Hace unos días, el Consejo Permanente de la OEA fue convocado con urgencia por Estados Unidos para pedir respuestas al anuncio de Daniel Ortega de no convocar más a elecciones. Una cosa quedó clara —una vez más—: la represión nicaragüense es una amenaza para la región. La suerte que vivieron estas cuatro mujeres bajo tutela del régimen muestra el porqué.
Agosto 13, 2026
La muerte civil —ser borrado de registros oficiales, perder las propiedades, volverse apátrida— es un riesgo extremo “que pueden enfrentar las personas nicaragüenses por decir lo que piensan” sobre el régimen autoritario de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo Rosa María Payá ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 5 de agosto.
La relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para Nicaragua conectó ese dato con otras graves violaciones de derechos humanos que sigue cometiendo el régimen en Nicaragua, como desapariciones forzadas incluso de obispos octagenarios. Así explicó por qué la CIDH “reitera su repudio” al reciente anuncio de Ortega de no convocar más a elecciones para no darles chance a los “vendepatria” de “atrapar el poder”.
El Consejo Permanente fue citado por Estados Unidos, que pidió acciones urgentes y una respuesta colectiva ante “la amenaza que la dictadura Ortega-Murillo representa para la estabilidad de nuestra región”. Aunque no se tomaron decisiones de fondo, de sur a norte, los países del continente están en alerta con las intenciones de Ortega.
Por haber alzado su voz contra el régimen, cientos de nicaragüenses han enfrentado una justicia sin garantías, perdieron su patria y quedaron varados en países ajenos. Entre ellos, cuatro mujeres: Guisella Ortega, Tamara Dávila, María Oviedo y Suyén Barahona. Todas declaradas “vendepatria” por el régimen.
Su historia es un reflejo de la fuerza aplastante del régimen. Pero, también, de la resistencia que este ha encontrado en su esfuerzo por acallar a sus críticos.
Resguardada en un cuarto de ventanas pequeñas, en un país centroamericano, Taylor escucha los gritos de sus vecinos y los ruidos la transportan a una vida pasada. En las mañanas enseñaba literatura en un colegio de la capital de Nicaragua y en las tardes gritaba nombres de desaparecidos, muertos y presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En las protestas de 2018, cuando el asesinato del estudiante de 15 años Álvaro Conrado la empujó a las calles, los manifestantes bautizaron a Taylor la Gritona. Las madres de los muertos en las manifestaciones y de los presos políticos que el régimen iba aprehendiendo le pasaban los nombres de los suyos y ella, de memoria flaca, los apuntaba en un papelito. Llenaba sus pulmones de aire. Y rugía.
Pero en noviembre de 2022, cuando la detuvieron en el Distrito Tres, algo había cambiado: Taylor era madre de una bebé de 16 meses y los policías querían usarlo a su favor.
—Nosotros sabemos la dirección de la muchacha que te tiene a tu hija. Danos información porque si no te la quitamos. Esa niña va a desaparecer de tu vida.
Antes de terminar en un orfanato, Taylor creció entre tíos maltratadores. Su hija era una bandera triunfal sobre una infancia áspera y saberla en riesgo hizo que se le atorara su propia voz en la garganta. Su nombre ni siquiera es Taylor, sino Guisella Ortega. El apodo se lo pusieron sus compañeras de orfanato por su amor a la actriz Elizabeth Taylor y así nombró a su hija, la que cuidaba su ahijada, quien ya estaba en la mira de la Policía.
La ahijada cambió de casa, pero el asedio policial la llevó a salir del país con la pequeña.
A siete kilómetros del Distrito Tres se ubica la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención que inauguró el régimen Ortega-Murillo en 2019. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y la Organización Mundial contra la Tortura han denunciado allí violencia sexual, descargas eléctricas, aislamientos prolongados. En Nicaragua lo llaman el nuevo Chipote; el viejo era la cárcel donde la dictadura de Somoza torturó a cientos de personas en los años 60 y 70.
