Las autoridades de los países de Centroamérica encabezan las actividades dirigidas a conmemorar el bicentenario de la emancipación política de España, bajo el supuesto que todos los habitantes tienen mucho que celebrar; por ello, han dispuesto una serie de eventos culturales, sociales, lúdicos, emisión de monedas y billetes, premios y reconocimientos a los hombres y mujeres destacados en la sociedad actual,  e incluso la construcción de monumentos y parques conmemorativos, con el fin de, según ellos,  recordar a la población que desde hace 200 años la sociedad centroamericana tiene un mejor futuro y la posibilidad de seleccionar el destino colectivo acorde a sus ideales e intereses. El entusiasmo de las autoridades y de representantes de la élite económica no ha sido recibido de igual forma por la población, que aun resiente los duros efectos de la pandemia de la Covid-19 sobre su nivel de bienestar, pero sobre todo de la persistencia de modelos socioeconómicos que no contribuyen a elevar su nivel de vida, por lo que simplemente han ignorado el llamado de las autoridades o incluso han manifestado su rechazo.

Es pertinente recordar que conforme a la Real Academia Española,  la sociedad  “es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajos normas comunes; es una agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines”, de allí que el éxito o fracaso de una sociedad depende del alcance de esos fines, que reflejan los sentimientos, deseos, aspiraciones y condiciones de vida de la totalidad de la población, y no de un segmento social en particular.   

Para enriquecer lo anterior, al revisar rápidamente las Constituciones Políticas (CP) de las repúblicas centroamericanas que se aprestan a celebrar el bicentenario de la independencia de España, se puede encontrar con facilidad que el propósito de éstas es establecer sociedades en donde primen el bien común, la libertad y la justicia social, destacando que para el efecto, cualquier mecanismo adoptado debe traducirse en la mejora de las condiciones materiales de la población.   Así, las CP de la región incluyen, sin excepción, el compromiso de impulsar: el apropiado reparto de la riqueza, el rol planificador del Estado para garantizar el bien de la colectividad, el acceso a la educación, la garantía de los servicios de salud y la seguridad social, y la protección ambiental para asegurar un desarrollo sostenible, entre otros aspectos.

Por ello, lo definido en las CP deja con claridad que el propósito final de las sociedades no es producir un cierto nivel de crecimiento económico, o de cierta estabilidad de precios o del tipo de cambio, o de promover algún tipo de actividad económica, o de crear condiciones para atraer la Inversión Extranjera Directa,  por lo que el éxito de las mismas no debe medirse de esa forma.  Todos los aspectos indicados son importantes, pero son medios para alcanzar los fines que son en última instancia: alcanzar el bienestar de la población y hacerlo sostenible en el largo plazo.   Ese es el problema en 2021, por lo que la población no tiene deseos de celebrar… Muchos habitantes de los países de la región no perciben ese bienestar y menos que su futuro esté asegurado, como sí lo perciben los representantes de la élite económica y de los grupos de pensamiento asociados a ellos.

Así, el análisis no debe girar en torno a cuál es el nivel de crecimiento económico, o si los precios no subieron… debe orbitar en torno a cómo está el bienestar de la población.  El PNUD en su Human Development Report 2020 (2021) presentó recientemente sus calificaciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 189 países y ubicó a Costa Rica como de “Desarrollo Humano Muy Alto” y a las naciones del CA-4 en el rango de “Desarrollo Humano Medio” en el tercer cuartil de la medición, formando un bloque relativamente compacto en cuanto a las condiciones de vida de su población.