El peregrinaje del juez y las víctimas del caso El Mozote por acceder a los archivos militares
La búsqueda de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, fue obstaculizada en cada una de las seis sedes militares que podrían haber tenido documentos relevantes para el caso que lleva el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. El Ministerio de Defensa ordenó el bloqueo al juez, quien llegó con peritos y querellantes, a las sedes militares. A las sedes también llegaron víctimas que esperaban que el presidente Nayib Bukele cumpliera su promesa de abrir los archivos militares “de la A a la Z”.
Por Karen Moreno
Emerson Flores
Seis veces fue obstaculizado el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en su búsqueda de los archivos militares que podrían haber aportado más pruebas en el caso de la masacre de El Mozote, que fue una de las matanzas más crueles de la historia reciente de Latinoamérica, ocurrida en diciembre de 1981. En su recorrido por las sedes militares, el juez fue acompañado por peritos, querellantes e incluso llegaron sobrevivientes y familiares de víctimas quienes, aunque saben que las heridas nunca cerrarán, buscaban justicia y que el juez pudiera acceder a los archivos militares.
El presidente Nayib Bukele prometió dar acceso a esos archivos militares, “de la A a la Z”, pero continuó con la práctica de los gobiernos anteriores de impedir y bloquear las investigaciones. Vez tras vez, agentes militares impidieron el ingreso, sin mayores explicaciones, del juez y los peritos.
Bukele simuló estar en contra de la impunidad: en una cadena de radio y televisión, el pasado 24 de septiembre, aseguró que desclasificó los expedientes relacionados al caso que encontró, pero no contenían más que copias de informes que ya habían sido entregados, sin utilidad para el proceso. Y aunque vetó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, calificada como una “nueva amnistía” por defensores de derechos humanos y aprobada por la Asamblea Legislativa en la opacidad el 26 de febrero, contradictoriamente el Ministerio de Defensa Nacional bloqueó el acceso a los archivos. Incluso, Bukele aseguró que “el juez no tiene jurisdicción”, lo cual no está fundamentado en la Constitución de la República, ni en ninguna otra normativa legal.
Las inspecciones programadas por el juez concluyeron el 29 de octubre.
Primera estación militar
El 21 de septiembre inició la búsqueda de los archivos militares. Un coronel de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), llamado Carlos Vanegas, fue el que comunicó al juez la negativa del Gobierno de permitir el acceso a los archivos. Esto, pese a que el presidente Nayib Bukele había prometido abrir los archivos “de la A a la Z” si el juez de la causa se lo pedía.
David Morales, de Cristosal y querellante en el caso, dijo que el discurso del presidente sobre desclasificar los archivos militares era falso y que seguía protegiendo a criminales de guerra: “Lo que ha pasado es que hay una violación a la ley, es una obstaculización a una diligencia judicial en el Estado Mayor”, mencionó en las afueras del Estado Mayor.
Tras el bloqueo, el juez Jorge Guzmán se marchó rumbo a las oficinas del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de las instalaciones del Estado Mayor diciendo: “Al menos hemos intentado cumplir con la ley”.
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) expresó a través de un comunicado que la acción de bloquear los archivos militares era ilegal y que “conlleva un profundo desprecio por los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes. (Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y del doble discurso”, expuso.
Esa misma semana, el presidente organizó una cadena nacional para decir que los archivos militares habían desaparecido o habían sido destruidos y dijo desconocer el momento en el que esto había ocurrido y minimizó el rol de la FAES al impedir el avance del juez.
Durante la transmisión, Bukele exhibió cinco folios que, según él, contenían lo que quedaba de estos documentos: “Esto que está aquí es el cien por ciento de los archivos militares de El Mozote que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto y los cuarteles”, aseguró.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), dijo a GatoEncerrado que la declaración de Bukele sobre los archivos sustraídos o destruidos indica, en realidad, que estos archivos desaparecieron de manera ilegal, ya que esto imcumpliría la Ley del Archivo Nacional: “El presidente tiene la obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la República y esa indagación exige que se investigue a la Fuerza Armada, porque ese documento estaba ahí”, expresó.
Bukele también manifestó durante la cadena que el juez no tiene jurisdicción en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y que, por esa razón, no le fue permitido ingresar el 21 de septiembre. Su ingreso, según el mandatario, supondría un riesgo para la información militar y documentos sobre el actual plan Control Territorial.
El abogado David Morales mencionó que la resolución judicial sobre las inspecciones del día 15 de junio 2020 definen claramente el objeto de las inspecciones a los archivos militares: “Es falso que hubiese posibilidad de inspeccionar archivos militares recientes”, dijo.
“Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República es un presidente más de la impunidad, del engaño y del doble discurso”.
Segunda estación militar
El juez Jorge Guzmán, después del bloqueo en el Estado Mayor Conjunto, reprogramó las inspecciones a los archivos militares iniciando el día 12 de octubre en la Primera Brigada Aérea de Ilopango. El Juez Guzmán fue bloqueado por segunda vez por militares.
