Foto/Embajada de EUA en El Salvador
El enviado especial de Estados Unidos al Triángulo Norte mantiene que las destituciones de magistrados y del fiscal general, ocurridas el 1 de mayo en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, no fueron apegadas a la ley ni a la Constitución. Esas actuaciones han provocado, según indicó el enviado especial, que la Casa Blanca y representantes del congreso analicen si hay afectaciones en la cooperación de su país hacia El Salvador.
Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, volvió a El Salvador en apenas un mes para entender los hechos del 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus diputados aliados, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la República e impuso en los cargos a otros funcionarios afines al gobierno de Nayib Bukele.
Después de conversar con diferentes sectores, incluidos el presidente Bukele y los diputados que votaron por las destituciones, Zúñiga aseguró que los Estados Unidos mantienen la opinión de que la decisión de la Asamblea “no fue apegada a la ley ni a la Constitución”.
Zúñiga se sumó a otras voces de la comunidad internacional que han pedido restaurar el orden constitucional a como estaba hasta el 30 de abril. Sin embargo, el presidente Bukele escribió en su cuenta de twitter que los “cambios” son “irreversibles” y que el país no volverá al pasado, a pesar de que en campaña decía que iba a mejorar las relaciones con Estados Unidos. En el mismo sentido, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y otros diputados del oficialismo, dijeron que las destituciones formaron parte de una decisión que no tiene vuelta atrás.
#PolíticaSV| El diputado @ECastroES, presidente de la @AsambleaSV, anunció que tras una reunión de junta directiva acordaron renunciar formalmente a recibir bonos. También renuncian al uso de vehículos y celulares asignados a miembros de la junta.
— Revista GatoEncerrado (@GatoEncerradoSV) May 12, 2021
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Tras concluir la visita de tres días, del 10 al 12 de mayo, Zúñiga dijo en una entrevista televisiva, de Frente a Frente, que retornaría a Estados Unidos para platicar con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca y con representantes del Congreso, con el fin de determinar los próximos pasos que dará Estados Unidos con respecto a El Salvador.
Dos días antes, en el mismo programa de televisión, la exembajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, advirtió que el congreso podría restringir el envío de remesas a El Salvador y tomar otras acciones como condicionar financiamiento con organismos multilaterales.
Al respecto, Zúñiga respondió que el compromiso de Estados Unidos con El Salvador sigue siendo fuerte; sin embargo, señaló que su país tiene leyes que rigen la cooperación internacional y, por eso, es importante entender el contexto de la situación constitucional de los países socios.
El diplomático reiteró que junto al congreso deberá analizar los siguientes pasos y si hay áreas de cooperación afectadas tras lo ocurrido el 1 de mayo en El Salvador. “En el congreso tienen que analizar con nosotros si hay áreas de cooperación que pueden ser afectadas por una determinación que hubo algún cambio o alguna acción que estaba fuera del marco legal”, sostuvo.
La coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, ya había advertido que la administración del presidente Joe Biden pondría condiciones a los $4,000 millones que los Estados Unidos donará durante los próximos cuatro años a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).
Sobre otras acciones, Zúñiga recordó que durante la administración Trump el congreso aprobó una ley que obliga al Departamento de Estado a presentar una lista de nombres de funcionarios vinculados a corrupción y violaciones a derechos humanos en el Triángulo Norte. Aclaró que el tema del Estados de Protección Temporal (TPS) está en manos de la Corte Suprema.
En su visita, el funcionario reiteró el compromiso de apoyar a los países del Triángulo Norte en el combate a la corrupción. En el caso de El Salvador, dijo que continuará apoyando a Cicíes mientras hace su labor de contribuir a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El experto en política exterior, Napoleón Campos, dice que El Salvador corre el mismo riesgo de Nicaragua, en donde Estados Unidos ha aplicado una serie de sanciones tras negarse a restablecer la democracia y el Estado de derecho.
“Estamos al borde de que podamos ser sancionados internacionalmente, desde individuos hasta instituciones, hasta el país entero, al cual le pueden bloquear acceso a préstamos internacionales que urgimos para la reactivación económica tras la pandemia, y puede haber un bloqueo a transferencia de capitales, que en el caso de El Salvador podría representar un bloqueo a remesas que se originan en más de un 90 % en territorio de los Estados Unidos”
Campos explicó que El Salvador ha firmado acuerdos de cooperación con diferentes países que contemplan “cláusulas democráticas” con compromisos claros de respetar el orden constitucional, la independencia y separación de poderes, la rendición de cuentas, transparencia, libertad de prensa y de expresión.
El experto opina que Estados Unidos y otros países han extendido la mano al presidente Bukele para seguir trabajando, pero se requiere rectificar, pues es claro que “el director de la orquesta es el presidente de la República”.
El enviado de Estados Unidos tampoco negó preocupación de Estados Unidos sobre la presencia de China en Centroamérica y El Salvador. Pero señaló que está seguro que Estados Unidos representa para El Salvador un mundo en el cual los salvadoreños pueden prosperar, mientras que China tiene una visión más autoritaria, más cerrada y más dirigida por el Estado en vez de la población.