Foto/Emerson Flores

Nueva Constitución del gobierno plantea reconocer el derecho al agua y promueve la protección ambiental

El gobierno propone reformar los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, así como otros artículos que vinculan la protección del medio ambiente. Sin embargo, diferentes especialistas consideran que las reformas son incoherentes con la gestión ambiental del gobierno de Nayib Bukele.

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Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

El proyecto final de reformas constitucionales elaborado por el equipo ad hoc liderado por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, contiene enmiendas a los artículos 2 y 69 que reconocen el derecho al agua, el saneamiento,  el aire de calidad y la alimentación adecuada, así como otras reformas a diferentes artículos que vinculan la protección al medio ambiente.

Ulloa entregó el pliego de reformas al presidente de la república, Nayib Bukele, el pasado 15 de septiembre, pero aún no las ha mandado a la Asamblea Legislativa.

Para esta nota periodística, GatoEncerrado revisó las propuestas de reformas relacionadas con el tema de medio ambiente y las comparó con la Constitución vigente y las distintas reformas impulsadas en las Asambleas anteriores. 

También se habló con varios expertos ambientales para tener un análisis sobre los artículos que se buscan reformar.  Si bien las consideran positivas también señalaron que en la práctica el gobierno ha demostrado su falta de compromiso con la gestión ambiental y la nueva Asamblea Legislativa pretende aprobar una ley de agua que concesiona la explotación del agua con permisos de hasta 15 años renovables.

Pero, ¿cuáles son los cambios?

Durante muchos años, distintas organizaciones han luchado porque se reconozca el derecho humano al agua a través de reformas a los artículos 2 y 69 de la Constitución. La propuesta de Ulloa lo hace. 

En el artículo 2 del proyecto de reformas a la Constitución se reconocen los derechos individuales al agua y al saneamiento, al aire de calidad y a la alimentación adecuada. A diferencia de la reforma aprobada en la anterior Asamblea, la cual no fue ratificada por la actual legislatura, la propuesta de Ulloa amplía el derecho al aire de calidad y a la alimentación adecuada. 

También se propone reformar el artículo 69  añadiendo un artículo “69 bis” para reconocer el derecho al agua y al aire de calidad y obligar al Estado a crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible. Respecto a  la reforma aprobada en la legislatura anterior, la nueva propuesta añade que se debe de garantizar un medio ambiente sano e integral para su desarrollo y bienestar, garantizando que todos los habitantes tengan acceso a ellos, sin discriminación de ninguna índole.

Las reformas constitucionales al artículo 2 y 69 se discutieron en la mesa dogmática,  integrada por miembros del equipo ad hoc de la vicepresidencia, representantes de la sociedad civil, jueces, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y abogados particulares, según comentó la activista Bessy Ríos, quien participó en dicha mesa. Sin embargo, el consultor español Cayetano Núñez fue el delegado para darle el “toque final” a la redacción de la nueva Constitución.

Ríos comentó a GatoEncerrado que en la discusión hubo resistencia del asesor  Cayetano Nuñez y del secretario del equipo ad hoc, Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros. La defensora dijo que los representantes de la sociedad civil se enfrentaron a argumentos conservadores.

Ríos relató que cuatro representantes de organizaciones sociales plantearon una primera reforma al artículo 2 que garantizara el derecho al agua pero que también se sancionara a sectores empresariales contaminantes del recurso hídrico. La propuesta presentada en noviembre de 2020, según comentó Ríos, fue desechada por los miembros de la mesa dogmática con ocho votos en contra y cuatro a favor.

Tras el rechazo de la primera propuesta,  las organizaciones sociales plantearon una segunda redacción a la reforma del artículo 2, que  iba enfocada en reconocer el derecho humano al agua, sancionar a los responsables de contaminación del agua, denegar los permisos ambientales a los infractores y resarcir los daños. Esa propuesta fue aprobada por los 13 miembros de la mesa dogmática; es decir, por unanimidad. Pero, a pesar de haber contado con el respaldo unánime, la redacción fue cambiada por el consultor español Cayetano Núñez. 

“Nosotros queríamos que se reconociera que había empresas que contaminan el agua, y que ese tipo de empresas tenían que resarcir al Estado y las comunidades por los daños. Tenían que retirarsele los permisos de explotación del agua. El español Cayetano Nuñez nos dijo que eso era reglamentar desde la Constitución”, dijo Ríos a esta revista

Los voceros de las organizaciones, agregó Ríos, le explicaron al consultor español casos emblemáticos de explotación del agua, por ejemplo: la construcción de Ciudad Valle El Ángel sobre una reserva de agua en San Salvador, la sobreexplotación de pozos de agua en Nejapa por la embotelladora de Coca-Cola, entre otras. A pesar de los argumentos, Nuñez tuvo la última palabra y cambió el acuerdo tomado en la mesa dogmática.

