Construcción Paseo El Prado. Dron/ GatoEncerrado
El Salvador se negó a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. En teoría, ese acuerdo, que entra en vigencia este 22 de abril, garantiza que los gobiernos de la región transparenten toda la información en materia ambiental, permitan que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con la protección de recursos naturales y que se proteja y no criminalice a defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú entró en vigencia este 22 de abril, en el Día de la Tierra, en 24 países que lo firmaron en Latinoamérica y el Caribe. La mitad de estos ya lo ratificaron. Pero El Salvador, a pesar de que fue uno de los países que lo negoció y lo adoptó en 2018, no lo firmó y consecuentemente tampoco lo ratificó.
“La firma del acuerdo no convertía a El Salvador en Estado parte, pero enviaba un mensaje de compromiso del país con honrar el espíritu de negociación que terminó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, donde se adoptó el acuerdo”, explicó a GatoEncerrado el coordinador del equipo impulsor del acuerdo, César Artiga.
El coordinador explicó que, a pesar de todo, aún queda la adhesión para que El Salvador pueda volverse parte del acuerdo. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele dejó claro a GatoEncerrado, en septiembre de 2020, que el acuerdo no está en sus planes porque afecta a proyectos urbanísticos.
“Lo firmaríamos si se hicieran pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medioambiente, que es lo que que pretende el Acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les falta desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir viviendas”, explicó Bukele, cuando esta revista le preguntó si iba a firmar el acuerdo.
En el remoto caso de que el ejecutivo salvadoreño reconsidere su posición, lo que queda por hacer es que la presidencia de la República presente el proyecto de ley de adhesión a la nueva Asamblea Legislativa, para que la comisión de Relaciones Exteriores estudie si es viable. Si resuelve que sí, debe elaborar un dictamen favorable para que el pleno lo apruebe con 43 votos. Para la adhesión no hay fecha límite, como sí lo hubo para la firma y ratificación del acuerdo.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región, cuyo objetivo es garantizar “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
El acuerdo en sencillas palabras, y entre otras cosas, garantizará que los gobiernos de la región, caracterizados por la opacidad e impunidad, sean transparentes sobre permisos ambientales, concesiones a grandes corporaciones que explotan los recursos naturales y demás mecanismos relacionados con la protección y uso de los recursos. Asimismo, que los ambientalistas y ciudadanos puedan tener voz y voto en las decisiones sobre políticas ambientales y que no sean criminalizados por su labor.
Ya que El Salvador no firmó ni ratificó el Acuerdo de Escazú, aún queda la posibilidad de adherirse. Para que esto ocurra, César Artiga, impulsor del acuerdo en El Salvador, plantea cuatro escenarios. Aunque algunos son más improbables que otros.