia e indignación por lo que ocurre en Honduras. Con los 47 millones de dólares pagados por cada hospital móvil, se hubiesen construido y dotado, perfectamente, 2 hospitales regionales para el occidente o el oriente”, asegura Kafatti, puesto que la población de esas regiones carecen de dichos centros y deben movilizarse a San Pedro Sula o Tegucigalpa en busca de atención médica.
Los señalamientos por corrupción han continuado durante los 7 meses desde el inicio de la pandemia. El gobierno reporta que para hacer frente a la emergencia ha gastado 4,500 millones de lempiras, pero los cálculos de corrupción según el FOSDEH llegan a más de 77,000 millones de lempiras, unos 3,000 millones de dólares.
En los informes de corrupción, hay señalamientos por compras sobrevaloradas, adquisición de equipos y material médico de mala calidad, compras adjudicadas por favoritismo políticos, parentesco con el funcionario o pago de favores. Además, de estar presentes las famosas coimas o sobornos con las que se enriquecen muchos funcionarios.
Tres meses después de la muerte de Mavis, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso. En Radio Progreso hemos buscado reacciones de los encargados de los centros a los que Mavis suplicó atención, incluso al propio viceministro de salud, Roberto Cosenza. No hay respuesta. Aseguran desconocer el caso.
Héctor y su pequeña hermana lloran y extrañan a su madre, creyendo que se hubiese salvado con la oportuna atención médica.
Su joven mamá ahora engrosa las estadísticas de muertes en el marco de la pandemia, sin que nadie informe sobre las causas de su fallecimiento. La muerte agravó las condiciones económicas de esta humilde familia, y tuvieron que dividirse. Héctor vive ahora con su abuela. Una hermana cuida de la pequeña hija de Mavis. Intentan verse a diario, pero jamás será igual.
“Ese es el panorama en Honduras: la población muriendo en los hospitales y otros que no logran llegar a los centros médicos. Lo que hay es un aprovechamiento de la pandemia para cometer los actos de corrupción”, dice Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico.
Para Alejadro Kafatti la apuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández está clara. Mientras el presupuesto de salud ha tenido un raquítico incremento del 2% anual, partidas como Defensa y Seguridad se incrementan cada año en un 12%, y el apartado de pago a la deuda pública se alza hasta un 20%. “La apuesta es continuar endeudándonos para financiar campañas políticas y brindar privilegios a policías y militares. La salud pasa a un segundo plano para autoridades y políticos”, concluyó el economista.
Lo único que Héctor sabe es que la muerte de su madre fue prevenible, pero nadie hizo nada. Ahora, siente que también su vida está en peligro, ya que Maviss era la encargada de cuidarle a él, para evitar que la epilepsia empeore.