Opinión

El cambio climático nos obliga a cambiar

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Jonathan Menkos Zeissig

@icefi @jmenkos

Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.

Sin esfuerzos concretos de Estado —no buenos discursos o tweets— será imposible cambiar la trayectoria ambiental de Centroamérica.

Por Jonathan Menkos Zeissig*

El cambio climático está presente en Centroamérica y sus efectos más dañinos se están traduciendo en hambre, violencia y migración forzada. Vamos acercándonos hacia el cumplimiento de los escenarios futuros más dramáticos en los que se advierte el incremento de las pérdidas de producción agrícola y una mayor inseguridad alimentaria; la falta de agua que provocará menos producción y más conflictos sociales por su carencia; la extinción de ecosistemas y de la biodiversidad que limitarán más el bienestar social y, en conjunto con el aumento del nivel del mar y más fuertes desastres meteorológicos, creará zonas inhóspitas, reducirá el empleo y expulsará a más personas hacia otros territorios o países. 

El cambio climático, entendido como la variación de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana altera la composición de la atmósfera mundial, es un problema planetario, es decir que —como con la pandemia de Covid-19—, nadie se salva de padecerlo si bien los más privilegiados pueden mitigar sus efectos más directos, en contraste con los más pobres que sufren con mayor intensidad sus impactos: a mayor desigualdad social más ingobernabilidad social y más autoritarismo. 

¿Cómo llegamos hasta acá? En los albores de la civilización industrial poco se sabía sobre el impacto ambiental que tenía la utilización y sobreexplotación de recursos que trasladan a la atmosfera gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono (CO2), que ocasionan el cambio climático. Tampoco había mucha conciencia sobre la huella ecológica relacionada con las acciones para satisfacer las necesidades y apetitos de la humanidad.

Sin embargo, más de la mitad del CO2 expulsado a la atmósfera, principalmente por la quema de combustibles fósiles, se ha emitido en los últimos treinta años, es decir, cuando ya no podemos culpar a la ignorancia por la falta de acciones.

Por otro lado, los cálculos de huella ecológica más recientes, muestran que, a nivel mundial, una persona consume 2.8 hectáreas globales (HAG) de recursos, mientras que la tierra tiene la capacidad de regenerar 1.6 HAG por persona. Es decir, para mantener los actuales niveles de consumo humano, sin cambios en la utilización de recursos, se requeriría contar con 1.7 planetas.

Las proyecciones hacia 2100 revelan que el cambio climático podría provocar en la región centroamericana, entre otros efectos, un incremento de la temperatura de entre 1.6 y 4.0 grados centígrados, cambios en los niveles de precipitación de entre -22.0 y 7.0%, significativas pérdidas de biodiversidad, sobre todo en regiones boscosas y tropicales, así como la pérdida de la barrera coralina y el incremento de eventos climáticos extremos.

Pero, el fantasma de las Navidades futuras, —ese que revela a Ebenezer Scrooge lo amargo de su cercana muerte, en el Cuento de Navidad de Charles Dickens—, ya está aquí en Centroamérica, señalando los fenómenos que si no cambiamos precipitarán el fatal destino de la región.  

Por ejemplo, los Estados centroamericanos se han visto cada vez más afectados por el cambio climático y con insuficientes recursos (institucionales, materiales, humanos y financieros) para actuar rápida y exitosamente.

El informe “Los diferentes rostros del hambre en Centroamérica” (Consorcio de Organizaciones Humanitarias, 2021), revela que las agudas sequías del 2018 y del 2019 dejaron al 72.0% de las y los agricultores de subsistencia en inseguridad alimentaria moderada o severa en el Corredor Seco Centroamericano. En la actualidad, tras el paso de Eta e Iota, el 86.0% de las familias viven en inseguridad alimentaria.  Asimismo, en cuanto a la huella ecológica centroamericana, los datos desagregados muestran que, para 2017, cuatro países de la región —Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras— presentaban patrones de consumo insostenible en función de los recursos con los que contaban.

El Salvador es el país con una mayor deuda ecológica y una menor disponibilidad de recursos naturales, fenómenos asociados con su limitada extensión territorial y la alta densidad poblacional. 

En este mes se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), celebraciones que nos recuerdan cuánto la humanidad depende de la naturaleza y de la vida del resto de especies, vale la pena preguntarnos si es posible reducir o mitigar los efectos adversos del cambio climático en Centroamérica. La respuesta es sí. Sin embargo, en Centroamérica, con respecto al cambio climático pasa lo mismo que con la política y la economía: hay millones de personas autoengañadas que esperan un milagro o un líder supremo que corrija todo chasqueando los dedos. Sin esfuerzos concretos de Estado —no buenos discursos o tweets— será imposible cambiar la trayectoria ambiental de Centroamérica. 

El cambio climático nos obliga a cambiar. Urge, como tantas acciones en Centroamérica, poner en marcha una estrategia de adaptación y mitigación con políticas públicas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero tales como masificación del transporte público; promoción de la reforestación y mantenimiento de bosques;  nuevas técnicas para una mejor adaptación climática de la infraestructura económica y social, incluida la vital infraestructura para riego, agua potable, drenajes y defensas de inundación; sistemas de alerta temprana y protección social y, finalmente, seguros para cubrir pérdidas de capital (tierra, cosechas, inmuebles e infraestructura en general). Esta estrategia tendría muchos dividendos además de la mitigación de los efectos del cambio climático al lograr más empleos, cambios tecnológicos en la producción, protección de la biodiversidad, mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, mayor cohesión y legitimidad de los Estados, entre otras.

Por supuesto, que todo esto requiere cambios en la política fiscal, para contar con fondos suficientes, mejor planificación y ejecución del gasto público y más transparencia.  He aquí uno de los mayores desafíos pues implica cambios radicales. Primero, un cambio cultural enorme para aquellos que con su poder político económico han impedido la construcción de una Centroamérica mejor. El segundo, un cambio social significativo: que las mayorías logren empujar una nueva correlación de fuerzas políticas basadas en la búsqueda del bien común, muy contrarias a las actuales mayorías cegadas por la codicia, el interés personal o gremial y la prostitución del poder público que la sociedad les ha confiado.

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Jonathan Menkos Zeissig

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Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos y en política fiscal. Estudió Economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del Icefi desde 2006. Coordinó las áreas de investigación sobre Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, y de Coyuntura Económica y Fiscal, hasta 2012, momento en que asumió la dirección ejecutiva. Anteriormente, laboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de desarrollo social y desarrollo económico de la CEPAL. Es miembro del Advisory Board for the Commitment to Equity (CEQ) y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Es escritor y participa en diferentes medios de comunicación con columnas de opinión.

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