El capitán Natán Ortiz y dos abogadas lo recibieron en la entrada de la unidad militar, para informarle que no podía ingresar: “Primero, porque el presidente (Nayib Bukele) ya entregó la documentación. Segundo, porque nosotros tenemos resguardadas todas las planificaciones que hacemos día a día, y eso sí está resguardado por la Constitución de la República”, justificó.
Una abogada del equipo jurídico de la FAES agregó que la institución “no cuenta con la información” que el juez y los peritos buscan.
“Ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución armada, y nosotros estamos haciendo una valoración conforme a los derechos humanos. Lo que se está investigando son delitos de lesa humanidad. Ante ello, déjeme decirle que ya hay resolución de la Sala donde se dijo que se debía abrir los archivos militares”, indicó Guzmán.
El juez también citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), obligando al Estado de El Salvador a abrir los archivos militares. “La negativa de ustedes no tiene fundamento”, cerró el juez.
“No se puede permitir el acceso. Primero, porque el presidente (Nayib Bukele) ya entregó la documentación. Segundo, porque nosotros tenemos resguardadas todas las planificaciones que hacemos día a día, y eso sí está resguardado por la Constitución de la República”.
Tercera estación militar
El próximo intento para inspeccionar los archivos sucedió en la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea de Comalapa. El juez acompañado de las partes procesales y técnicas intentaron ingresar al recinto custodiado en la entrada por diez militares con sus fusiles.
El capitán Carlos Escobar recibió al juez e impidió que el juez avanzara, argumentando que la unidad no contaba con información sobre el caso, ya que fue creada en 1986, cinco años después de la masacre.
“No se está negando el acceso a los archivos militares”, mencionó el capitán Escobar. También mencionó que la información sobre planes militares estaba protegida por la Constitución de la República.
“No vengo a discutir o a convencerlos de que se está haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes secretos”, respondió el juez que se enfrentaba a otro bloqueo en una semana.
Ante la pregunta del juez sobre quién le había dado la orden de impedir su ingreso, Escobar guardó silencio, dio la espalda y se marchó. Posteriormente, el juez Guzmán se dirigió a Casa Presidencial, para dejar un escrito dirigido al Presidente Nayib Bukele para informarle que la próxima inspección se llevaría a cabo el día 14 de octubre en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad.
“No vengo a discutir o a convencerlos de que se está haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes secretos”.
Cuarta estación militar
El juez se presentó el 14 de octubre en la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”, ubicada en San Juan Opico, para continuar con las inspecciones. La historia volvió a repetirse.
La oficial de artillería que atendió al juez en la entrada de la Unidad Militar no quiso identificarse y tampoco reveló quién le había ordenado impedir el ingreso del juez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron el bloqueo y recordaron al gobierno del presidente Nayib Bukele su comunicado del 8 de octubre, en el que expresaban su gran preocupación debido al incumplimiento de una orden judicial por parte del Ministro de Defensa René Merino.
“La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado que, en causas de esa naturaleza, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar información requerida por las autoridades encargadas de la investigación o de procesos pendientes, mencionaba la CIDH en su comunicado.
“Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar información requerida por las autoridades encargadas de la investigación o de procesos pendientes”.
Diligencia en el AGN
El Juez Jorge Guzmán programó la visita al Archivo General de la Nación (AGN) para el día 15 de octubre. El presidente Bukele catalogó las inspecciones militares como un “show” por parte del juez Guzmán; sin embargo, las autoridades del Ministerio de Cultura permitieron el ingreso de Guzmán, acompañado de las partes técnicas y procesales.
En el AGN se encontró información útil para la investigación, aunque David Morales reconoce que es información a la que ya se había tenido acceso anteriormente, ya que es de carácter público y enfatizó la necesidad de inspeccionar los archivos militares. También mencionó que no se encontraron las actas de expurgo o destrucción de documentos en el AGN. La inspección en el AGN se extendió hasta el 21 de octubre.
Al finalizar la inspección, el juez Jorge Guzmán, requirió al presidente Nayib Bukele que entregue los archivos militares que supuestamente desclasificó y que están relacionados a la masacre. Estos documentos son los que Bukele exhibió en cadena nacional de radio y televisión, el 24 de septiembre.
Altos funcionarios del gobierno en turno aseguraron que los documentos han sido entregados. Incluso el periódico de gobierno “Diario El Salvador” ha asegurado que los documentos ya fueron entregados, pero eso es falso, según el juez del caso y personal de la Fiscalía General de la República.
“La inspección en el AGN revelerá si hubo o no hubo destrucción de archivos militares”.
Quinta estación militar
La inspección de los archivos militares del día 27 de octubre también fue bloqueada por el gobierno de Bukele. Cerca de las nueve de la mañana, el juez Jorge Guzmán solicitó ingresar a la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel.
A través de una ventanilla, un militar que no quiso identificarse ni revelar quién le dio la orden de impedir el acceso, atendió al juez.
“Sabe usted que una orden judicial es de obligatorio cumplimiento. Si le han ordenado que no nos deje entrar, usted estaría incurriendo en una conducta delictiva. Usted no está obligado a obedecer una orden que sea ilegal”, le dijo el juez al soldado que se escondía detrás de una ventanilla de vidrio.