El orden económico sobre el medio ambiente

Además se plantea un cambio al  artículo 117 del título V, vinculados al “Orden Económico”. Este promueve la protección ambiental y responsabiliza al Estado de la conservación del medio ambiente cuando otorgue permisos o se firmen contratos que involucren recursos naturales. En ese mismo apartado, hay modificaciones en 9 artículos relacionados con los derechos de la propiedad privada, vivienda, concesiones y proyectos económicos, vinculados con la armonía del medio ambiente. 

Uno de los argumentos que planteó el equipo ad hoc en el documento de “exposición de motivos del proyecto de reformas a la Constitución” fue que el Estado debía tener más actuación en los temas ambientales para desarrollar políticas públicas e hizo referencia a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que vinculan el agua con la economía, el medio ambiente y lo social. 

El título V, vinculado al “Orden Económico”, contempla modificaciones a los artículos 101, 103, 105, 109, 113, 116, 117, 119 y 120. Las reformas mencionan que los derechos bajo el orden económico deberán cumplir con la protección ambiental.

Para la abogada ambiental, Alma Sánchez, las reformas son importantes porque servirán como asidero constitucional para la defensa del medio ambiente, pero ve con preocupación que los temas ambientales continúan supeditados bajo el enfoque economicista. 

“Al momento de debatirlo siempre voy a tener otro que me va argumentar que la propiedad privada es un derecho económico,  y que al estar el medio ambiente en el orden económico no debemos olvidar que quién tutela es el orden económico”, explicó la abogada a GatoEncerrado.

Sánchez también cuestionó que la nueva Constitución no plantea reformas sobre los ecosistemas marinos, el corredor seco en los bosques de manglares y los temas del cambio climático. Otros especialistas también consideran que se debió elevar a rango constitucional la prohibición de la minería. 

“El tema ambiental no debe ser trabajado solo en fracciones o pedacitos constitucionales o de algunos cuerpos legales. Lo que veo acá es que las reformas constitucionales que se hicieron en relación al medio ambiente han sido atomísticas; es decir, no hicieron un barrido ambiental de toda la Constitución, sino que revisaron artículos particulares. Si empiezo a revisar todos los artículos con el ente ambiental voy a encontrar una serie de incongruencias”, dijo la abogada.

El camino más rápido

El 15 de octubre de 2020 la anterior Asamblea aprobó la reforma Constitucional a los artículos 2 y 69 para reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento, pero debía ser ratificada por la nueva Asamblea para que entrara en vigor. Sin embargo, el pasado 12 de mayo,  55 diputados aliados al presidente Bukele votaron en contra de la solicitud para incorporar a la agenda legislativa la ratificación del derecho humano al agua.

Los expertos consultados por GatoEncerrado dijeron que al gobierno no le urge reconocer el derecho al agua, sino que les interesa abanderar su propio proyecto de reformas constitucionales. Andrés McKinley, especialista en temas de agua y docente de la Universidad Centroamericana (UCA), cuestionó el por qué el gobierno  plantea nuevas reformas, sabiendo que los diputados tienen en sus manos la ratificación del derecho al agua y saneamiento. 

“No hay necesidad de estar hablando de las reformas constitucionales, que es parte del paquete que está empujando Ulloa porque ya está hecha. Lo que falta es ratificar”, dijo McKinley a la revista. 

Antonio Baños, de la organización Caritas El Salvador, lamentó que durante los siete meses que lleva la nueva asamblea no exista voluntad para reconocer el derecho humano en la constitución. De llegarse a estudiar y aprobar las propuestas de vicepresidencia, esta tendría que esperar para ser ratificada en las próxima legislatura 2024-2027.   

“Esto es mucha perdida de tiempo. Nosotros nos quitamos el dedo del renglón y esta legislatura, a pesar de las dificultades que tienen, tendría que ratificarla”, dijo Baños. 

Los expertos, además, señalaron que las propuestas de reformas se contradicen las acciones del gobierno del presidente Bukele, las cuales van desde otorgar permisos ambientales a proyectos que amenazan los ecosistemas naturales, impulsar una ley de agua para explotar grandes cantidades de agua por plazos de 15 años renovables, no firmar el acuerdo ambiental que garantiza la protección a ambientalistas y el derecho a información pública (Acuerdo de Escazú) y no presentar las actualizaciones y compromisos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26) 

“El gobierno habla de reformas constitucionales que reconoce el derecho humano al agua, pero promueve a la vez una ley y prácticas  de gobierno que contradicen ese derecho. Qué más bien prioriza los intereses de la gran empresa y no resuelve los intereses de las comunidades más impactadas”, dijo a GatoEncerrado McKinley.

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