Foto/Emerson Flores/Archivo

El partido de Bukele invade atribuciones de la Corte Suprema para expulsar jueces

Abogados, jueces y magistrados consideran que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para destituir de sus cargos a jueces de más de 60 años de edad son inconstitucionales y buscan imponer a jueces obedientes.

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Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

Karen Moreno

Karen Moreno

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados de Gana, PDC y los suplentes del PCN dieron otro golpe a la independencia del sistema judicial de El Salvador, en la sesión plenaria del 31 de agosto. A través de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) quitan de sus cargos a magistrados, jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio y le dan facultad a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General de la República de reemplazarlos. 

Abogados consultados por GatoEncerrado, organizaciones y distintos jueces y magistrados del Centro Judicial “Isidro Menendez”, del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla y de la zona oriental, coinciden en que las reformas son inconstitucionales porque los diputados no tienen la potestad para dar iniciativa de ley a lo relacionado con el Órgano Judicial, según el artículo 133, ordinal tercero, de la Constitución de la República. Además, violan derechos constitucionales como la independencia judicial, el debido proceso, seguridad, dignidad, estabilidad laboral, derecho de audiencia, defensa, igualdad, no discriminación y los derechos prestacionales adquiridos por los jueces.

Las reformas fueron aprobadas de manera exprés, como ya es costumbre del partido oficialista, durante la sesión plenaria del 31 de agosto, a las 7:00 de la noche, bajo el argumento de “depurar” el sistema judicial y expulsar a jueces y fiscales “corruptos”. Las reformas fueron propuestas por los diputados de Nuevas Ideas, Caleb Navarro y Jorge Castro, y respaldadas por otros siete diputados de la misma bancada. 

Las reformas, sin embargo y a pesar de la narrativa oficial, no tocan aspectos de evaluación, selección de perfiles o régimen disciplinario para mejorar procesos de ascenso o depuración de jueces. Se basan, principalmente, en que los jueces deben ser purgados cuando ya no son jóvenes.

“Es absurdo asumir que los jueces arriba de 60 años son todos corruptos. O sea que, a partir de la edad están juzgando la idoneidad del cargo, sin pasar por filtros de mérito, probidad e integridad”, dijo el abogado José Marinero a GatoEncerrado, al analizar los cambios a las normativas. 

Marinero agregó que las reformas mandan un mensaje devastador a los abogados jóvenes que están empezando su carrera, en el sentido de “me pliego (al régimen) o voy para afuera''.  

El juez de Primera Instancia, José Alberto Franco, respaldado por al menos otros 50 jueces y magistrados, calificó de “ofensivos e indignos a la investidura judicial” los argumentos expresados por los diputados durante la discusión del decreto. Los jueces se reunieron en la plaza interna del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en San Salvador, para pronunciarse en contra de esta nueva invasión de la Asamblea del presidente Nayib Bukele al Órgano Judicial.

Juez José Alberto Franco lee pronunciamiento de jueces sobre las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa. Foto/Emerson Flores

Las reformas a las dos leyes básicamente establecen que, al entrar en vigencia el decreto, los magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia, jueces de Paz, agentes auxiliares o empleados administrativos de la Fiscalía General de la República de más de 60 años o con 30 años de carrera cesarán inmediatamente sus funciones. Según magistrados consultados, un aproximado de 400 jueces y magistrados tienen más de 60 años. Entre ellos está el juez Jorge Guzmán, que lleva el caso de El Mozote.

Para suplir las vacantes, la Corte Suprema y la Fiscalía realizarán traslados y nombramientos de funcionarios. Los jueces del oriente señalaron que al aprobar estas reformas, los diputados oficialistas han demostrado que desconocen las reglas previstas en el artículo 182 de la Constitución, que atribuye que el nombramiento de jueces y magistrados se efectuará de las ternas que proponga el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Las reformas también indican que los magistrados, jueces y fiscales obligados a retirarse, pueden ser incluidos en un “régimen de disponibilidad” para seguir ejerciendo por razones de “necesidad o especialidad de la materia”. En el caso de los fiscales, podrán ser contratados por servicios profesionales.

El abogado José Marinero consideró que este régimen de disponibilidad es un mecanismo de presión para ganar la obediencia de los jueces. “Eso quiere decir que si usted se somete y acepta las condiciones de la Corte, sigue las instrucciones de los magistrados recién elegidos y de cinco  impuestos, puede conservar su puesto. Lo que están ganando es obediencia, sumisión y, por supuesto, un enorme poder de influencia en las decisiones judiciales”, opinó Marinero.

Los jueces también señalaron que las reformas vulneran la independencia judicial contemplada en el artículo 172, inciso tercero, de la Constitución; ya que los diputados de Nuevas Ideas suprimieron las palabras "independencia de los jueces" del artículo 1 de la Ley de la Carrera Judicial. 

El presidente de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, dijo a GatoEncerrado que no podía emitir opinión sobre las reformas ante la posibilidad de conocer alguna demanda de inconstitucionalidad. También, aseguró que no tenía conocimiento de las reformas y que se enteró por redes sociales y medios de comunicación. 

“Ni por teléfono, ni presencialmente he tenido contacto, ni reunión alguna, ni han hecho consulta alguna, por lo menos a presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, explicó López Jerez, cuando esta revista le preguntó si había sido consultado para la discusión y aprobación de las reformas.

Ante lo ocurrido, los jueces mencionaron que están dispuestos a recurrir a las instancias legales nacionales e internacionales "para restituir el estado constitucional y democrático de derecho, gravemente afectado con dicho decreto".

"Que nos vean las caras, que corruptos no somos", alzó la voz una jueza ante las cámaras de los periodistas, después de la lectura de un comunicado en las gradas de la entrada del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. La mayoría de los jueces se retiraron las mascarillas y, sonrientes, finalizaron con aplausos el pequeño acto de protesta. 

Los jueces y magistrados dijeron que las reformas son inconstitucionales porque los diputados no tienen iniciativa de ley en lo relativo al Órgano Judicial. Foto/Emerson Flores

Los jueces del oriente del país le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que defienda como corresponde, su exclusividad en la iniciativa de ley y la independencia del Órgano Judicial, que es el único organismo neutral llamado a mantener el equilibrio democrático y frenar los abusos del poder. 

A partir de la destitución de magistrados y del fiscal general, el 1 de mayo pasado, una de las jueza comentó a esta revista que estas reformas a la carrera judicial ya la esperaban. “Comenzaron con la cúpula, para que sus decisiones, dictadas en contraste con la Constitución, no sean discutidas y mucho menos expulsadas del ordenamiento jurídico, pues se ha notado que al gobierno no le interesa combatir la corrupción y solamente desea ser aplaudido. Sabemos que el rol de juez es sumamente relevante en un estado de derecho y su independencia ante casos coyunturales es relevante”, dijo. 

Tanto jueces, como abogados, coinciden en que la corrupción debe combatirse y hacer una depuración del sistema judicial, pero hay que respetar el debido proceso. “En este caso, la destitución de magistrados y jueces, sin respetar ese proceso previo, a mi criterio, es un segundo golpe al estado constitucional de derecho en El Salvador”.

Los jueces también solicitaron públicamente al presidente Nayib Bukele que se abstenga de sancionar las reformas por ser abiertamente contrarias a la Constitución.

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