Opinión

Centroamérica debe despenalizar el aborto

Jonathan Menkos Zeissig

Jonathan Menkos Zeissig

@icefi @jmenkos

Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.

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Por Jonathan Menkos Zeissig*

El jueves pasado, la mayoría de diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma al artículo  67 de la Constitución de la República con el fin prohibir, de manera absoluta y ante cualquier circunstancia, el servicio de aborto. La iniciativa, presentada el 11 de enero de 2021, por el diputado del oficialista Partido Nacional, Mario Pérez, fue aprobada en un solo debate y  sin que mediara una discusión amplia, seria y científica.  

Las notas de prensa advierten que la iniciativa del diputado Pérez, conocida como «Escudo contra el aborto en Honduras», solo se socializó con  representantes de la confraternidad evangélica y de la Iglesia católica, así como con el Comité Pro Vida. El presidente del Congreso Nacional, quien apoyó la iniciativa, aseguró a diversos medios de comunicación que: “Creo en Dios por mi formación académica, por mis convicciones como ser humano no puedo estar con aquellos que piensan que en algún momento tendremos leyes que permitan el aborto en Honduras”. 

En 2016, un estudio de opinión realizado por la plataforma de organizaciones Somos Muchas revelaba que la mayoría de los hondureños estaba de acuerdo con la despenalización del aborto por las tres causales: 52.0% de los entrevistados estuvo de acuerdo con el aborto relacionado con violaciones; 65.0% cuando peligra la vida de la mujer, y 69.0% cuando el feto tiene posibilidades nulas de vida. Además, la encuesta preguntaba religión, nivel educativo y afiliación política de  la persona entrevistada, mostrando que entre 50 y 70% de los evangélicos y católicos estaba de acuerdo con la medida. Por otro lado, a mayor educación mayor acuerdo con la despenalización.

Los diputados que aprobaron esta aberración social suman una mayoría que también logró desterrar los esfuerzos internacionales contra la corrupción y aprobar, en mayo de 2019, un nuevo Código Penal con disposiciones que debilitan el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos. Además de restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa, en el nuevo código mantuvieron la criminalización absoluta del aborto al tiempo en que ensancharon los caminos a la impunidad en casos de corrupción. 

En América Latina, tres Estados son los únicos en los que se prohíbe sin excepciones la interrupción voluntaria e involuntaria del embarazo, es decir, en donde el aborto es un delito: El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala y Panamá, es permitido para salvar la vida de la mujer  y, en Costa Rica, es permitido para preservar la salud, una interpretación un poco más amplia que la salud física.  En toda Centroamérica es un delito y, El Salvador, es el ejemplo más dramático y absurdo de esta realidad.

La penalización es inadecuada para lograr los fines que se supone: evitar abortos.  Por el contrario, diversos estudios revelan que las tasas de embarazos no deseados son más altas en los países que restringen el acceso al aborto y más bajas en los países donde el aborto es ampliamente legal.

Como resultado, las tasas de aborto son similares en países donde el aborto está restringido y en aquellos donde el procedimiento es ampliamente legal.

 

Mundo: tasas de embarazo no deseado y de aborto (estimaciones), según el estatus legal del aborto

Los impedimentos legales no disuaden a las mujeres que han tomado la decisión, pero sí aumenta sus riesgos. El Instituto Guttmacher, en su estudio sobre el aborto en el mundo en 2017, evidencia que en los Estados con leyes más restrictivas en materia de aborto, las mujeres deben enfrentarse a servicios más inseguros de aborto, poniéndose en mayor peligro su vida al enfrentar este procedimiento. La desigualdad también funciona en este ámbito, pues las mujeres con menor acceso a ingresos propios, a protección social, a servicios de salud y educación sexual y reproductiva, serán las que más enfrentarán servicios de aborto inseguros. En América Latina, cerca del 10% de la mortalidad materna se debe a abortos inseguros. A escala mundial, según la Organización Mundial de la Salud, una tercera parte de las muertes atribuibles al aborto inseguro son causadas por el acceso limitado a métodos anticonceptivos e información sobre servicios de salud reproductiva.

Hay una razón, la de más peso probablemente para exigir que el aborto no solo salga de la primitiva esfera patriarcal, religiosa y consecuentemente punitiva, y se traslade al contexto social como un elemento de salud pública: como bien lo apunta el párrafo 96 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995),  “los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”. 

 

Mundo: la proporción de todos los abortos que se estima que son inseguros aumenta a medida que el marco legal sobre el aborto es más restrictivo

Los Estados centroamericanos deben abolir las leyes que penalizan el aborto. Por el contrario, el aborto inducido durante el primer trimestre debe integrarse a las políticas públicas y, para evitar su sobreutilización que conlleva el aumento de riesgos a las mujeres, debe acompañarse de garantizar  —con recursos humanos, materiales y financieros necesarios— el acceso universal a educación científica e integral en materia sexual y reproductiva; a servicios de planificación familiar y salud materna; así como la atención sanitaria y sicológica del embarazo, del aborto y del parto. Al mismo tiempo debe haber avances hacia un sistema de protección y asistencia social universal, basado en el cumplimiento de los derechos humanos, respetuoso, moderno y laico.

Centroamérica necesita más políticos honrados y con la suficiente madurez para poner una frontera entre su fe personal y su responsabilidad social de proponer soluciones técnicas y científicas, utilizando el poder público, para enfrentar la realidad y ampliar así los derechos y el bienestar de cada persona. 

Jonathan Menkos Zeissig

Jonathan Menkos Zeissig

@icefi @jmenkos

Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.

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