Entre junio y julio de 2021, tres mujeres fueron encerradas en el nuevo Chipote. Eran Tamara Dávila, del Directorio Político de la Unidad Nacional e integrante de Unamos (partido político progresista y opositor al régimen); Suyén Barahona, presidenta de Unamos; y la exfiscal y abogada de presos políticos María Oviedo.
Las detuvieron cinco meses antes de las elecciones presidenciales —junto a cinco precandidatos— bajo la acusación de cometer delitos que perjudicaban al pueblo nicaragüense. Las procesarían sin darles acceso adecuado a sus abogados y las llevarían a juicio sin pruebas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tildó las sentencias de “espurias” y los juicios de “farsa judicial”.
Estuvieron recluidas cada una en una celda con la prohibición explícita de hablarse, incluso de hacerse señas. Silencio absoluto, les ordenaron. Les dijeron algo que Taylor también escuchó en los interrogatorios: “¿Qué hacés aquí, metiéndote en problemas, en vez de estar en tu casa cuidando a tus niños?”.
Luego de los reproches vino el castigo: no les permitieron verlos.
Ellas los soñaban, oían sus voces, los sentían tatuados en su piel. Su cuerpo les pedía rendirse, pero el recuerdo de las criaturas que parieron fue la rama de la que se agarraron para salvarse de la corriente de un río que amenazaba arrastrarlas a un rumbo desconocido.
Aislada en una celda diseñada para ocho personas, Tamara Dávila lloró sin falta de pensar en su niña de 5 años durante las primeras 80 mañanas de los 20 meses que estuvo detenida, tiempo en que las autoridades la mantuvieron desaparecida. Supo algo de ella cuando por fin le permitieron a su madre visitarla.
—La niña está bien, mi amor. La niña está bien —, fue lo primero que oyó de boca de su madre y la cura para que Tamara dejara de tomar ansiolíticos para dormir.
A Suyen Barahona le decían que si quería casa por cárcel para estar con su hijo, que delatara a gente. Por negarse, le autorizaron por primera vez una videollamada de 10 minutos con su familia el 25 de diciembre de 2022. Solo ahí volvió a escuchar la voz de su niño de 5 años. Llevaba 18 meses recluida.
—Él estaba en shock, no lograba reconocer quién era yo, pues había perdido unas 35 libras.
Dos años atrás, ella y su esposo se habían sentado en su cama a discutir su futuro al detectar que la Policía había instalado una caseta en frente de su casa para vigilarla. La conversación, tan práctica como amarga, los llevó a una decisión: si a ella la detenían y el panorama era oscuro, él debía irse del país con su hijo. Ella habló también con el pequeño y le explicó que, probablemente, estarían separados un tiempo. Él lloró. Ella aguantó.
Pero en el nuevo Chipote, aunque tenía orden expresa de los guardias de no “exagerar sentimientos”, Suyen le contó a su madre entre lágrimas, frustrada y desesperada de no saber cuánto tiempo más estaría presa, que en los interrogatorios solían preguntarle por qué había elegido meterse “en esto” en vez de estar con su hijo.
—Bueno, vos también has estado “en esto” por él —le recordó su madre.
De este grupo de mujeres, la única a quien su detención la tomó por sorpresa fue a María Oviedo. Comenzó en la Fiscalía en 2006 y se retiró en 2018, cuando el régimen empezó a matar ciudadanos en las calles por protestar. Pasó a defender presos políticos convencida de que todo poder democrático necesita contrapesos. Pero, en Nicaragua, el poder no tiene límites hace muchos años.
A la exfiscal Oviedo la detuvieron en la casa de su madre en julio de 2021, el mismo día en que fue dada de alta de una intervención quirúrgica. Los soportes médicos indicaban la necesidad de reposo absoluto. La esperaban su hijo y su hija, hermanos, sobrinos. Todos vieron con estupor cómo se la llevaban.
A estas cuatro mujeres las detuvieron en operaciones policiales de una envergadura que bien habrían podido desplegarse para grandes narcotraficantes y eso no es coincidencia.
