Las reformas a las dos leyes básicamente establecen que, al entrar en vigencia el decreto, los magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia, jueces de Paz, agentes auxiliares o empleados administrativos de la Fiscalía General de la República de más de 60 años o con 30 años de carrera cesarán inmediatamente sus funciones. Según magistrados consultados, un aproximado de 400 jueces y magistrados tienen más de 60 años. Entre ellos está el juez Jorge Guzmán, que lleva el caso de El Mozote.

Para suplir las vacantes, la Corte Suprema y la Fiscalía realizarán traslados y nombramientos de funcionarios. Los jueces del oriente señalaron que al aprobar estas reformas, los diputados oficialistas han demostrado que desconocen las reglas previstas en el artículo 182 de la Constitución, que atribuye que el nombramiento de jueces y magistrados se efectuará de las ternas que proponga el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Las reformas también indican que los magistrados, jueces y fiscales obligados a retirarse, pueden ser incluidos en un “régimen de disponibilidad” para seguir ejerciendo por razones de “necesidad o especialidad de la materia”. En el caso de los fiscales, podrán ser contratados por servicios profesionales.

El abogado José Marinero consideró que este régimen de disponibilidad es un mecanismo de presión para ganar la obediencia de los jueces. “Eso quiere decir que si usted se somete y acepta las condiciones de la Corte, sigue las instrucciones de los magistrados recién elegidos y de cinco  impuestos, puede conservar su puesto. Lo que están ganando es obediencia, sumisión y, por supuesto, un enorme poder de influencia en las decisiones judiciales”, opinó Marinero.

Los jueces también señalaron que las reformas vulneran la independencia judicial contemplada en el artículo 172, inciso tercero, de la Constitución; ya que los diputados de Nuevas Ideas suprimieron las palabras “independencia de los jueces” del artículo 1 de la Ley de la Carrera Judicial. 

El presidente de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, dijo a GatoEncerrado que no podía emitir opinión sobre las reformas ante la posibilidad de conocer alguna demanda de inconstitucionalidad. También, aseguró que no tenía conocimiento de las reformas y que se enteró por redes sociales y medios de comunicación. 

“Ni por teléfono, ni presencialmente he tenido contacto, ni reunión alguna, ni han hecho consulta alguna, por lo menos a presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, explicó López Jerez, cuando esta revista le preguntó si había sido consultado para la discusión y aprobación de las reformas.

Ante lo ocurrido, los jueces mencionaron que están dispuestos a recurrir a las instancias legales nacionales e internacionales “para restituir el estado constitucional y democrático de derecho, gravemente afectado con dicho decreto”.

“Que nos vean las caras, que corruptos no somos”, alzó la voz una jueza ante las cámaras de los periodistas, después de la lectura de un comunicado en las gradas de la entrada del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. La mayoría de los jueces se retiraron las mascarillas y, sonrientes, finalizaron con aplausos el pequeño acto de protesta.