Un juez, de 65 años, que viajó desde Santa Ana para marchar dijo a esta revista que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial lo han dejado sin la posibilidad de seguir trabajando en el sistema judicial y que la decisión de la Asamblea Legislativa socava la dignidad de los jueces y la independencia judicial. Después de soltar un suspiro, explicó que su opción es abrir un despacho para trabajar como notario.
Otro juez de Santa Ana, quien también pidió no poner su nombre en esta publicación, dijo que lo menos que espera es un despertar de conciencia de la ciudadanía para entender que “cuando se ataca el Estado de derecho, en realidad lo que está en juego son los derechos de todos”. Tiene 46 años, así que las reformas no le afectan directamente, pero consideró que las pretensiones del Ejecutivo y su Asamblea Legislativa no son atacar la corrupción, sino tener instituciones débiles, manipulables y que no puedan ser eficaces en el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Una jueza que viajó desde San Miguel, al oriente del país, señaló que la motivación para marchar es que “hay demasiadas injerencias de parte del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo en el sistema judicial”.
El juez Martín Rogel, de la Cámara de lo Penal de San Salvador, lamentó que todavía hay personas que tienen miedo o que aún le dan el beneficio de la duda al Ejecutivo: “Ninguna autoridad está sobre la Constitución de la República. El hecho de que el pueblo haya ido a votar no significa que le está diciendo al gobernante ‘haga lo que quiera’”, señaló. Tiene 56 años, así que aún no cumple con la edad que los diputados oficialistas han establecido para jubilarse obligatoriamente, pero indicó que sus opiniones tienen relación con una cuestión de principios y valores.
El juez Antonio Durán, de San Salvador, calificó la marcha como un acto para defender la República, la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial: “Es una protesta, un reclamo y un llamado al pueblo salvadoreño para que despierte y entienda que esas acciones del Ejecutivo y el Legislativo están erosionando nuestro Estado de derecho”, reflexionó.