El informe “Persecución política por motivo de género en Nicaragua” de enero de 2026, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y el Centro Guernica para la Justicia Internacional, explica que el régimen Ortega-Murillo ha desatado una persecución contra el movimiento feminista y de mujeres por una razón: se oponen al modelo de mujer sumisa y fiel al gobierno. Y, por ende, cuestionan mecanismos que le permite al régimen ejercer el control social, político y cultural de Nicaragua.
Diana Silva, investigadora principal del informe, dice que a las mujeres “se les veía como una amenaza al orden político”, y que la cancelación masiva de las personerías jurídicas de organizaciones feministas o de mujeres hizo evidente que “hubo un blanco prioritario que tuvo una lógica de género”. No fueron las únicas víctimas, señala Silva, pero sí las golpeó con más fuerza la embestida oficial de confiscación de bienes y congelación de cuentas bancarias. “Ningún otro sector de la sociedad civil recibió ese trato en específico”.
Luego de más de un año sin tener contacto con sus hijos e hijas, a pesar de estar ya casi en los huesos por lo poco y lo mal que las alimentaban, Tamara Dávila y María Oviedo entraron en huelga de hambre: o las dejaban verlos o morían bajo custodia del régimen. Qué más daba, si no verlos era ya una especie de muerte.
La huelga se convirtió en noticia internacional y la noticia en presión al régimen: a Tamara Dávila y María Oviedo les autorizaron verles en la cárcel. El día que ocurrió, ninguna de las dos podía parar de llorar. Los guardias se los habían prohibido, pero qué madre reprime sus propias lágrimas cuando vuelve a ver a sus hijos, después de que han pasado más de 400 días —9,600 horas, 567,000 minutos— sin tener el privilegio.
Condenadas —o cerca de estarlo, como en el caso de Taylor—, el giro inesperado en sus historias fueron unas negociaciones secretas entre los gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos. El 9 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega sacó súbitamente a 222 presos políticos de las cárceles, les montó en un avión y dio luz verde a su viaje hacia Washington D.C. En ese vuelo iban ellas cuatro.
Su libertad, sin embargo, tuvo un precio alto. Al aterrizar se enteraron de que el régimen les había quitado la nacionalidad y confiscado sus bienes. Sus nombres dejaron de existir en los registros de Nicaragua, con todas las consecuencias que implica.
Tanto Suyen Barahona como María Oviedo están rehaciendo su vida en Estados Unidos. La exfiscal Oviedo trabaja duro por el futuro de sus hijos, con un problema de incontinencia urinaria que le dejó su paso por el nuevo Chipote. Suyen, por su parte, trabaja con lideresas políticas del Sur Global. Mujeres que han sufrido violencia y represión, como ella misma.
Taylor fue quien más tardó en volver a ver a su hija: más de tres años. Se quedó en California tratando de juntar dinero para darle una vida digna, pero el tiempo sin ella empezó a sentirse demasiado pesado. Se reencontró en 2025 con una niña de 4 años que no la reconocía como su madre.
Ahora, mientras reconstruye la relación más importante de su vida, navega la burocracia para llegar a España, país que les ofreció la nacionalidad a esos 222 expresos políticos. Tamara Dávila la aceptó de inmediato y acaba de terminar una maestría en Granada.
Cuando los 222 aterrizaron en Washington D.C., la noticia corrió como pólvora entre los “nicas” en ese país, como el esposo y el hijo de Suyen Barahona, quien había cumplido ya 6 años. Cogieron el primer vuelo que encontraron disponible desde Miami hasta el aeropuerto Dulles, donde los recogerían el hermano de Suyen y su esposa. Cuando aparecieron, el niño, ansioso e impaciente, le reclamó a su tío por haber llegado tarde. Mientras el pequeño alegaba, una puerta trasera del vehículo se abrió y una mujer saltó para sorprenderlo. Al verla, le tomó unos segundos reaccionar. Se acercó. Le tocó la cara. Y dijo:
—¿Mamá?
Este artículo se elaboró gracias a la colaboración de Guernica37 y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Fue publicado originalmente en la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
