Laborar sin contrato de trabajo, sin la garantía de prestaciones laborales y sin tener acceso a la seguridad social, vulnera los derechos económicos de los trabajadores, y los pone en el umbral de la “informalidad”. Esta es la realidad de 6 de cada 10 trabajadores centroamericanos. La mayor concentración de informalidad se registra en Guatemala, El Salvador y Honduras. En dichos países la informalidad está arriba del 70% del total de trabajadores.

En la mayor parte de los casos, la informalidad conlleva la existencia de salarios bajos, aunque también hay ciertos grupos (profesionales autónomos y empresarios cuyos negocios generan ganancias al amparo de la misma economía informal) que aprovechan las debilidades de la administración tributaria, ocultando parte o la mayoría de sus ganancias, y de ese modo pagan menos impuestos o, en algunos casos, ninguno. 

En los debates de cómo lograr el aumento en la carga tributaria de Centroamérica —región en la que se registran recaudaciones tributarias bajas—, suele recomendarse el incremento en la base tributaria, con especial énfasis en los impuestos directos, los cuales gravan la renta de las personas. Dicha recomendación surge como una opción frente al aumento en las tasas de los impuestos, ya que esto se puede percibir injusto (como un castigo que afectaría a los contribuyentes que regularmente cumplen con sus obligaciones tributarias). 

En el caso de Centroamérica se tiene una base tributaria relativamente pequeña, lo cual puede verse aún más del lado de los impuestos directos, y lo cual tiene relación con dos fenómenos: en primera instancia, las condiciones de una parte importante de la población que vive en condiciones de pobreza, lo cual no les permite llegar a los niveles mínimos de renta a partir de los cuáles tendría que pagar el impuesto. Sin embargo, estas mismas personas pagan impuestos indirectos a la hora de consumir (representando estos tributos cerca del 68% del total recaudado en Centroamérica). Dicha composición tributaria explica en gran medida por qué el 10% de la población centroamericana más rica paga menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que el restante 90%.

Según el “Índice de Mejores Trabajos” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los mercados laborales de Centroamérica (a excepción de Costa Rica y Panamá) se han caracterizado por tener salarios insuficientes, altos porcentajes de informalidad y bajos índices de calidad. Por ello, para poder contrarrestar esta situación, así como para aspirar a ampliar la base tributaria, y en especial aquella relacionada a los impuestos directos, se requiere una mejora en el nivel de ingresos y del mercado laboral, así como otras de índole administrativa y política. Esto conlleva avanzar en tres elementos. Primero, crear programas que persigan universalizar el acceso a la seguridad social para los ciudadanos centroamericanos que están dentro del mercado laboral con énfasis especial a las mipyme que operan en el sector informal, para que estas tengan una opción para formalizarse. Esta medida tendría los siguientes beneficios: se garantiza el derecho a la salud y bienestar del trabajador y su familia; y por el otro lado, permite reducir la informalidad en las empresas. En segunda instancia, realizar un análisis de los salarios e ingresos en la economía de cada país, para identificar la forma en que estos puedan aumentarse, en términos reales, mediante consensos entre los diversos sectores, derivando en una mayor productividad a nivel nacional, y a una mejora del bienestar de los trabajadores.  

Como tercer elemento, se tendría que fortalecer a la administración tributaria, de modo que está pueda realizar un esquema de inscripción a gran escala y tener las facultades y capacidades institucionales necesarias para supervisar a las empresas y contribuyentes que serán agregados. Esto traería como consecuencia una disminución considerable de los espacios para la existencia de la evasión y elusión de los impuestos, así como una baja en actividades como el contrabando y otros delitos tributarios, los cuáles además de defraudar al fisco, conllevan una competencia desleal hacia aquellos empresarios que cumplen con los requerimientos de ley. 

Para que los pasos anteriores puedan ser totalmente potenciados, y ofrezcan los mejores resultados, es necesario que la ciudadanía ejerza su derecho de supervisar y exigir transparencia en el manejo de los presupuestos públicos. Esto conlleva que se realicen políticas anticorrupción, así como una planificación y ejecución del presupuesto con resultados objetivos y medibles. De ese modo se aspirará a tener un círculo virtuoso en donde el incentivo del contribuyente para pagar impuestos podría ser bastante alto, con la existencia de servicios públicos de calidad, que potencien el clima de negocios y el nivel de vida de los ciudadanos centroamericanos.