Bitácora judicial
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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la remoción del cargo de exfuncionarios del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, realizada por el presidente de la República Nayib Bukele, el 21 de julio de 2019. Para los magistrados de la Sala, hubo vicios de nulidad de pleno derecho.
Óscar Canjura fue destituido del cargo de segundo vocal propietario y Mario Escobar del cargo de primer vocal propietario del Tribunal Sancionador, aunque sus cargos finalizaban en 2021, según la Ley de Protección al Consumidor. La remoción de los cargos fue por supuesta inmoralidad notoria.
“Esta sentencia, lejos de la satisfacción personal que me puede traer a mí (…), es un triunfo para el Estado de Derecho. En primer lugar, es un precedente histórico porque es la primera sentencia que hay con la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en contra de un presidente de la República. El mensaje es claro: ningún funcionario o autoridad administrativa está al margen de la ley”, declaró a GatoEncerrado Óscar Canjura.
Esta revista llamó a Escobar y conoció su reacción sobre la resolución de la Sala, pero no dio autorización para publicar sus declaraciones.
La decisión de la Sala se basó en el artículo 2 de la Constitución de la República, en relación al derecho al trabajo que tiene toda persona y la estabilidad en el cargo para empleados públicos que establece el artículo 219.
Los magistrados de la Sala ordenaron al presidente Bukele que, en el plazo de treinta días hábiles, cancele los salarios y demás prestaciones pecuniarias (de dinero) dejados de percibir, tanto por Canjura como por Escobar, desde el 25 de junio de 2019 hasta la emisión de la sentencia, “tomando como parámetro el salario que cada uno de ellos recibía antes de la remoción ilegal”, como medida para restablecer los derechos vulnerados.
El presidente Bukele también deberá informar el cumplimiento de la sentencia. De lo contrario, se impondrá una multa diaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la misma ley; es decir, “un salario mínimo diario del sector comercio y servicios por cada día de retraso”.
La Sala, por otro lado, desestimó la petición de los demandantes sobre la pretensión patrimonial por daño moral, para que Bukele pague $300 mil. Canjura consideró que dicha decisión “es una deuda que la justicia tiene con nosotros”.
En contraste con la destitución ilegal de Canjura y Escobar como vocales del Tribunal Sancionador, el gobierno de Bukele nombró como presidente de ese Tribunal a José Leoisick Castro, padre de Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia, según consta en documentos a los que esta revista tuvo acceso.
“Tras una destitución antojadiza, había intereses políticos determinados, y el interés era establecer un tribunal a la medida de lo que realmente se quiere ahí, y es cuestionable porque están en juego los derechos de los consumidores”, dijo Canjura a esta revista sobre el cargo del padre de Castro.