“Los argumentos dados para negar el acceso a los archivos militares son los mismos de siempre”, expresó el juez Guzmán frente a la fachada de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, en donde el mandatario mandó a borrar el nombre del Coronel Domingo Monterrosa un día después de asumir su cargo.
“Con esta acción de bloqueo, haber quitado el nombre de Monterrosa, a esta brigada fue un acto vacío y superficial”, mencionó David Morales.
Ese mismo día, por orden del juez, el gobierno entregó los documentos que contenían los archivos desclasificados por el presidente. Estos contenían copias de documentos que fueron entregados por gobiernos anteriores. Ante esto, Morales insistió que el presidente Bukele no ha desclasificado nada.
“Los argumentos dados para negar el acceso a los archivos militares son los mismos de siempre”.
“Con esta acción de bloqueo, haber quitado el nombre de Monterrosa a esta brigada fue un acto vacío y superficial”.
“Sabe usted que una orden judicial es de obligatorio cumplimiento. Si le han ordenado que no nos deje entrar, usted estaría incurriendo en una conducta delictiva. Usted no está obligado a obedecer una orden que sea ilegal”.
Sexta estación militar
“Si usted desea mayor información, le solicito que lo haga a través del Ministerio de la Defensa Nacional”, fue el guion del militar de apellido Morales que recibió al juez Guzmán, en el Destacamento Militar Número 4, en San Francisco Gotera, Morazán, el jueves 29 de octubre. La misma frase fue repetida hasta el cansancio.
Guzmán le dijo al agente que todos los bloqueos de ingreso a unidades militares podrían ser debidamente investigados, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales. Señaló que no solo podrían resultar involucradas las personas que ordenan impedir el acceso, sino “a ustedes mismos por estar obedeciendo órdenes ilegales. El Código de Justicia Militar es claro, que ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales”.
El abogado David Morales, de Cristosal, indicó que impedir el ingreso constituye los delitos de desobediencia a órdenes judiciales, encubrimiento, incumplimiento de deberes, entre otros. Según Morales, aún quedan algunas diligencias de investigación, pero que hay una cantidad de prueba para que, en pocas semanas o meses, haya un juicio y deban enfrentar la etapa final del proceso a los imputados, “empezando por Guillermo García, el ex ministro de Defensa y militar de más alto rango que dirigió la política de terror de matanza de población civil en los inicios de los 80”.
"El Código de Justicia Militar es claro, que ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales"
Las voces de las víctimas
“Es una burla”, reaccionó José Vigil ante el bloqueo para acceder a los archivos militares. Vigil es una de las víctimas de la masacre y miembro de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Tanto él como otras personas afectadas han luchado desde 1992 por conocer la verdad y creyeron que estaban en la recta final, pero los obstáculos impuestos por el gobierno de turno impidieron sus ilusiones. “Perdimos la familia, perdimos todos nuestros bienes y hasta ahora no hemos logrado las reparaciones que dicen las sentencias, que son obligaciones del Estado. Nos sentimos despreciados del Estado”, expresó Vigil.
Entre los habitantes de El Mozote surgieron rumores de que Bukele iba a inaugurar un instituto educativo en la zona, coincidentemente, el mismo día cuando Guzmán programó la inspección al archivo central de la unidad militar. Pobladores dijeron a GatoEncerrado que observaron helicópteros sobrevolando en el área y personas ajenas al lugar que iniciaron preparativos para la visita del presidente el 28 de octubre, pero se canceló en la noche.
“De repente, empezaron a arreglar y hasta vino un helicóptero con gente y un montón de carros. Empezamos a preguntar y dijeron que era un evento en la escuela, pero que iba a haber otro en el parque. Como a las 7 de la noche, nos dimos cuenta que lo habían suspendido”, comentó María de la Paz Chicas, representante de El Mozote en la Mesa de Educación y Memoria Histórica.
“Le estamos exigiendo lo que es de nosotros (al presidente Bukele). Esos archivos nos pertenecen a nosotros. Perdimos a nuestros familiares, es nuestra sangre y lo que queremos es que haya un juicio, porque han muerto muchos ancianos esperando esa justicia y no la vieron nunca. Yo perdí seis hermanos: cuatro en la masacre de El Mozote y dos en Lourdes Colón, y 17 sobrinos. ¿Cómo uno no va a sentir su sangre y como no va a pedir justicia?”, cuestionó María. “Se están burlando de las víctimas”, añadió.
“Nosotros nos reunimos personalmente con él (el presidente Bukele). Nos prometió cumplir con todo lo que se le planteó en la mesa. Él dijo ‘cumpliré con todo esto, y si hay posibilidad les daré más’ (…) dijo que, ya que los demás presidentes no habían hecho nada, él sí iba a cumplir”, aseguró José Amparo Martínez, sobreviviente de la masacre de El Mozote y miembro de la asociación promotora. Agregó que le gustaría volver a tener una reunión con Bukele para entender a qué se refería con cumplir sus promesas, porque hasta el momento no lo ha hecho.
